pamplona - El Gobierno ofreció a Carles Puigdemont simular un referéndum como alternativa al 1-O. Después de que el 9-N de 2014 a Artur Mas y varios de sus consellers se les judicializara el proceso participativo que gestó tras la imposibilidad de realizar una consulta efectiva, el Ejecutivo de Mariano Rajoy propuso al ahora president en el exilio orquestar algo parecido en sitios no afectados por la resolución judicial como la plazas de los municipios. “Podía haber simulado ese referéndum en lugares que no estaban recogidos en el auto de las magistrada, en las plazas o en lugares abiertos donde no se fuese en contra del mandato judicial. No hubo el mínimo interés y, al contrario, vimos que había determinación absoluta de sostener y mantener el 1-0”. Lo deslizó ayer en su testifical José Antonio Nieto, en la actualidad portavoz del PP en el Parlamento andaluz y secretario de Estado de Seguridad durante el otoño de 2017. “Se intentó buscar una solución que no fuese renunciar a la legítima reivindicación política de esos dirigentes. Pero sin que supusiese un incumplimiento de la ley o un delito. Y no lo conseguimos”, se explayó. O lo que es igual, Moncloa quiso gestar un sucedáneo sin carácter vinculante para que el Govern se dedicara a contentar al secesionismo, algo que Puigdemont rechazó de plano.
Quien fuera número dos de Interior describió que antes, durante y después del referéndum hubo “actos violentos” y, tras muchos de ellos, su Ministerio creyó ver la actuación de “grupos organizados” que llegaban incluso antes que la Guardia Civil a los lugares donde se iban a producir registros. El ex secretario de Estado cargó toda la responsabilidad en los Mossos, ya que a su juicio se alinearon con la Generalitat para permitir el 1-O y se desentendieron del operativo policial acordado con Moncloa para abordar la jornada. Nieto consideró que si la Policía catalana habría cumplido el plan previsto para impedir el referéndum, éste no se habría celebrado, y aseguró que ya en las reuniones previas de coordinación se vio que la posición de los Mossos, sobre todo del exjefe Josep Lluís Trapero, acusado de rebelión en la Audiencia Nacional, era de “alineación” con el Govern.
En su discurso calificó de “surrealista” la reunión de la Junta de Seguridad presidida por Puigdemont que se celebró el 28 de septiembre. “No nos trasladaron nada que tuviera que ver con el plan operativo, sobre cómo se iban a disponer las fuerzas y sí nos trasladaron permanentemente excusas que justificaran que no se iba a hacer”, afirmó. “Puigdemont nos trasladó que el bien supremo a proteger es la convivencia ciudadana. Nosotros le respondemos que había que proteger el cumplimiento de la ley”, se explicó Nieto, tildando la actuación de los Mossos de “insuficiente, ineficaz y en algunos casos respondía al objetivo de dar apariencia de normalidad a algo que no era normal, porque fue prohibido por el Tribunal Constitucional”. Por ello, aclaró, Interior optó por ordenar a la Policía y a la Guardia Civil que actuaran por su cuenta para cerrar los colegios. Nieto asumió esta decisión como suya. “Y ordené que se pusiera en marcha el dispositivo”.
“No era un problema de personas votando, sino de personas con un objetivo añadido: impedir que la Policía o la Guardia Civil hicieran su trabajo”, se excusó sin reconocer como cargas el proceder de los agentes. “Se usó la mínima fuerza imprescindible”, sostuvo pese a la evidencia de las imágenes. Según él, no hubo “cargas policiales” sino “empleo de la fuerza” por parte de agentes. “En algunos casos de forma llamativa”, tuvo que admitir. Relató una conversación con Trapero en el que le preguntó qué haría de haber coches destrozados de los Mossos y agentes suyos encerrados en un edificio sin poder salir. “Me dijo que si había niños y mayores no intervendría”, zanjó Nieto. “En Catalunya se dio la vuelta a la realidad”.
impide preguntar respecto al 1-O
En la declaración de Torrent. Uno de los momentos más tensos de ayer se vivió durante la declaración de Roger Torrent. En concreto, cuando llegó el turno de preguntas para las defensas y el juez Manuel Marchena mantuvo una discusión con el abogado Andreu van den Eynde, al intentar éste interpelar sobre el 1-O y el 20-S. El magistrado dijo que eran temas que no habían sido abordados por la acusación en la cuestiones formuladas al president del Parlament y que había que respetar el principio de contradicción. “Voy a formular entonces protesta y a decir las preguntas en alto para que quede constancia”, exclamó el letrado. También el letrado Jordi Pina dejó constancia en acta de la protesta por este hecho, así como la abogada Marina Roig. Marchena replicó alegando que si tanto interés tenían en preguntar a Torrent, deberían haberlo “pedido como testigo”.
