En los últimos meses han aumentado los casos de personas que acuden a la Asociación porque creen que el curso que han pagado no responde a lo prometido. En buena parte de los casos se trata de cursos contratados a distancia, según informa la asociación de consumidores.
Son muchas las personas que deciden preparar oposiciones para tratar de conseguir un puesto de trabajo en las administraciones públicas. Para ello, una buena parte de ellas hacen la preparación de estas pruebas en una academia de formación especializada. Si hasta hace unos años lo habitual era contratar con una academia cercana al domicilio, van creciendo las ofertas a través de internet que ofrecen material y clases vía online.
El coste solo de los temarios o materiales de preparación suele suponer entre 250 y 500 euros y si se trata de un curso completo, que incluye clases presenciales con profesor, el precio aumenta y suelen situarse entre 1.000 y 2.000 euros o incluso superarlo.
A algunas personas les supone un gran esfuerzo económico este pago, pero lo afrontan debido a las esperanzas que tienen en conseguir un puesto gracias a la formación recibida. Sin embargo, algunas de ellas, una vez pagado el precio, se sienten engañadas.
En estos casos, se trata de ver si hay un incumplimiento, por lo que hay que observar los servicios incluidos en el contrato. Hay personas que no cuentan con contrato y otras en los que el documento firmado es muy general y no detalla los servicios que se prestarán.
Según Irache, se debe detallar claramente el contenido del material que se va a entregar al consumidor y los plazos de entrega. También se debe indicar el soporte, es decir, si se trata de material impreso (libros, cuadernos...) o material telemático y la forma de hacer uso de él (mediante un portal web, un usuario y contraseña, material recopilado en dispositivos...).
También se debe informar del precio total del curso, desglosado por conceptos, y las formas de pago. Si hay posibilidad de financiación, deberá constar toda la información requerida en este tipo de contratos.
La Asociación de Consumidores afirma que se debe constar la denominación oficial del curso, el número de horas docentes, los contenidos que se van a impartir, la fecha de inicio y finalización y el horario de la formación.
Hay que asegurarse de su homologación, qué institución u organismo certifica que son títulos oficiales y qué validez pueden tener para acceder a puestos de trabajo o procesos de selección en el mercado laboral.
Además, es importante que se sepan los criterios que se usan para que el alumno supere una asignatura o un curso y las consecuencias de no superarlo (entre ellas, si tendrá que pagar otra vez para matricularse en la materia no superada).
