SANTIAGO DE CHILE- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó este domingo los decretos necesarios para levantar el estado de emergencia en varias regiones de país, incluido Santiago, y así sacar a los militares de las calles después de más de una semana.
"Con el objetivo de contribuir a que Chile recupere la normalidad institucional, el presidente de la república ha firmado los decretos requeridos para que, a partir de las 00.00 de este lunes 28 de octubre, se levante el estado de emergencia en todas las regiones y comunas que se había establecido", indica Presidencia en un documento oficial.
El mandatario había anunciado este sábado que era su intención que para el inicio de la próxima semana los militares dejaran de estar al cargo de la seguridad nacional.
Por primera vez desde que volvió la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Piñera decretó el estado de emergncia en Santiago durante la noche del día 18, cuando comenzaron las protestas en Chile en forma de manifestaciones, disturbios, incendios y saqueos.
Las protestas, que han dejado ya al menos 19 fallecidos, entre ellos seis extranjeros, se reprodujeron desde Santiago al resto de Chile tras el alza en el precio del billete del metro de la capital, la gota que colmó el vaso de la paciencia ciudadana frente la desigualdad y la injusticia social.
En el momento más álgido del despliegue militar, todas las regiones, a excepción de la austral Aysen, tenían alguna ciudad, provincia o la región completa con destacamentos de las Fuerzas Armadas en las calles.
La presencia de los militares, que posteriormente se acompañó con toques de queda que ya fueron levantados, provocó un rechazo social y recordó por primera vez en casi 30 años los años más oscuros de la dictadura.
El balance desde que estallaran las protestas en la noche del 18 de octubre deja más de un millar de heridos, casi la mitad por impactos de bombas lacrimógenas, balines de goma o disparos de bala, y más de 3.000 detenidos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo público e independiente que monitorea las protestas.
