tribunal constitucional

El TC archiva definitivamente el recurso del Gobierno de Rajoy a la Ley de Víctimas Policiales

El Gobierno vasco critica que Ciudadanos, que "no tiene un solo escaño" en el Parlamento Vasco, haya recurrido esta ley

09.02.2020 | 19:00
Los líderes de Ciudadanos Albert Rivera e Inés Arrimadas, durante la reunión de la Ejecutiva celebrada ayer.

GASTEIZ.  El Tribunal Constitucional ha archivado de forma definitiva el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, a la denominada Ley de Víctimas Policiales del Gobierno vasco.

Esta decisión se produce después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez desistiera de este recurso tras llegar a un acuerdo con el Gabinete de Iñigo Urkullu que implicó una modificación de la ley.

Según han informado fuentes del Ejecutivo autónomo, el pleno del alto Tribunal ha comunicado este martes que da "por desistido al Gobierno de la Nación en el recurso de inconstitucionalidad" y declara "extinguido" el proceso.

Además, deniega la personación en el recursos de inconstitucionalidad de la Asociación Dignidad y Justicia y de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Quedaría, por tanto, pendiente el recurso al Tribunal Constitucional de Ciudadanos a la reforma de varios artículos de la Ley aprobada por el Parlamento Vasco.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha considerado un "dato bueno y positivo" que el TC haya decidido "archivar sin más trámite" este procedimiento.

Preguntado sobre si este archivo pueda suponer un precedente para el futuro del procedimiento abierto por Ciudadanos, Erkoreka ha rechazado "prejuzgar" la actuación del TC pero ha insistido en que los "retoques" incorporados a la redacción original de la ley como consecuencia de las modificaciones que tuvieron lugar en la segunda ley aprobada por el Parlamento Vasco, "estaban concebidos para asegurar la invulnerabilidad" de la ley desde el punto de vista jurídico.

Según ha explicado, los cambios introducidos buscaban "asegurar, sin ningún tipo de duda, su constitucionalidad y que en el supuesto en que el Constitucional optara por pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo hiciera de forma favorable a su constitucionalidad".

"Estas modificaciones perseguían este objetivo. Estamos convencidos que aunque el TC se pronunciara sobre este asunto, lo haría en términos favorables a la constitucionalidad de la ley porque cuidamos mucho limar los aspectos que mayor riesgo pudieran ofrecer desde ese punto de vista", ha reiterado.

Asimismo, ha destacado que el recurso admitido a trámite esta semana fue interpuesto por "50 diputados de Ciudadanos", formación que no consiguió "ni un solo escaño" en la Cámara vasca y ha defendido que "no es muy liberal interferir o condicionar la producción legislativa de órganos en los que no se tiene ninguna representación".

"Es una ley que cuenta con amplísimo respaldo parlamentario en Euskadi y que cuenta con los avales jurídicos suficientes para salvar su constitucionalidad ante la eventualidad del recurso", ha señalado.

También ha recordado que la ley seguirá en vigor y el Gobierno vasco la aplicará "en todo sus contenidos", hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional.

TRAMITACIÓN

El Parlamento Vasco aprobó en abril la reforma de la Ley de reparación de víctimas de abusos policiales, una modificación impulsada por el PNV y el PSE-EE para zanjar las dudas sobre la constitucionalidad de la ley original. La modificación salió adelante con el apoyo de 'jeltzales' y socialistas, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos se abstuvieron y el PP votó en contra en contra.

La reforma de la Ley aprobada por el Parlamento, destinada a reconocer y reparar a los damnificados por abusos cometidos por las fuerzas policiales o parapoliciales entre 1978 y 1999, fue fruto de un acuerdo alcanzado en agosto del pasado año por los Gobiernos central y vasco.

A través de dicho acuerdo, el PSOE aceptó retirar el recurso presentado en su día por el gabinete de Mariano Rajoy contra la Ley original, al entender que invadía competencias de los Tribunales de Justicia.