La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha decretado en la tarde de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido por propinar un puñetazo en la cara a un policía municipal el pasado 7 de julio en la calle Curia de Pamplona. La magistrada imputa al encausado, de 40 años y vecino de Mutilva, los delitos de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad, odio y lesiones.

Los otros cuatro detenidos que han comparecido ante la jueza han quedado en libertad investigados por delitos de odio, desórdenes púbicos y atentado a agente de la autoridad, con la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. Otras tres personas que fueron detenidas el lunes quedaron en libertad igualmente.

La jueza explica en el auto que, en el caso que nos ocupa, “existen indicios suficientes para atribuir a E.C.E. la comisión de los presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, delito de odio y lesiones”. Así resulta del atestado presentado por Policía Nacional y Policía Municipal de Pamplona en que se describen de manera detallada y con apoyo en las imágenes y grabaciones obtenidas del momento de los hechos los incidentes ocurridos el día 7 de julio de 2022 en la procesión de San Fermín al llegar a la altura de la calle Curia de Pamplona".

Al llegar a la confluencia de las calles Curia y Calderería, "varios asistentes comenzaron a increpar a las personas de la comitiva con insultos y cánticos referidos tanto a los eclesiásticos como a la corporación municipal creciendo esta agresividad hasta el punto de dirigirles empujones, agresiones, lanzamiento de bebidas y vasos, y generándose un tumulto principalmente dirigido al Excmo. Sr. Alcalde pero que afectó a varios de los presentes generándose situaciones de verdadero riesgo hacia su integridad".

En este tumulto violento, dice la jueza, "se puede distinguir de manera muy clara a E. C. E., quien no solo increpa de manera agresiva a la comitiva sino que es la persona que en un momento dado prepara su brazo y lo lanza contra el agente 130 de Policía Municipal encargado de la protección a las autoridades, impactando directamente contra su nariz, provocando lesiones de las que está siendo valorado, que al menos le han provocado la fractura de los huesos propios si bien está pendiente de valoración por si fuera precisa una futura intervención quirúrgica ante la evolución de la lesión y de posibles problemas respiratorios ahora existentes posiblemente derivados de la agresión. Esta maniobra se aprecia de manera absolutamente clara en los fotogramas obtenidos del momento de los hechos y que no dejan lugar a dudas de su autoría".

"Intención de repeler"

El detenido ha negado ante la jueza haber protagonizado los hechos atribuidos "afirmando que acudió a la procesión con sus padres, sus suegros y otros familiares para echar el vermut, reconociendo únicamente un golpe con intención de repeler un supuesto puñetazo que el agente 130 dirigió a su madre, sin motivo alguno, lo que carece de sustento alguno porque como hemos señalado los hechos están grabados y, ni se ve en las imágenes esas personas mayores que supuestamente le acompañaban, ni se ve esa supuesta agresión dirigida por el agente, muy al contrario, lo que se ve es su acometimiento directo a dicho agente".

Los hechos descritos, dice la jueza, son encuadrables indiciariamente en el apartado a) del art. 510.1 del Código Penal, delito de odio sancionado con pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses y que castiga a “quienes púbicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”; o subsidiariamente podría aplicarse la circunstancia agravante del art. 22.4 CP por motivos ideológicos puesto que el atentado violento no fue dirigido al ayuntamiento en su conjunto sino a determinados concejales precisamente por su ideología como resulta de la cartelería y gritos proferidos.

Lo son además del delito de atentado previsto en el art. 550.3 del Código Penal, que sanciona el delito cuando la autoridad a que va dirigido es miembro de Corporaciones locales, en cuyo caso es castigado con prisión de uno a seis años de cárcel y multa de seis a doce meses. Además, concurre indiciariamente el delito de desórdenes públicos del art. 557 y 558.3 del CP que sanciona a “quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él alteren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas amenazando a otros con llevarlos a cabo”, delito que se castiga con pena de prisión de seis meses a tres años de prisión. El subtipo agravado del párrafo tercero castiga los hechos de manera más grave cuando ocurren en actos públicos de cualquier autoridad o corporación como sin duda lo es la procesión de San Fermín. Y en el caso del detenido E. C. se ha de añadir el delito de lesiones del art. 147 del Código Penal pudiendo llegar a concurrir las lesiones agravadas del art. 150 del Código Penal si resulta una deformidad, en cuyo caso las penas podrían llegar a los seis años de prisión.

A la vista de los hechos imputados, teniendo en cuenta la gravedad de los mismos y las penas que en su caso pudieran corresponder y con el fin de evitar tanto el riesgo de fuga como de reiteración delictiva a la vista del odio demostrado en el desarrollo de la acción y la sensación de impunidad que debía pensar que le amparaba, es procedente acordar su prisión provisional, comunicada y sin fianza.