Una de las autopistas más caras del Estado está a punto de pasar a ser de uso completamente gratuito, con todos sus pros y algún que otro contra, con beneficios para la ciudadanía navarra que viaje a Barcelona y la costa mediterránea por carretera. La AP-2, que conecta Zaragoza con la costa de Tarragona (finalizando en El Vendrell) y que, sobre todo, sirve de conexión directa con la capital catalana, va a dejar de ser de pago.
La ruta entre Zaragoza y Pamplona por la AP-68 tiene un coste estimado para un turismo, entre peajes y combustible, de 34,70 euros (19,05 euros + 15,65), a los que había que añadir 60 más por la AP-2 entre Zaragoza y Barcelona (33,20 en peajes y 26,46 en combustible), según VíaMichelín.
El primer día de septiembre Abertis va a liberalizar, después de más 40 años, esta autopista que cuesta alrededor de 15 céntimos el kilómetro.
La puesta a disposición gratuita de esta autopista da una alternativa a la carretera N-II (paralela a esta vía de gran capacidad y más peligrosa de recorrer). Algunos municipios aragoneses han lamentado que su liberación afecta a la recaudación de las arcas de estos municipios, 7 zaragozanos y 4 oscenses. Para quien viaje de Navarra a Catalunya también está la opción gratuita de viajar por la Autovía del Pirineo, vía Yesa, Huesca y Monzón hasta Lleida, con tiempo de recorrido similar al del viaje por la A-68 y AP-2.
La AP-2 no es la única autopista que a partir del 1 de septiembre va a ser gratuita. Se espera la liberalización de dos nuevos tramos de la AP-7 o Autopista del Mediterráneo, que recorre toda la costa desde Andalucía hasta la frontera con Francia. Las franjas entre Tarragona y La Jonquera, en Girona, y entre Motmeló y el Papiol van a ser gratuitas a partir del mes que viene y de gestión del Ministerio de Transportes.
Por otro lado, la C-32 (de Barcelona a Lloret de Mar) y la C-33 (de Barcelona a Montmeló) pasarán a ser competencia de la Generalitat de Catalunya y, por tanto, también de uso gratuito.
Acesa, Invicat y Autopistas España --compañías del grupo Abertis-- y los sindicatos CC.OO., UGT, USO, CGT y PITA han firmado el acuerdo final del expediente de regulación de empleo (ERE) llevado a cabo por el fin de las concesiones, tras la aprobación por parte de la mayoría de los trabajadores afectados.
El acuerdo contempla la indemnización legal máxima por despido improcedente y como mínimo de 45.000 euros, una compensación lineal de 7.500 euros para los empleados con más de 12 años de antigüedad y un plan de recolocación externa.
Además, contarán con seguro médico por un año, derecho preferente de contratación por parte de la empresa hasta 2024 y un convenio especial de cotización para mayores de 55 años.
