Ayer se cumplieron cuatro años de las detenciones de ocho jóvenes de Altsasuocho jóvenes de Altsasu por orden de la Audiencia Nacional acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas un mes antes, en una pelea de madrugada en ferias. “Nos resulta muy doloroso recordar aquel día”, decía ayer Amaia Amilibia, madre de Jonan Cob, uno de los dos jóvenes que continúan en prisión. El resto, en tercer grado, intentan recuperar sus vidas. “Son jóvenes, fuertes y lo conseguirán pero hay mucho poso. El puzzle no estará completo hasta que no salgan Jonan y Julen”, destacaba Nekane Ortigosa, la madre de Aratz Urritzola.
“Han sido cuatro años que se han hecho muy largos, de mucho sufrimiento”, incidía Amilibia. En el caso de su hijo, ayer sumaba 930 días de prisión. Y es que fue puesto en libertad 36 días después de la primera detención por la jueza instructora, Carmen Lamela, junto con Iñaki Abad, Aratz Urritzola y Julen Goikoetxea. Otros tres, Adur Ramirez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno, se quedaron dentro, dispersos en cárceles madrileñas. La octava encausada, Ainara Urkijo, no llegó a entrar en prisión. Pero el 5 de junio de 2018, una vez conocida la sentencia de la Audiencia Nacional con penas de prisión de entre dos y 13 años, volvieron a ser detenidos. “Estuvieron un año y medio yendo al Juzgado de Paz dos veces por semana y sin pasaporte. A efectos de cumplimiento solo les han descontado 17 días de cárcel”, lamentaba Amilibia. “Aunque estuvieron un tiempo en casa, llevan cuatro años sin libertad, con sus vidas hipotecadas”, incidía.
Lo cierto es que Instituciones Penitenciarias ha denegado la propuesta elevada por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa de progresión de grado para Cob y Goikoetxea. “Educadores, psicólogos y trabajadoras sociales han trabajado día a día con ellos y han realizado informes favorables para que puedan desarrollar sus proyectos vitales en semilibertad. Si el objetivo es la reinserción en la sociedad, les esperamos pronto en casa”, señaló esta madre. Al respecto, recordaba que en la sentencia, al ser descartados los delitos de terrorismo, no se establecía la obligatoriedad jurídica de cumplir la mitad de la condena, siete años y medio en el caso de estos dos jóvenes. “Tienen ofertas de trabajo y están estudiando un grado de psicología. Son unos chavales que quieren desarrollarse como personas y aportar a la sociedad”, abundó Amilibia.
Además, la crisis sanitaria actual endurece aún más esta falta de libertad, con menos visitas. “Antes había posibilidad de hacer cuatro vis a vis al mes y ahora solo uno y con cristal de por medio. También cuesta más que lleguen las cartas.”, observó, al tiempo que añadía que si salen de permiso tienen que permanecer diez días de aislamiento fuera de su módulo.
Los primeros en recibir el tercer grado fueron Abad y Urrizola, el 20 de diciembre de 2019 después de estar 598 días encarcelados. Este pasado verano les llegó el turno a Ramirez de Alda, Unamuno y Arnanz, a quienes tras concederles previamente el tercer grado, se les aplicó el artículo 86.4 del reglamento penitenciario y actualmente permanecen en régimen abierto. Debido a la pandemia se aceleró el proceso para obtener la pulsera de control telemático que monitoriza que no salgan de su domicilio durante 8 horas en cuatro días a la semana. Estuvieron 1.328 días en prisión. Sus condenas son de nueve años y medio en el caso de Arnanz y ocho años y medio en el de Ramirez de Alda y Unamuno. No obstante, según el reglamento vigente, los tres terminan la condena en mayo del 2024. En el caso de Abad se prevé que se cumpla en octubre de 2021; Urrizola en junio de 2022 y Cob y Goikoetxea en 2024.
El caso Altsasu irá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
Agotadas las vías que contempla el sistema judicial español para recurrir una sentencia de la Audiencia Nacional, es decir, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional recientemente, se han abierto las puertas de la justicia de Europa, “una buena noticia que llega muy tarde”, observó Antxon Ramirez de Alda, uno de los padres de Altsasu Gurasoak. “Nuestras defensas trabajan en la elaboración personalizada e individual de cada recurso y si la situación no cambia en el próximo mes, los ochos jóvenes presentaran su recurso correspondiente a principios de 2021”, avanzó.
Si bien están convencidos de la lucha por un derecho universal a tener un juicio justo y sentir que este camino puede ayudar a evitar futuras injusticias, la decisión no ha sido fácil. “Somos optimistas y confiamos en un resultado positivo. Pero también somos realistas y sabemos que todo no será un camino de rosas”, observó este padre. En este sentido, señaló que “en Estrasburgo no tendremos la oportunidad de cuestionar el juicio partiendo de cero ni se investigará a los denunciantes. Solo pediremos lo mismo que hasta ahora, justicia de garantías y respeto a los derechos humanos”, destacó Ramirez de Alda, que ayer estuvo acompañado por una buena parte de los padres y madres de Altsasu Gurasoak. Y es que se volvieron a reunir para recordar el proceso iniciado hace cuatro años y mostrar su esperanza en el nuevo recurso.
“Son cuatro largos años inmersos en un proceso judicial evidentemente manipulado y fuera de toda lógica, guiado por oscuros intereses y donde constantemente se han vulnerado derechos fundamentales”, destacó el portavoz de los padres y madres.
Asimismo, incidió en la situación que viven Julen Goikoetxea y Jonan Cob, todavía en prisión tras ser negado la progresión de grado. “Es el máximo exponente de esta injusticia”, aseguró para añadir acto seguido que “no deberían haber entrado nunca, pero consideramos que mantenerlos en la cárcel es abominable sin sentido”. Al respecto, incidió en la “situación límite que está generando la covid-19 en las cárceles”.
Por otro lado, recordó que estos cuatros años de sufrimiento y desgaste emocional también suponen importantes gastos económicos para las familias, estimados en 353.000 euros hasta la fecha, y 539.000 kilómetros acumulados, equivalentes a 13 vueltas al mundo. Ramirez de Alda también habló de lucha y solidaridad, con palabras de agradecimiento por el apoyo recibido.
Audiencia Nacional. Con peticiones de penas de entre 12 y 62 años para los ocho jóvenes de Altsasu detenidos el 14 de noviembre de 2016, la Audiencia Nacional, que no apreció delito de terrorismo, en junio de 2018 les condenó a penas de prisión que oscilaban entre dos y 13 años. Es entonces cuando se vuelve a detener a los cuatro jóvenes que se encontraban en libertad con cargos desde el 20 de diciembre de 2016.
Tribunal Supremo. En la resolución del recurso de casación presentado por los ocho condenados ante la decisión de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, rebaja las penas a entre un año y medio y nueve años y medio de prisión.
