El euskera ha sido un campo de batalla político, sindical y judicial. Pese a que la filosofía de Euskarabidea y del propio acuerdo programático de los cuatro partidos que apoyan el cambio tendía a rebajar la tensión y basar los cambios en la voluntariedad, pragmatismo y gradualidad, lo cierto es que ha sido una legislatura hiperbólica basada en un cruce de opiniones e ideas fuerza frente a datos y reflexiones. Desde el primer momento la derecha vio este campo como una de sus prioridades para el bombardeo ideológico. El PSN quizá no ha tenido la suficiente personalidad para desmarcarse de este juego -aunque al menos no boicoteó la ponencia sobre la nueva ley como hicieron UPN y PPN- mientras que desde las filas del cambio, más allá de algunos déficits de forma y tiempo -especialmente en el ámbito municipal- y algunas divergencias parlamentarias el principal mérito es haber mantenido una postura coherente en un tema sensible del que se ha derivado una política lingüística bastante tamizada y centrada de salida que ha recibido unas críticas un tanto desproporcionadas. El principal reto pendiente por ese lado para la próxima legislatura es tratar de ensanchar la base del consenso mínimo para asentar una política lingüística duradera. Eusko Ikaskuntza realizó un interesante trabajo en Iruña en este sentido que ha sido publicado en su web. Pero para eso debería haber una voluntad compartida y no parece fácil a la vista de una serie de polémicas artificiales alimentadas en ocasiones sobre falsedades o exageraciones durante estos cuatro años.

Pai/modelo d: “quieren quitar el inglés para imponer el euskera” El curso político arrancó con una polémica ya superada pero que ocupó mucho tiempo y espacio. En el acuerdo programático se incluía la necesidad de revisar la extensión del PAI, el programa de intensificación en inglés puesto en marcha en legislaturas anteriores, inicialmente para revitalizar la red pública y luego asumido también por la concertada. La demanda social es incuestionable pero muchas voces en otras autonomías, que no viven esta polémica con lenguas propias como Madrid, también se estaban cuestionando, desde un enfoque pedagógico, si estas fórmulas de inmersión en inglés no podían provocar una rebaja de la calidad de los contenidos o más desigualdad social. Los hechos han demostrado que este programa ha seguido luego para adelante (se han incorporado 6 nuevos centros de manera voluntaria hasta llegar a 116), algo totalmente compatible con que también se aumentaran los centros en la zona no vascófona (donde se podía estudiar en inglés pero no en euskera en la red pública) en una decena. Más aún, así como hoy en día resulta difícil elegir un colegio de modelo G en el que la enseñanza en inglés no sea obligatoria nadie está obligado a estudiar en el modelo D en ninguna parte de Navarra porque hay otras opciones. Además existe el PAI D (modelo D con intensificación en inglés) y la fórmula trilingüe de las ikastolas, con lo que esta dicotomía o enfrentamiento entre inglés y euskera no tenía sustento más allá que en su día, justamente desde el gobierno de Barcina, se explicitó la segunda intención de usar el ingles para “frenar” el ascenso del euskera.

ope: “Sin euskera no se va a poder trabajar en navarra” Aún reconociendo que el ámbito laboral en general y de la Administración en particular es muy sensible porque pueden cruzarse dos derechos básicos (el de los ciudadanos a ser atendidos en la lengua que quiera y el de los aspirantes a un puesto de trabajo a optar en igualdad) lo cierto es que este tipo de mensajes no tienen una base real general a no ser que se tome la parte por el todo. El porcentaje de puestos públicos en los que se exige el euskera como requisito es ínfimo en el conjunto de la administración y, con el nuevo decreto, deberían estar justificados, priorizados y negociados en función de la labor que van a desempeñar. Además la norma garantiza que ningún funcionario que ocupe un puesto bilingüe tendrá que dejarlo a no ser que se pida un traslado o se jubile, con lo que el proceso es gradual. Otra cuestión es que en las nuevas Ofertas Públicas se considere que es necesario ampliar este tipo de puestos para cubrir este déficit de plantilla bilingüe y atender al público (un funcionario que habla dos idiomas puede dar dos servicios), de lo que se deriva que en ocasiones haya OPE con un porcentaje superior a 12% de euskaldunes que la oposición pone como referencia de “realidad sociolingüística”. Una referencia que en cambio no utilizan para evidenciar por su parte la falta de servicio público en esa lengua con sólo un 1% de funcionarios. La cuestión de la valoración de los méritos es otro tema. En este caso ha habido un reforzamiento del peso del euskera, pero nunca por encima de otros conceptos como la titulación o la experiencia y en todo caso para recuperar terreno sobre lo que cuenta saber inglés, alemán o francés, que valían más que una lengua propia en casi 2/3 de Navarra. Más allá de que haya podido haber excesos o cuestiones sin lógica en algún caso, en términos generales detrás de la valoración de una OPE se supone que hay un estudio de necesidades. En el caso de las plazas docentes hay que tener en cuenta que las necesidades de profesorado futuro se centran en perfiles de euskera y de inglés (no sólo de castellano), pero esas plazas pensadas para el PAI no puede salir con requisito de inglés a OPE por una limitación de legislación estatal al ser lengua extranjera, por lo que a veces se dan proyecciones interesadas.

demografía: “la política lingüística divide a la sociedad navarra” Hay una tendencia interesada hacia presentar también en materia lingüística Navarra como una sociedad dividida e incluso enfrentada. Sin embargo, la sociedad actual es mucho más líquida de lo que se suele afirmar y no hay dos comunidades lingüísticas estancas. Hay navarros y navarras que solo hablan castellano, otros que hablan castellano y euskera según los contextos... Y a esto las nuevas generaciones traen “de fábrica” el inglés y, en ocasiones, el francés. Las lenguas en Navarra suman... El concepto clave es el plurilingüismo. La convivencia lingüística. Es cierto que el castellano es la lengua mayoritaria, pero esto no da patente -como ha sucedido durante décadas-, a que no se reconozcan los derechos lingüísticos de la minoría (de 124.000 personas y en crecimiento, ya que el modelo D llega a uno de cada tres alumnos) o sean presentados ahora como “privilegiados”. Datos y normativas no avalan la tesis de que el pez chico se esté comiendo al grande y apuntan a proteger a la lengua “en riesgo”, según Europa.