Las víctimas de la talidomida llevan 18 años en una contienda legal para conseguir indemnizaciones y reconocimiento a las gravísimas secuelas que les dejó el fármaco suministrado a sus madres en el embarazo pero la situación está estancada: “No hay interlocución ni con PSOE ni con Podemos, no damos votos”. Doce días después de que la Audiencia Nacional haya desestimado la demanda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), que reclamaba al Estado 400 millones por no pagar las ayudas que contemplaba la ley de Presupuestos de 2018, los afectados han decidido paralizar su recurso al Supremo a la espera de que la Audiencia “aclare” el fallo y explique por qué es “discrecionalidad” del Gobierno abonar o no el dinero.

En una entrevista con Efe, el presidente de la Avite, José Riquelme, subraya la negligencia del Gobierno: “Nadie nos atiende, ni nos cogen el teléfono, ni responden a los correos ni a las redes sociales y el problema seguirá sin resolver mientras no haya alguien en el Ejecutivo que lo haga suyo”. Según Riquelme, la Audiencia Nacional tendrá que aclarar en una sentencia complementaria por qué “el Gobierno puede hacer lo que le dé la gana cuando quiera y como quiera y si opta por no pagar, no pasa nada”.

El presidente de Avite, asociación con 300 socios, afirma que “ningún Gobierno de la democracia, ni siquiera cuando PSOE Y PP gobernaron con mayoría absoluta, ha querido solucionar un problema que arrastramos desde hace 66 años (cuando nació el primer bebé con malformaciones por la talidomida)” y recuerda que todos los países del mundo lo solventaron entre los años 70 y 80. “En España están esperando a que nos muramos y así el problema se cierra”, añade. Riquelme explica que solo con el Gobierno de Rodríguez Zapatero hubo un atisbo de interlocución de la mano de la entonces vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega.

Indemnizaciones Sin embargo, esa interlocución se tradujo en un real decreto en 2010 que Avite considera restrictivo ya que los afectados debían haber nacido entre 1960 y 1965, quedando fuera los nacidos antes, a partir de 1956 y después de 1965 ya que, según la asociación, el fármaco se siguió vendiendo hasta 1985. A estas restricciones se sumaba que la indemnización fijaba un único pago entre 30.000 y 100.000 euros. En 2018, con la ley de Presupuestos, el PP, que estaba de retirada, aprobó 12.000 euros de indemnización por punto de discapacidad. Según Riquelme, los populares hicieron esto para “meter un gol por la escuadra al PSOE y sabiendo que no estaría en su mano pagarlo”.

Riquelme entiende que todas estas luchas les perjudican ya que se les usa a como “cabeza de turco” pero en el fondo no hay voluntad de hacer nada. Otro tema que sigue en el candelero es la falta de un censo. Según el presidente de Avite, el número de afectados en España podría estar entre 1.500 y 3.000 pero el Instituto de Salud Carlos III , encargado en 2018 por el Ministerio de Sanidad de efectuar un protocolo de reconocimiento, solo ha registrado 127 casos. De esta manera podría darse la tesitura de que se aprobasen ayudas solo para los afectados reconocidos quedando en un limbo cientos de personas con las mismas secuelas pero sin el aval oficial.

Sesenta años de lucha. Según la doctora en Derecho Mónica Navarro-Michel, en los años cincuenta y sesenta hubo un aumento de nacimientos de niños con malformaciones gravísimas, a los que les faltaban los brazos y/o las piernas debido a la ingesta por parte de sus madres embarazadas de medicamentos con talidomida, para combatir las náuseas y los mareos. Sesenta años después del nacimiento de la “generación de la talidomida”, los afectados siguen con la batalla legal.