El Gobierno plantea una renta mínima vital provisional de 500 euros

- El Gobierno ha planteado a sindicatos y ONG la puesta en marcha de forma urgente una renta mínima vital provisional que proteja a las personas más vulnerables y que denomina como “ingreso mínimo vital (IMV) puente” hasta que pueda articularse una medida permanente, según aseguró en un comunicado la Vicepresidencia de Derechos Sociales y para la Agenda 2030.

Fuentes del Ejecutivo explicaron que se trata de una ayuda de 500 euros. Los requisitos para acceder a la misma serían ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar este por debajo de los 450 euros de media por miembro.

El vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, mantuvieron el jueves sendas reuniones con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, y con las organizaciones del Tercer Sector Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector.

El Ejecutivo reconoce que las garantías técnicas y el alto grado de consenso político, social e institucional que requiere el desarrollo del IMV podrían implicar un plazo aproximado de tres meses para su aprobación. Por ello, defiende la conveniencia de poner en marcha, con carácter urgente, un Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis.

En todo caso, asegura que el Gobierno de coalición mantiene su compromiso, incluido en el programa de Gobierno, de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de carácter permanente.

Sin embargo, señala que la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto que es necesario actuar ya para que las personas vulnerables no queden atrás en esta emergencia. Por tanto, el Gobierno quiere aprobar de forma urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del IMV definitivo y “complete así el escudo social que está construyendo el Gobierno para que nadie quede desprotegido en esta crisis”.

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) insistió en que ese ingreso mínimo vital a nivel estatal tenga también en cuenta de manera reforzada a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, como sucede con otras muchas prestaciones sociales.

Durante la reunión, el CERMI agradeció al Gobierno que la discapacidad haya sido tenida en cuenta como operador de este diálogo y ha puesto en valor que, “tras décadas de esperas y omisiones, se está “acariciando” la garantía de un ingreso mínimo en el Estado, “que no existía, más allá de medidas autonómicas insuficientes”.

Piden que sea “estable y duradera”. Derechos Sociales asegura quetodas las entidades asistentes a ambas reuniones, tanto sindicatos como organizaciones del Tercer Sector, han mostrado su total apoyo a esta medida extraordinaria. Pablo Iglesias ha constatado que mediante conversaciones telefónicas, grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida. La Plataforma del Tercer Sector, de la que forman parte 30.000 ONG, confirmaron su apoyo pero reclama que el nuevo salario social extraordinario se pueda convertir en una renta mínima vital estable y duradera.