pamplona - UPN va a solicitar a través del Parlamento foral que el Consejo de Navarra emita un dictamen en relación con la licitación por parte del Gobierno de Navarra de la Encuesta de Condiciones de vida, después de que un informe encargado a técnicos juristas por parte del partido regionalista les haya dado la razón en que el proceso, a su juicio, ha sido ilegal.

Así lo anunció ayer Javier Esparza, presidente de UPN, quien volvió a acusar al Gobierno de cometer ilegalidades al “excluir” a “todas las empresas y trabajadores navarros de concurrir a esa licitación”. “Se incluyó como requisito de solvencia que el 50% de la plantilla estuviera en posesión del C1 de euskera. El informe jurídico del que disponemos coloca en una situación de ventaja a empresas del País Vasco, donde existen empresas que ya disponen de ese perfil”, indicó, enarbolando un informe del que se resistió a dar detalles -hubo que formular varias preguntas para que, finalmente, admitiese que el informe ha sido pedido por UPN a unos juristas que no detalló- y que “viene a decir que es ilegal todo el proceso” y que “no es proporcional pedir el 50% de la plantilla con C1 en una Comunidad donde hablan euskera el 7%”. “Vamos a solicitar un dictamen al Consejo de Navarra para que analice esta cuestión y, en su caso, confirme lo que entendemos que es ilegal”, concluyó.

aranburu Se trata de otra polémica estéril alimentada sólo por UPN, y a la que ya ha contestado en varias ocasiones el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu. En el pleno del pasado día 24, Aranburu recordó que en 2013, UPN exigía el 100% de bilingüismo en los encuestadores, y que ese año la adjudicación se la llevó una empresa de Bizkaia. Asimismo, Aranburu especificó que en 2017 no se exigió tener el C1 de euskera y no se presentó nadie, y este año sí que se ha exigido se ha presentado una empresa de Madrid. “No quiera hacer ver que se dirigió una adjudicación”, reprochó el consejero a UPN. - D.N.