Pamplona - Habrá elecciones generales el 28 de abril, y Navarra se quedará sin ver cumplidas las promesas que Pedro Sánchez hizo desde la Moncloa. Quedan todavía varias semanas en las que el Gobierno central podría acelerar los trámites pendientes, como tiene previsto hacer con otros compromisos vía decreto ley. Pero nada hace pensar que lo vaya a hacer porque, en el fondo, el PSOE nunca mostró muchas ganas de cumplir. De esta forma, la gestión de tráfico, las inversiones sostenibles, la renovación del Convenio Económico y las grandes infraestructuras quedan ya para la siguiente legislatura. Y vistos los programas de algunas fuerzas políticas, la disposición con Navarra del próximo Gobierno de España puede no ser la que había hasta ahora.
Fue el 31 de octubre cuando Pedro Sánchez se comprometió con la presidenta Uxue Barkos a devolver a Navarra la gestión exclusiva de tráfico y seguridad vial. Una competencia histórica que el franquismo retiró en 1962, y que iba a ser completa antes de mayo. En enero se debía reunir la Junta de Seguridad y en febrero la Junta de Transferencias para que todo el trámite administrativo concluyera antes del final de la legislatura en Navarra. Pero que por motivos burocráticos y políticos se ha venido ralentizando de forma continua.
Según explicó la consejera Beaumont tras reunirse con la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, el pasado 30 de enero, todo estaba a expensas de un informe de la DGT sobre los medios materiales y humanos a transferir a Navarra. Luego, solo quedaría recabar el criterio del Ministerio de Hacienda sobre la forma en que afecta el traspaso a la relación financiera entre administradores. Y no parece que el Ministerio del Interior esté por la labor de acelerar ahora unos trámites en los que pese al compromiso presidencial nunca ha parecido estar demasiado interesado. El propio delegado del Gobierno central en Navarra se encargó de enfriar las expectativas hace unas semanas señalando sus “dudas” sobre su posible materialización.
Algo similar ocurre con las inversiones financieramente sostenibles que el Gobierno foral quería acometer con el superávit de 2017, logrado precisamente por la devolución del dinero que había pagado de más al Estado los años anteriores. El Gobierno socialista sin embargo sólo autorizó 35,5 de los 113 millones previstos, la mayoría para los ayuntamientos. Los 77,5 restantes quedaban pendientes de una nueva autorización que, según el PSN, se iban acometer este año una vez fijados criterios más flexibles en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que iba a permitir una inversión adicional cercana a los 40 millones este 2019.
Pero la flexibilización de las normas de austeridad no solo no han llegado, sino que han sido endurecidas al eliminar del proyecto de presupuestos de 2019 la disposición que permitía reinvertir el superávit. Rechazad el proyecto de gastos, todavía queda margen para que el Ministerio de Hacienda autorice las inversiones con una interpretación abierta de los presupuestos prorrogados. Pero no parece lo más probable con el Gobierno en funciones.
La renovación del Convenio Las inversiones quedan así pendientes de la autorización del próximo Gobierno de España. Y teniendo en cuenta que el doble proceso electoral, más la conformación de los distintos gobiernos central, autonómicos y municipales, no se completará hasta bien entrado el verano, cualquier negociación con Madrid queda postergada ya hasta finales de año. Y eso en el mejor de los casos.
Será ahí donde Navarra se va a encontrar con uno de los escollos fundamentales. La actualización del Convenio Económico y los criterios para fijar la aportación en el quinquenio 2020-2024 es seguramente el reto principal que va a tener Navarra a medio plazo. La anterior negociación, la referente al quinquenio 2015-2019, no se firmó hasta finales de 2017. Un retraso que supuso grandes problemas financieros para Navarra, que tuvo que afrontar entre 2015 y 2017 un sobre pago anual superior a los 100 millones.
Cifras que el Gobierno de Navarra quería tener avanzadas este año para poder aprobar el nuevo quinquenio en tiempo y forma a finales de este 2019 o principios del que viene. Sin embargo, las nuevas condiciones habrá que pactarlas ahora con el Ejecutivo central que salga de las urnas. Y para eso será necesario, primero, que logre la investidura, lo que vista la fragmentación política no será sencillo, y después que nombre los cargos orgánicos en los distintos ministerios. Sirva como referencia que ocho meses después de la moción de censura el Gobierno de Sánchez todavía no ha nombrado a sus representantes en la Comisión Coordinadora del Convenio. Un precedente que augura una prórroga indefinida de las actuales condiciones.
El problema añadido es que partidos como Ciudadanos o Vox, que abiertamente hablan revisar al alza la aportación al Estado (Albert Rivera) o directamente de suprimir el régimen tributario propio, pueden tener un papel protagonista en el próximo Gobierno de España, si no directamente cartera ministerial. Y aunque no parece probable que ningún ministro se atreva a plantear la supresión del régimen foral -al menos sin abrir una grave crisis institucional entre el Estado y Navarra-, sí que augura una negociación difícil a partir del 28 de abril.
Sin infraestructuras La legislatura en España termina también sin que se hayan producido avances significativos en las grandes infraestructuras que tantas veces han prometido PP y PSOE. En lo referente al TAV, apenas se ha avanzado en el tramo entre Villafranca y Olite, donde se han vuelto a meter las máquinas después de cinco años de obras totalmente paralizadas.
Sin embargo, sigue pendiente de concretar el nuevo enlace ferroviario de Navarra con la Y Vasca, así como la situación en la que quedarán el bucle de Pamplona, el puente de Castejón, la estación de Tudela o la propia conexión con el Mediterráneo por Zaragoza. Todo sigue en el aire prácticamente como estaba al inicio de la legislatura en 2015. Lo que convierte en una broma de mal gusto el anuncio que hace poco más de un año hizo el ministro del PP, Íñigo de la Serna, cuando prometió que todo el corredor estaría finalizado para 2023.
Queda por ver qué ocurre también con el Canal de Navarra. Canasa debe decidir en las próximas semanas con qué tipo de infraestructura se construirá la segunda fase del Canal de Navarra. Los informes técnicos se inclinan por soterrar dos tuberías, construidas en plazos separados para diferir su coste tanto para las administraciones como para los usuarios. Una opción que sin embargo critica la oposición en Navarra, que reclama la construcción íntegra de ambas tuberías, aunque suponga un mayor esfuerzo económico ahora. Así que, en medio de la confusión electoral, es posible que el Gobierno socialista aparque el debate y opte por evitar el desgaste político aun a costa de retrasar, un poco más, la infraestructura.
