como un boomerang, las acusaciones de PP y Ciudadanos contra el presidente del Gobierno están sirviendo para desenmascarar los maquillados currículos de sus líderes y cargos. El último en quedar en evidencia ha sido el secretario general del PP. Teodoro García Egea ha tenido que dar orden a la Universidad Politécnica de Cartagena para que haga publica su tesis doctoral que, bajo el título Análisis, decodificación y clasificación de la señal EEG en entornos tridimensionales, leyó en diciembre de 2015 y no era de acceso público. El PP informó ayer de García Egea permitirá que se incluya en el repositorio digital, un depósito de documentos digitales que facilita el almacenamiento y la difusión en modo de acceso abierto, así como que se le pueda pasar el programa antiplagio que se decida. Además, el líder de Ciudadanos ha recibido otro varapalo al difundirse que el flamante título de máster que luce en su currículo “no formaba parte del sistema de estudios universitarios”.
El número dos del PP decidió mantener su trabajo académico a buen recaudo de las miradas ajenas y no subirlo a la red Teseo, base de datos que recoge todas las tesis publicadas que se remiten al Ministerio de Educación. Pese a ello, García Egea pidió la pasada semana que el presidente del Gobierno publicara su tesis y formó parte de la iniciativa parlamentaria que exige las comparecencia de Pedro Sánchez para explicar en el Congreso su tesis, que, desde el viernes ya se puede consultar de forma pública. Tras ello, eldiario.es solicitó el sábado al PP una copia de la tesis de su secretario general y el partido afirmó haberse puesto en contacto con la Universidad para pedir que el trabajo académico sea publicado.
Fuentes oficiales del PP citadas por el diario digital aseguraron que el motivo para que su numero dos pida transparencia para las tesis ajenas y guarde mutismo sobre la suya propia es que en su trabajo de investigación “hay datos y propuestas que no han sido publicadas y son susceptibles de ser patentadas”. Una vez finalizada su tesis, el número dos de Pablo Casado mantuvo reuniones en patentes y marcas para proceder, añadieron las fuentes, que puntualizaron que eso requiere mucho tiempo, dado que “hay que hacer un estudio previo pormenorizado” y García Egea se ha dedicado a la política y ha trabajado en otras líneas de investigación distintas.
El PP y Cs han registrado una petición de comparecencia conjunta para que Sánchez informe ante el Pleno del Congreso de las “versiones contradictorias” en relación con su tesis tras las informaciones publicadas en varios medios. El propio García Egea defendió públicamente esa solicitud, que hoy se debatirá en la Mesa y Junta de Portavoces del Congreso.
sistema ESADE, por otra parte, ha revelado que el título de máster que Albert Rivera luce en su currículo “no formaba parte del sistema español de estudios universitarios”. Según este centro, a todos los alumnos que se graduaran antes del inicio de la progresiva implantación del plan Bolonia (septiembre de 2008) en la Facultad de Derecho de la también privada Universidad Ramón Llull se les reconocía la “titulación privada” de título de Máster en Derecho por ESADE. Esa es la situación de Rivera. Nada que ver con los posgrados que dan lugar al reconocimiento oficial del título de Master, según informó ayer infolibre.
ESADE precisa que la utilización del nombre de máster para una titulación privada fue legalmente posible porque en aquel entonces “la titulación no formaba parte del sistema español de estudios universitarios”. El artículo 37 de la Ley Orgánica de Universidades sólo reconocía entonces las titulaciones de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero y Doctor. “La titulación de máster”, admite el centro que otorgó su título a Rivera, “era entonces una titulación legislativamente atípica que otorgaban de hecho un buen número de instituciones privadas”.
La referencia a un máster en Derecho en su currículo que nada tiene que ver con un posgrado y ni siquiera forma parte del sistema legal de titulación vigente en España es la segunda falsedad detectada en el expediente tras descubrirse que tampoco es doctorando de la Universitat Autònoma de Barcelona. - D.N.
Reforma de la Constitución y los estatutos de las autonomías. Modificar los aforamientos implica cambiar varias leyes, entre ellas la Constitución. Esta norma recoge la protección jurídica de los miembros del Gobierno, diputados y senadores. El aforamiento de jueces y fiscales viene recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y los estatutos de comunidades autónomas son los que recogen este derecho para los parlamentarios autonómicos.
Mayoría de tres quintos del Congreso. Para modificar la Ley General del Poder Judicial el Ejecutivo necesita una mayoría absoluta a la que puede llegar sin los votos del PP, pero para modificar la Constitución se necesita otra mayoría. Ese capítulo de la carta magna solo puede cambiarse con el voto de tres quintos del Congreso, 210 diputados.
Cambios en estudio de septiembre a noviembre. Antes de que llegue ese trámite, el Ejecutivo debe plantear los detalles de su reforma de los aforamientos. El pasado 14 de septiembre el Ministerio de Justicia informó de que había encargado a la Comisión General de Codificación -un órgano asesor compuestos por expertos juristas- que estudiase “la regulación del aforamiento en España, al objeto de mantener solo aquellos que, de manera excepcional, sean indispensables”. Puso como fecha límite para entregar un informe el 30 de noviembre.
Europa. España es uno de los países donde el aforamiento está más extendido. En Alemania, el Reino Unido o EEUU no existe el aforamiento. En Portugal o Italia solo goza de aforamiento el presidente; en Francia, el presidente, el primer ministro y sus ministros.
Innecesario. Alberto Ruiz-Gallardón planteó una reforma de los aforamientos durante su etapa como ministro de Justicia. Según defendió, aunque no los consideraba un privilegio, entendía que esta figura jurídica no era “un instrumento necesario” para el funcionamiento de las instituciones.
Bajar la cifra a 22. Su proyecto consistía en pasar de los más de 17.000 aforados a solo 22. Solo deberían gozar de ese estatus, defendió, la familia real, el presidente del Gobierno, los presidente del Congreso y Senado, el presidente del Constitucional y del Supremo, y los presidente de los parlamentos autonómicos.
Proyecto frustrado. El proyecto no se concretó más allá de las declaraciones públicas del entonces ministro, que dimitió días después de anunciar esta propuesta por la imposibilidad de sacar adelante otra reforma, la del aborto.
