Hay mucho de escenificación en la relación que vienen manteniendo el PP y Vox desde los comicios locales y autonómicos del pasado 28 de mayo, en los que las urnas les sonrieron en buena parte de las comunidades y alcaldías relevantes de la geografía española. Es la gestión de los pactos, gobiernos de coalición y acuerdos programáticos la que ha generado un tira y afloja entre las dos formaciones, pero siempre contenido y sin llegar a romper la cuerda, siendo perfectamente conscientes de que se van a necesitar el uno al otro los próximos cuatro años.
De cara a las generales del próximo día 23, y atendiendo a las encuestas, una mayoría absoluta de los populares y la ultraderecha en el Congreso de los Diputados es la hipótesis más plausible en este momento. Sin embargo, y pese a que si les dan los números PP y Vox terminarán pactando para que Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa; en este momento ambas siglas se ven obligadas a marcar perfil propio –al menos hasta que termine la campaña–, por lo que juegan al gato y al ratón y oscilan entre los acuerdos y los desacuerdos en función de sus intereses.
Así, por ejemplo, tras el 28-M el acuerdo para gobernar en coalición llegó ipso facto en Valencia, mientras que en Extremadura la situación se llegó a tensar hasta límites peliagudos para el PP, que vio peligrar la comunidad autónoma, antes de recular y alcanzar un pacto. Donde ha sido imposible entendimiento alguno ha sido en Murcia, que se encamina a una repetición electoral.
Si bien la sintonía del PP con la ultraderecha parecía clara con el pacto para gobernar juntos en la Comunidad Valenciana, las cosas se torcieron a lo largo del mes pasado en Extremadura, con la popular María Guardiola haciendo alarde de plantarse ante la ultraderecha y querer un gabinete en solitario.
Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo vio peligrar la relación con los de Santiago Abascal y ordenó desde Génova un pacto a toda costa. Guardiola, en lugar de dimitir, tragó y dio entrada en el acuerdo de Gobierno a Vox, que gestionará las políticas agrarias de la comunidad. Feijóo salvo así un matchball, a pesar de sacrificar la credibilidad de la baronesa extremeña del PP.
Ahora las tensiones han vuelto a darse en la Región de Murcia, donde el PP se quedó al borde de la mayoría absoluta y Fernando López Miras depende de un acuerdo con la ultraderecha para amarrar su reelección.
No parece sin embargo que en este caso vaya a ser posible ya que, tras una sesión de investidura fallida de López Miras que terminó ayer, los populares parecen dispuestos a jugársela en una segunda vuelta de los comicios autonómicos después del verano en la que creen que podrían lograr por sí solos la mayoría absoluta que les permita no depender de Vox.
Pese a todos estos altibajos, ninguna de las partes se atreve a enfrentarse frontalmente a la otra. Empezando por un Núñez Feijóo que arribó el año pasado al liderazgo de su partido con la vítola de moderado, pero en la práctica ha abierto la puerta a Vox en numerosas administraciones e instituciones, sabedor de que necesitaría los votos de la ultraderecha en una hipotética investidura en la Cámara Baja.
176, el ‘número mágico’
Dicho escenario es probable que se produzca, siempre que ambas formaciones lleguen al número mágico de 176 escaños. Lo que es imposible es que el PP los alcance en solitario, aunque su líder aparece fuerte en los sondeos, algunos de los cuales le dan hasta 150 diputados.
En ese sentido, Feijóo ha logrado el complicado reto de unificar su partido con un pacto táctico con Isabel Díaz Ayuso que está por ver cuánto durará –dependerá del resultado del próximo día 23– y ha alzado el vuelo de cara a intentar desbancar a Pedro Sánchez en esta atípica y anticipada convocatoria electoral.
Por su parte, Vox y su líder, Santiago Abascal, afrontan la campaña crecidos por su entrada en los Ejecutivos autonómicos de Valencia, Aragón o Extremadura, así como por el papel crucial que van a jugar en numerosas capitales de provincia y ciudades españolas.
A pesar de que las encuestas le pronostican un ligero retroceso en escaños, la ultraderecha ha ganado sobremanera en influencia política e institucional en las últimas semanas y, ahora, tratará de reeditar esa presencia condicionando las políticas estatales, siempre que Feijóo pueda alcanzar el Gobierno español.
Esas políticas ultras ya están teniendo consecuencias en numerosos municipios y territorios del Estado, con decisiones como censurar actos culturales, conciertos o representaciones teatrales; o con continuos ataques a las políticas de igualdad y a la libertad sexual.
Está por ver cómo conjugará el PP su programa de corte liberal con las políticas identitarias de extrema derecha que son el santo grial de los de Abascal.
Camino al 23-J, las encuestas sonríen al PP
Feijóo, en cabeza. Muchos escenarios aritméticos pueden darse el próximo 23 de julio cuando se abran las urnas, pero lo que parece un hecho es que el PP será la primera fuerza, como reflejan prácticamente todas las encuestas publicadas hasta la fecha. Así, Feijóo lograría un crecimiento considerable respecto a los 87 diputados que obtuvo Pablo Casado en noviembre de 2019 y se movería en una horquilla entre 120 y 150 diputados en este momento, siempre según los sondeos. A Vox le irían peor las cosas y todo apunta a que no logrará revalidar los 52 escaños de hace cuatro años, aunque sí puede tener la llave de Gobierno siempre que sume más de 176 diputados junto al PP.
