ratifica su acusación por rebelión

La Fiscalía pide aplazar el tercer grado a los líderes del ‘procés’ si son condenados

El Ministerio Público ratifica su acusación por rebelión y las penas de cárcel, de hasta 25 años para Junqueras

09.02.2020 | 12:21
Los dirigentes soberanistas en prisión preventiva, juzgados en el Tribunal Supremo.

pamplona - La Fiscalía ha mantenido las penas de prisión contra los 12 líderes soberanistas al considerar acreditada la rebelión con la malversación y ha pedido que si son condenados no se les aplique el tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitat aplicar beneficios antes de tiempo. 16 semanas después de comenzar el juicio del procés y una vez practicada toda la prueba, el tribunal escuchó ayer las conclusiones definitivas que han elevado acusaciones y defensas.

No hubo sorpresas. Como ya se había anunciado previamente, la Fiscalía no se movió un ápice de las conclusiones provisionales al entender que no hay razón para modificar ni los delitos ni las penas de prisión, que se mantienen invariables. Pide así 25 años de prisión para Oriol Junqueras por rebelión agravada por malversación como líder del procés y 16 años para cada uno de los exconsellers presos por los mismos delitos, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa.

A los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell -también encarcelados- solicita 17 años por rebelión, penas más elevadas que los exconsejeros presos al considerarles promotores; mientras que para los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila plantea 7 años por malversación y desobediencia.

Tampoco varió su posición la Abogacía del Estado que acusa por sedición, malversación y desobediencia. Las penas quedan igual. Mientras la acusación popular que ejerce Vox retiró a Santi Vila la acusación de organización criminal y malversación y tan solo lo acusa de desobediencia, que no conlleva pena de prisión sino de inhabilitación. Con el resto de acusados no hay cambios.

En un plano más técnico pero no menos importante, la Fiscalía pidió al tribunal que aplique el artículo 36.2 del Código Penal para que en caso ser condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitat de Cataluña -donde cumplirían la condena al tener competencias en materia penitenciaria- excarcelarlos o aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.

Todo ello viene recogido en su escrito de conclusiones, que deberá exponer el martes junto al resto de acusaciones, en el que para reforzar la rebelión, añade la mención al clima "claramente insurrecional" que se vivió en Cataluña del 19 de septiembre al 27 de octubre. Y de manera destacada da credibilidad a la versión de la Prefectura de Mossos sobre la reunión con Puigdemont, Junqueras y Forn del 28 de septiembre de 2017 al considerar que les advirtieron de que "era altamente probable que se produjeran situaciones violentas" ya que se esperaba una "enorme movilización", que podría propiciar "enfrentamientos" con la policía, que tenía el mandato judicial de impedir la celebración del referéndum, de manera que pidieron que desconvocara la votación.

Como era de esperar, las defensas se ratificaron también en la libre absolución de los acusados al considerar que no han cometido delito y que no hubo violencia ni actuación que ampare ni la rebelión ni la sedición. Tan solo introdujeron un matiz por el cual plantean de manera subsidiaria y alternativa la eximente prevista en el Código Penal, que establece que estará exento de responsabilidad criminal "el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo".

Aunque las conclusiones de las partes se llevaron el protagonismo, en realidad la jornada estuvo centrada en los centenares de vídeos de las defensas: patadas de agentes a votantes, uso de defensas por encima de la cabeza, policías gritando a por ellos en un autobús y multitud de imágenes de Sànchez negociando en la consellería de Economía el 20-S. - D.N.