Durante las últimas semanas hemos podido ver a UPN agitando el avispero de las personas sin hogar para hacer oposición. Quienes mientras gobernaban fueron testigos de cómo el problema se agravaba y trataban de invisibilizarlo, ahora, de forma hipócrita y oportunista, lo utilizan como arma arrojadiza.
Desde otros lares también hemos denunciado la responsabilidad del Ayuntamiento de Pamplona en la gestión de las alternativas de vivienda de las personas más empobrecidas. En esa dirección apuntaba la denuncia que realizamos hace escasas semanas el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria y el Sindicato de Vivienda de Haritu sobre las condiciones de las familias y personas derivadas a los hoteles de la comarca por parte de los servicios sociales; sin espacio íntimo, sin posibilidad de cocinar, sin tener en cuenta el arraigo o las zonas de escolarización de las infancias y realizando un trasvase de dinero público a empresas hoteleras privadas. Sin embargo, nuestra denuncia presenta una diferencia fundamental respecto al politiqueo institucional: en ningún momento hemos pretendido alimentar la falsa ilusión de que una gestión más eficaz de las instituciones resolvería el problema; por el contrario, hemos remarcado que mientras la vivienda sea una mercancía siempre habrá, por un lado, empresas y personas que acumulan viviendas, y por otro lado, personas sin hogar y/o viviendo en condiciones miserables. Y es que, mientras el acceso a una casa dependa de la posición social y del dinero de una persona, seguirá habiendo desahucios contra quien no pueda pagar, seguirá habiendo familias enteras que no tengan más remedio que alquilar una habitación, y otras muchas que quedarán privadas siquiera de esta posibilidad ante los filtros racistas que se les imponen.
Las instituciones públicas, cumpliendo con su función de garantes del negocio de la vivienda, se ven abocadas a crear dispositivos de gestión y control de la miseria (miseria a la que ese mismo negocio contribuye), independientemente del partido que gobierne. Al no poder plantearse siquiera el atacar la ganancia capitalista, ponen algunos parches pero no revierten el proceso de empobrecimiento creciente; mientras tanto, continúan promoviendo los ciclos especulativos y las ganancias a través de ayudas a los propietarios (vía ayudas para el pago de los alquileres y toda una serie de incentivos y subvenciones) o a través de otras vías, como la cesión o la venta de edificios y suelo públicos. Y en esa gestión, siempre se acaba normalizando que haya personas que viven en pésimas condiciones, porque, claro, “peor sería dormir en la calle”. Es así cómo, mientras el problema se perpetúa, el debate queda atrapado en una lógica puramente partidista: los unos ponen el grito en el cielo por cosas que también ocurrían en su mandato, mientras los otros tratan de amplificar sus logros y dar a entender que la situación era peor antes. Pero los oportunismos y los triunfalismos de unos y otros no pueden ocultar el problema: la vivienda sigue teniendo un precio.
En resumidas cuentas, no hay nada nuevo bajo el sol. Pese a todos estos fuegos de artificio propios de la política institucional, lo cierto es que la realidad de las personas sin hogar y de la gente obligada a vivir en condiciones pésimas no es novedosa. El problema viene de lejos, como lejos está de encontrar solución. Por ello, deberíamos empezar a mirar en otra dirección. En lugar de esperar que las mismas instituciones que cronifican el problema vengan, esta vez sí, con una solución mágica, hay quienes planteamos la necesidad de la organización independiente, la solidaridad y la lucha para afrontar el grave problema de la vivienda.
Los autores son: miembro del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria y miembro del Sindicato de Vivienda de Haritu, respectivamente
