El sindicato ELA ha llamado a la movilización social del sector público navarro para reclamar que la mejora de las condiciones laborales de este se hagan en la Comunidad Foral, además de que se garantice el IPC y se avance en los procesos de estabilización y consolidación del sector.
El anuncio ha tenido lugar este lunes en la sede de ELA en Pamplona, en donde han comparecido en rueda de prensa el responsable de Gizalan Nafarroa, Izai Bujanda, y la responsable de Osasunbidea, Maider Huarte.
Desde el sindicato han hecho un llamamiento a la huelga del sector público y han asegurado que "para este otoño habrá que llamar a movilizaciones y huelgas". "Ya hemos comenzado el contacto con otros sindicatos y esperamos hacer pública la convocatoria en los próximos días", ha anunciado Bujanda.
Sobre el incremento salarial al que se han referido el gobierno de España y de Navarra, Bujanda ha señalado: "No se nos ha trasladado nada, y todo lo que sabemos es por la prensa y por las declaraciones de la semana pasada de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz".
Reclamos ante la pérdida del poder adquisitivo
Desde ELA han pedido el "compromiso" de abrir una mesa de negociación para "recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década", una reducción que en términos salariales se sitúa en el 16 % desde 2010 (en torno a 40.000 euros), y que, de cara a 2023, "puede superar el 20 %".
También ha señalado que "es únicamente una cuestión de voluntad política", por lo que las negociaciones para el 2023 "deben darse aquí y debe garantizarse la recuperación del poder adquisitivo perdido en 2022 y el IPC de 2022".
"No podemos permitir el empobrecimiento de los empleados públicos", ha destacado Bujanda, que también ha reclamado a los partidos que para apoyar los presupuestos del Estado de 2023 sea "imprescindible" negociar en Navarra el salario del personal público, y no en Madrid como ocurre actualmente.
Reducir la temporalidad del sector público
Otro de los reclamos que ha realizado el sindicato ante los medios es el de "avanzar" en procesos de consolidación que reduzcan la temporalidad del sector al 6 %, cuando actualmente el 64 % del personal de Osasunbidea (8.600 trabajadores) y el 54 % del de educación (6.334), tienen contratos temporales.
"La tasa de temporalidad general en la administración pública foral está rondando al 50 %, un problema estructural que hay que afrontar de manera ambiciosa para reducirlo de manera drástica", ha afirmado Bujanda.
"Vemos que hay un hastío generalizado que va en incremento porque no paran de sucederse cuestiones que van afectando a la vida de los trabajadores como la temporalidad, la pérdida del poder adquisitivo y los riesgos psicosociales que afectan a la salud. Un cúmulo de cuestiones que pueden habilitar la posibilidad de que haya una movilización masiva", ha aseverado Bujanda.
