pamplona - Las dudas sobre la legalidad de los mensajes públicos de Vox ya no son cosa de una parte de la ciudadanía y de algunos partidos políticos y agentes sociales. También las tiene el poder judicial y, aunque de manera oficial no ha movido ficha, altos representantes de la Justicia empiezan a asomar y a vigilar a la formación de extrema derecha.
El fiscal delegado del Tribunal Supremo (TS) para los delitos de odio y contra la discriminación, Alfonso Aya, alertó ayer de que algunos mensajes lanzados por el partido liderado por Santiago Abascal en temas como la inmigración alientan el discurso del odio al abrir la puerta a que se lancen consignas que representen un ataque contra colectivos minoritarios.
Junto a la derogación de las leyes de género e igualdad y la eliminación de la ley de memoria histórica, el endurecimiento de las leyes anti-inmigración son los principales caballos de batalla y objetivo de Vox. Y así lo han intentado en el acuerdo con el PP de Andalucía en la primera ocasión que han tenido para hacerlo efectivo, aunque finalmente han visto rebajadas sus exigencias especialmente en lo referente a la violencia machista.
En política de inmigración, el listado de exigencias de Vox para apoyar la investidura de Juanma Moreno pedía que la Junta de Andalucía denunciase a los inmigrantes que, según los registros autonómicos, se encuentren en situación irregular, alrededor de 52.000 según sus cálculos. Con este objetivo, solicitó la colaboración de la administración regional “en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”.
El Partido Popular y Vox comparten un mismo enfoque acerca del objetivo de las medidas sobre inmigración de un futuro Gobierno andaluz: promover “la cultura occidental y vincularlas al mercado laboral”. De este modo, ambas formaciones acordaron que la próxima Junta de Andalucía, presidida por Moreno, envíe a la Policía española datos de los inmigrantes en situación irregular que acudan al médico con la finalidad de expulsarlos, como exigió el partido de extrema derecha este martes.
En su programa electoral, el partido ultra reclama la deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen que, según sus cálculos ascienden a día de hoy a 52.000 personas; y la de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave. Asimismo, el alto representante de la Fiscalía pide acabar con el efecto llamada y para ello sostienen que cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en el Estado español estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración.
La formación de Abascal arrancó al PP un compromiso para evitar todas “aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada” así como un apoyo material, humano y documental a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada “la protección de las fronteras, garantizando así una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultural occidental, vinculada siempre al mercado laboral”.
mensajes amenazantes No es que los propios mensajes del partido de Santiago Abascal sean constitutivos de un delito de incitación al odio, algo que el fiscal descarta en una entrevista con la agencia Efe, sino que estos pueden dar pie a pensar que estamos “en un campo abierto” donde todo vale. Y aunque algunos ciudadanos reaccionan en contra de los mismos, admite el fiscal delegado, otros sin embargo actúan “dando consignas que sí que pueden suponer un ataque a los colectivos que se trata de proteger”.
Un escenario donde se abren “las puertas hacia un terreno desconocido” en el que pueden proliferar mensajes amenazantes contra grupos vulnerables que representen un verdadero riesgo para su integridad, como es el caso de la inmigración, pero también el de las mujeres que sufren la violencia machista o las personas del colectivo LGTBI a las que se les niega un trato de igualdad.
Lo que realmente preocupa al responsable de la Fiscalía en la lucha contra los delitos de odio son las manifestaciones de los responsables políticos contra determinados tipos de campañas. Cuestionado sobre si es legítimo que una fuerza política diga que los inmigrantes están quitando trabajo a los nativos españoles o están colapsando los servicios sociales, el fiscal sostiene que “esto será cierto o no pero no puede considerarse delictivo”. En cualquier caso, Aya matiza que si esos mensajes suponen un ataque a un colectivo minoritario o dicen “que son los responsables de la delictividad” o lanzan una campaña en la que se fomente el odio respecto de ellos, “esto sí que puede ser constitutivo de delito”.
El fiscal del Tribunal Supremo considera que ese tipo de mensajes o actuaciones merecerían un castigo penal. No obstante, precisa que las penas siempre deberían ser “proporcionales” a la gravedad del delito y a las circunstancias en las que se ha cometido, como el contexto en el que se han producido las manifestaciones y la difusión que se les han dado.
Esta misma semana el número dos de Vox, Javier Ortega Smith, ha negado que el suyo sea un “partido xenófobo” y reprochó a quienes les critican que “los que nos acusan de ello omiten que solo estamos en contra de la inmigración ilegal”.
