barcelona - Las defensas de los principales acusados en el juicio al procés han pedido al Tribunal Supremo que cite como testigos al rey Felipe VI, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al del Gobierno Mariano Rajoy, y han alegado que no se les puede condenar por rebelión porque no hubo violencia. En sus escritos de defensa, los acusados piden su absolución, porque representan a un movimiento pacífico que no ha alentado ninguna insurrección, y pasan a la ofensiva al denunciar que son víctimas de una “causa general” que pretende “escarmentar” y “descabezar” al independentismo, vulnerando sus derechos hasta el extremo de poner en “tela de juicio” a la democracia española. Entre los testigos que solicitan las defensas para apuntalar sus argumentos exculpatorios en el juicio figura el rey Felipe VI, en este caso a petición del abogado del exlíder de la ANC y diputado de JxCAT Jordi Sànchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull.
Con la testifical del rey pretenden aclarar si hubo discrepancias entre la Zarzuela y la Moncloa sobre el discurso que pronunció Felipe VI dos días después del 1-O, alertando sobre la situación de “extrema gravedad” y apuntando que los “legítimos poderes del Estado” debían asegurar “el orden constitucional”, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno en Cataluña. Pese a esta petición, el rey está exento de concurrir a una citación judicial, según el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las defensas de los principales acusados también solicitan que comparezca como testigo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, para que corrobore entre otros puntos si la intención del Gobierno catalán era abrir un proceso de negociación, como sostienen en sus alegatos. Puigdemont, no obstante, sería detenido si acepta acudir a testificar o si lo hace desde una embajada española, como recordó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en virtud de una orden nacional en vigor desde su huida a Bélgica.
También reclaman la testifical del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, para que detalle, entre otros puntos, por qué no activó las prerrogativas de la Ley de Seguridad Nacional y propuso declarar el estado de excepción o de sitio si creía que los independentistas estaban tramando un “desafío golpista”.
Otros testigos que solicitan las defensas son las del expresidente catalán Artur Mas; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y el lehendakari, Iñigo Urkullu, que tuvo un papel negociador clave, así como del mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, a la espera de ir a juicio por rebelión en la Audiencia Nacional.
En sus escritos, los acusados sostienen que no participaron en ningún alzamiento violento o tumultuario, porque no lo hubo, y denuncian que la causa a la cúpula del procés busca “escarmentar” a políticos “pacíficos” y “descabezar” al soberanismo porque no se comparten sus ideas.
En este sentido, apuntan que sus únicas armas eran las urnas y las papeletas, pese a que admiten que hubo como máximo actos aislados de “violencia activa y no simple resistencia pasiva” llevados a cabo por “unos pocos ciudadanos” el 1-O, donde la Policía y la Guardia Civil cargaron de forma “desproporcionada” hasta el punto de cometer “actos de tortura”.
Precisamente, el abogado Jordi Pina aseguró ayer que sus clientes, Sànchez, Rull y Turull, irán al Supremo a a demostrar que no cometieron ningún delito al “obedecer la voluntad popular” del 1-O. En la misma línea, el exconseller de Interior Joaquim Forn asegura que no interfirió en los Mossos d’Esquadra, a los que no dio ninguna consigna política ni operativa, ni alentó un “alzamiento violento” de los ciudadanos contra las fuerzas de seguridad del Estado. - D.N.
el ‘Pendrive’ que refuta la violencia
Imágenes y violencia. La defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez aportará una memoria con imágenes y vídeos del 1 de octubre de 2017 en las escuelas donde se votó en el referéndum. Su letrado, el penalista Jordi Pina, ha explicado en rueda de prensa que su intención es “completar el sesgo” de los informes, las imágenes y los atestados que ha aportado la policía durante la instrucción. El Tribunal Supremo deberá aceptar o no esa diligencia y el visionado de las imágenes. “Si la Guardia Civil aporta una foto de personas golpeándoles, aportamos 30 o 40 imágenes más de los ciudadanos donde previamente golpea la Guardia Civil”, dijo Pina.
Sin violencia no hay rebelión. Los acusados esgrimen su trayectoria en defensa de la cultura de la paz y los Derechos Humanos y parten de la base de que el movimiento independentista ha demostrado a lo largo de los años ser pacífico y cívico, hasta el punto de que, más allá de algún caso “aislado”, señalan, los únicos episodios de violencia que ha habido son los protagonizados por las fuerzas de seguridad del Estado con las cargas para tratar de impedir el 1-O. A diferencia de la Fiscalía, a la que acusan de “inventar” la violencia, los acusados argumentan que ni el 20-S ni el 1-O asumieron la posibilidad de generar un “estallido violento”.
Protesta pacífica. Uno de los epicentros de la acusación por rebelión recae en el cerco a la comitiva judicial que registró la consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017, donde miles de personas se concentraron para protestar por aquella operación contra el referéndum del 1-O. Los acusados niegan que se impidiese la actuación judicial, alegan que la concentración fue “legal, pacífica y festiva”, amparada por el derecho a la libertad de expresión, y denuncian el “sesgo ideológico” de la secretaria del juzgado de instrucción número 13, que efectuó un “relato apocalíptico” de lo ocurrido, pese a que la comitiva no sufrió “ningún rasguño”.
Violencia policial. Mientras los Mossos d’Esquadra, con el mayor Josep Lluís Trapero al frente, acataron la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el 1-O preservando la convivencia ciudadana, la Guardia Civil y la Policía actuaron con una “violencia indiscriminada”, incluso cometiendo “tortura” que ahora “encubre” la Fiscalía, según las defensas.
El 1-O. El referéndum fue la “única decisión de ejecución unilateral” en todo el procés y se convirtió en un “punto de no retorno” y en un “digno ejercicio colectivo de expresión política” que, según las defensas, escandalizó a Europa por la violencia policial. “Extraña rebelión -alegan los acusados- aquella en la que los ciudadanos, supuestos ejecutores de un alzamiento violento y tumultuario, blanden una papeleta como única arma y, al acabar la jornada, regresan pacíficamente a sus casas”.
DUI. Carles Puigdemont dejó en suspenso la declaración unilateral de independencia el 10 de octubre y el Parlament la aprobó mediante una resolución el 27 de octubre, que no fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat ni llegó a hacerse efectiva porque era una mera expresión de la “voluntad política” para generar un escenario de “negociación multilateral ineludible” entre Cataluña, España y la Unión Europea “basado en el respeto a los principios democráticos”, argumentan.
Diálogo. Insisten en que su empeño era dialogar y negociar en un marco democrático no violento, amparados en el derecho a la autodeterminación que creen que existe para Catalunya.
