pamplona. La decisión de no pagar la extra de Navidad ha provocado una situación caótica en las nóminas de la Administración foral, para la que trabajan unas 24.500 personas. Cientos de trabajadores del departamento de Salud, Educación, y en menor medida de Política Social, han visto descontada de su nómina de diciembre la prorrata que cobraron en julio y agosto correspondiente a la extra de este mes. A partir de septiembre, el Gobierno de Navarra dejó de incluir la extra en las liquidaciones.
Esta decisión, que afecta en su mayoría a contratados temporales, ha provocado situaciones tan alarmantes entre trabajadores del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, el departamento con más temporalidad y variedad de contratos, como el cobro de nóminas irrisorias e incluso negativas, es decir, que los empleados adeudan dinero al Gobierno por lo que verán reducidas también sus próximas nóminas. El problema alcanza tintes dramáticos en el caso de personal temporal que no ha vuelto a ser contratado. El Gobierno enviará a estos ex trabajadores cartas de pago para que reintegren la parte proporcional de la extra a través de entidades bancarias al no contar con una nómina de la que poder descontársela.
Esta situación no se limita a los trabajadores temporales o interinos, más de 350 solo en el caso de maestros y profesores con contrato finalizado el 31 de agosto, también afecta a funcionarios a los que se les abonó la prorrata de la extra navideña en julio y agosto por haber solicitado una excedencia o la jubilación.
tramos La supresión de la decimocuarta paga del año ha tenido otro efecto sobre algunos funcionarios. Las retenciones de IRPF se fijaron a primeros de año teniendo en cuenta los ingresos anuales con la extra de Navidad incluida (14 pagas), lo que para muchos de ellos supuso pasar a un tramo más alto de cotización. Los funcionarios incluidos en este supuesto, es decir, aquellos a los que la paga les ha conllevado variación en el porcentaje de IRPF, recuperarán lo retenido cuando hagan la declaración en la primavera de 2013. Esto supondrá que, en declaraciones positivas los trabajadores abonarán menos dinero y, en las negativas, percibirán más.
"En las liquidaciones de julio y agosto (en junio los trabajadores ya habían cobrado la extra anterior) se liquidó la parte correspondiente a la paga extra de diciembre. Lo que ha ocurrido es que en la nómina de este mes se ha regularizado la situación desde el 15 de julio (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley que suprime la extra a los funcionarios). Además, en esta nómina se han recalculado las retenciones porque al retirar la extra varían bastante las retribuciones", explicó el director general de Función Pública, Gregorio Eguílaz. El responsable del Función Pública limitó los casos de nómina negativa. "Si la persona está trabajando, es casi imposible que le salga negativa porque como mucho la liquidación corresponde a dos meses, una tercera parte de la extra, y, si se han trabajado de forma completa, como mucho el descuento habrá sido de un tercio de la nómina, pero existe mucha variedad de contratos y en el caso de una persona que haya trabajado cinco días sí es posible que la devolución sea mayor de lo que debe percibir, por lo que puede resultar que no cobre nada", explicó. Esta situación es más probable que se de entre trabajadores sanitarios que educativos, puesto que en el SNS-O se firman contratos no solo con retribuciones más variadas sino de menor duración, días o semanas, sobre todo para sustituciones en vacaciones, aunque este año se han reducido. "Serán liquidaciones de menos días y no de meses completos, como puede suceder con los profesores interinos", precisó Eguílaz. Así, un profesor que cobre 1.500 euros al mes habría recibido en verano 500 más por la liquidación, cuantía que ahora le habrá sido descontado si sigue en activo y que deberá devolver a través de una entidad bancaria si no ha vuelto a ser contratado. Este cálculo aproximado resulta más complejo de realizar para sanitarios por la heterogeneidad de categorías y duración de contratos.
El sindicato LAB denunció ayer esta situación y anunció acciones legales. "A ningún trabajador se le puede dejar sin percibir el salario mínimo interprofesional, adeude lo que adeude", recogía el texto, en el que se acusaba a Osasunbidea de llegar "al colmo de la indecencia: hacer venir a trabajar a la plantilla y no pagar, o mejor aún dejar sus nóminas en negativo, es decir, debiendo a Osasunbidea".