Cien días contra la impunidad en México

Desde que iniciara su mandato, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está dando pasos hacia la justicia social y la seguridad

08.02.2020 | 22:32
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una comparecencia reciente.

a poco de que se cumplan los cien primeros días del gobierno de López Obrador, se están poniendo en marcha leyes encaminadas a dotar al ejecutivo de mayor transparencia, justicia en derechos humanos y seguridad en el país.

Entre estas iniciativas legislativas está la desclasificación de archivos sobre persecuciones políticas, violaciones de derechos humanos y actos de corrupción de la extintas Dirección Federal de Seguridad y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

En una primera etapa de apertura de archivos saldrán a la luz expedientes de espionaje, como los 40 años de seguimiento al actual presidente desde sus inicios en la actividad política, así como responsabilidades policiales y gubernamentales a lo largo de 90 años. En su discurso matutino del viernes, López Obrador dejó claro que ningún archivo va a quedar secreto y se van a clasificar correctamente.

"Pido perdón en nombre del Estado a quienes fueron víctimas de persecución. Nosotros no vamos a fallarlos, ni vamos a solapar actos autoritarios ni represivos. Todo esto se termina y es una forma de reconocer y homenajear a quienes fueron víctimas de la represión y del autoritarismo", señaló el presidente mexicano.

Con la declasificación se pone de manifiesto, por ejemplo, que fue el propio Estado Mayor de la Presidencia quien dio las órdenes de actuación en el caso de la masacre estudiantil de mayo del 68 en Ciudad de México. "La actuación de las fuerzas armadas se ciñeron a las órdenes del presidente" y las decisiones políticas de la Secretaría de Gobernación (Segob) "se tomaban en los sótanos del poder", aseguró Lopez Obrador.

Otro frente que tiene el nuevo gobierno en materia de derechos humanos, justicia y reparación de las víctimas es la implementación de la ley de desapariciones forzadas. Aunque fue aprobada durante el mandato de Peña Nieto, hasta ahora no se habían dado pasos reales para desarrollarla. En México no hay un censo fiable de desapariciones forzadas, entre las que se incluyen desaparecidos a manos del narco, de la trata de personas y de las fuerzas armadas, pero se estima que más de 40.000 personas están desaparecidas y al menos 26.000 cuerpos están sin identificar en los servicios forenses, a los que se suman los cadáveres de las cientos de fosas sin localizar que aún quedan por todo el país.

Asociados Para el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, colectivo que aglutina más de 70 colectivos y organizaciones de familiares de todo el país desde 2015, garantizar la participación de los familiares en la implementación de esta ley es indispensable. Representantes de este colectivo se reunirán este mes con el gobierno para aportar su experiencia y contribuir a la creación del Sistema Nacional de Búsqueda con el objetivo de ubicar fosas clandestinas y exhumar cuerpos e identificarlos. Las familias son las que se encargan de investigar dónde están sus desaparecidos recabando información por su cuenta y organizándose en asociaciones estatales para compartir experiencias, datos y acompañamiento, además de asesoramiento legal y psicológico. Toda esta tarea la realizan al margen de las autoridades policiales, de las que no reciben más que amenazas y culpabilización.

"Muchas familias no acuden a denunciar las desapariciones, porque hay mucha desconfianza en la Policía pero, sobre todo, en la sociedad está muy imbricada la victimización y los juicios de valor, además de un miedo generalizado", explica Alicia Quevedo, psicóloga voluntaria que ofrece acompañamiento y atención a familiares de desaparecidos forzados en el Estado de Michoacán. "Cuando las familias van a denunciar les amenazan, les dicen que se vayan a casa, que mejor no remuevan las cosas porque también podría pasarles algo a sus otros hijos. Culpabilizan a las mujeres por no cuidar de sus hijos, o les reprochan que su familiar estaría metido en algo turbio y por eso ha desaparecido. Esto genera culpa, miedo y desconfianza, por eso las familias siguen adelante por sus propios medios. Se dan con muros durante años, pero la mayoría no desiste", asegura Quevedo. "Confiamos en que con este gobierno se empiecen a hacer las cosas bien, y de momento estamos viendo algunos pasos en esa dirección", subraya esta psicóloga.

Por otro lado, este pasado viernes la cámara de los diputados aprobó, con el aval de todos los partidos políticos, la propuesta del Senado para incluir en la Constitución a la nueva Guardia Nacional con mando civil. En los próximos años el gobierno federal deberá formar un cuerpo de Seguridad que afronte y frene la creciente violencia que prevalece en el país, ya que el Ejército y la Marina deberán volver a los cuarteles.

guerra a las drogas La guerra contra las drogas, que comenzó en 2006 con el envió de 5.000 efectivos al estado de Michoacán, ha demostrado ser un fracaso más de una década después y, sin embargo, ha contribuido a promover graves violaciones de derechos humanos.

En estos cinco años, tiempo que tiene el gobierno izquierdista de López Obrador para crear esta fuerza de 60.000 efectivos, los militares ya no podrán volver a hacer funciones de seguridad y estar en la calle.

En un principio, se planteó que esta nueva guardia civil estuviera bajo mando militar pero la implacable presión de defensores de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, que advertían que podría militarizar la vigilancia policial, generó intensas disputas y fue sometida a diferentes enmiendas hasta su aprobación. Finalmente, será un híbrido entre unidades de la Policía Federal y militares de Defensa y la Marina, que podrán conservar su rango militar aunque responderán ante tribunales civiles en caso de ser enjuiciados por cometer abusos.

Este cuerpo estará bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad república. La incógnita es si esta apuesta de López Obrador será suficiente para combatir por sí sola la grave crisis de seguridad pública que vive el país y podrá controlar el crimen organizado para acabar con la violencia.