pamplona - La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha abierto juicio oral al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, a otros ex altos cargos y a varios empresarios por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de F1 de la capital valenciana, según consta en un auto de la magistrada. La jueza ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita. Sin embargo, la acusación particular, la Abogacía de la Generalitat, sí presentó escrito de acusación con una petición de casi ocho años de prisión para el expresidente por malversación y tráfico de influencias, así como cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Este órgano de control pedía la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más, como así lo ha acordado finalmente la instructora. También ha tomado esta decisión con respecto a las empresas Typsa, Ayesa, Hormigones Martínez, FCC y CYES como responsables civiles subsidiarias.
En su escrito de acusación, para Camps, la Abogacía solicita en concreto una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de caudales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.
La Abogacía presentó este escrito de acusación preventivamente contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora rechazó y esta acusación recurrió debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió que no tenía el “criterio técnico suficiente” para evaluar determinados aspectos. Así, la Abogacía decidió no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al extitular de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
En el auto de procesamiento de la jueza, esta exponía que la construcción del circuito fue una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostenía que Camps “capitaneó” al resto de procesados para obtener un “rédito político y personal” como “máxime artífice” de un evento de interés mundial.
La Abogacía de la Generalitat realizaba un desglose de las distintas inversiones y las cifraba en 98.674.484 euros. De este montante, considera no recuperables 55,7 millones, y fija en la parte recuperable por la vía prevista en el convenio con el Ayuntamiento en 34,5 millones. - D.N.
