El Tribunal Constitucional (TC) es un órgano independiente y su labor es la de interpretar la Constitución; solo está sometido a ella y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que lo regula, aunque puede dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización. Por tanto, es una pieza clave para el desarrollo de los derechos y deberes consolidados en la arquitectura jurídica del Estado. En pocos lugares de la administración existe tanto poder decisorio institucional. Sus miembros lo saben, igual que lo saben quienes detentan un poder real en otras áreas clave de la sociedad, atentos a que nadie les haga sombra a sus intereses.

Algo de esto acaba de ocurrir. Por primera vez en su historia el Tribunal Constitucional, haciendo de juez y parte, había resuelto paralizar la tramitación de una ley después de haber sido aprobada por el Congreso y antes de su debate en el Senado. La razón esgrimida ha sido que primero había que decidir sobre el recurso presentado por el Partido Popular con el objetivo de frenar la renovación del Poder Judicial (CGPJ), y sobre todo del propio Tribunal Constitucional (TC). Lo han intentado a plena luz del día, como lo llevan haciendo durante más de 4 años manteniendo en funciones el CGPJ sin renovarlo, ante la mirada atónita de quienes entienden algo de Derecho y de derechos constitucionales.

Esto es algo sin precedentes, no había ocurrido nunca desde que fuera derribada la arquitectura jurídica del franquismo. La práctica había sido hasta ahora que, siempre que se pretendía recurrir una ley, la oposición esperaba a que fuera aprobada para presentar un recurso de inconstitucionalidad. El telón de fondo era el bloqueo –por parte de la derecha– del CGPJ, lo cual provocaba a su vez el bloqueo del Constitucional, con un tercio de los magistrados de la mayoría conservadora con el mandato caducado, sin importarles el retraso de sentencias muy importantes para la ciudadanía. La razón principal del bloqueo era utilizarlo para impedir la renovación del TC. Pero no les ha podido salir peor.

El Gobierno de Sánchez ha ido siempre a remolque de estos cambalaches jurídicos del PP, apoyados por Vox perpetrando un fraude de ley jurisdiccional que mantuviese el control judicial general, sobre todo en los casos en los que el PP está imputado. Así de claro, así de turbio.

El sector conservador en el CGPJ ha logrado bloquear mucho tiempo las renovaciones mientras se rasgaba las vestiduras vendiendo con gran habilidad que el Gobierno es el culpable de todo. En realidad, el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, alimentado por el PP en su beneficio, es el origen de todo este desbarajuste institucional y del colapso en todos los tribunales con plazas vacantes que no se renuevan. La última vez que se frenó un acuerdo lo hizo el propio Núñez Feijóo al romper el consenso con el acuerdo de la renovación casi cerrado. Los populares no tienen mayoría en el Congreso, pero no les hace falta siempre que mantengan el Tribunal Constitucional, cosa que no han logrado.

La gravedad de todo esto aumenta cuando las Cortes han estado en el punto de mira a pesar de lo que dice el artículo 66 de la Constitución, quedando en el aire que representen a los votantes cuando se ha tratado de frenar la autonomía del Senado por el TC okupa saliente so pretexto de una argucia jurídica que solo ha logrado denigrar un poco más al poder judicial. Nunca antes había ocurrido semejante atropello al Estado de Derecho. No en vano los mensajes de la Comisión Europea son muchos y muy claros en el sentido de que cualquier reforma en el campo judicial debe ir orientada a reducir la influencia política sobre el trabajo de los magistrados. Hay que aumentar su independencia y la de sus órganos de gobierno, en este Estado y en todos los Estados miembros; ¡y tener que decirlo!... Por eso algunos opinan que hay que fijarse en el modelo estadounidense, donde los miembros del más alto tribunal son elegidos directamente por la ciudadanía para evitar perversiones legales jurisdiccionales como la que acabamos de padecer.

La nueva estabilidad que estrena el Tribunal Constitucional tras la votación y cambio de presidente en la persona de Cándido Conde Pumpido ha puesto las cosas en su sitio legal, aunque la credibilidad jurisdiccional tardará en recuperarse, eso si no hay más golpes de toga. Sin olvidarnos de que llegan cada vez más asuntos al TC y lo vasco suele ser una pieza mayor apetecible de judicializar cuando la vía política pactada y firmada no logra el resultado previsto para aquellos poderes a los que me refería al principio y cuya mano es tan larga como haga falta.

Para terminar con este emburrio jurisdiccional, ya lo dijo Rajoy: en la oposición hace mucho frío y algunos no han querido resfriarse más tiempo a costa de lo que sea. Pues que tengan un feliz catarro.