pamplona - El Gobierno de Navarra cree que todavía hay margen para negociar con el Ejecutivo central la retirada del recurso contra ocho leyes del Fuero Nuevo, el Código Civil navarro que durante la legislatura pasada fue objeto de una profunda reforma progresista -estaba sin tocar desde que Franco lo sancionó en 1973-.

Así lo aclaró ayer el vicepresidente, Javier Remírez, quien en la rueda de prensa posterior a la sesión semanal del Gobierno reaccionó a la noticia de que Madrid había decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional ocho artículos del Fuero Nuevo, al entender que algunas de las reformas se pueden entrometer en cuestiones jurídicas en las que Navarra no tiene exclusividad. Hay quien ha visto en el recurso un mal comienzo: la noticia emana del primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que se estrena denunciando una ley foral aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra. Pero si bien "no es una buena noticia", como asumió el propio Remírez, hay que "desdramatizar" un episodio que no se parece a otros recursos anteriores, en los que sí podía verse una mayor intencionalidad política en el Gobierno central de turno. De hecho, Remírez confió en que pueda haber margen para llegar a un acuerdo con el Estado, con el que lleva evaluándose la ley varios meses y con el que Navarra quiere "seguir dialogando desde la defensa firme del autogobierno", como dijo Remírez.

Para empezar, el recurso es puramente técnico. El Gobierno todavía no ha recibido el informe detallado con la denuncia y su justificación, pero sí sabe que el recurso se extiende sobre ocho leyes de las 596 que componen el nuevo Fuero Nuevo. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de reformas -bastante ambiciosas en algunos casos- están intactas y además cuentan ya con el aval del Estado. Los recursos sobre las leyes 72 (sobre el régimen de habitación de los menores); 471 (pacto anticrético); 483 (reserva de dominio); y 544 (inscripción registral) son meramente jurídicos y tienen margen de corrección. Lo mismo para las leyes 11 y 12, donde al Estado le chirría que se hable de "paridad de ordenamientos". Con la 511 (cesión de créditos) hay dudas sobre si no se invade la legislación sobre bases contractuales -exclusiva del Estado, según la Constitución-. Y la única polémica puede darse con la ley 495, que estipula en Navarra la dación en pago. Desde un punto de vista político, choca que un gobierno denominado progresista recurra una medida ampliamente respaldada por la sociedad, y a la que solo se han opuesto los bancos. Pero habrá que conocer la motivación concreta que ha llevado al recurso.

De hecho, Remírez se refirió ayer a la denuncia como un "recurso mecánico" por parte del Estado, que lo ha interpuesto al ver que se acababa el plazo y seguía existiendo discrepancia con Navarra en algunos puntos. En cualquier caso, Remírez manifestó su disposición a seguir dialogando con el Estado para llegar a un acuerdo "para que pueda ser retirado el recurso". "Esa es la vía que utilizaremos y ahora es lo que trataremos hacer", zanjó.

reunión con sánchez

Peticiones de Chivite. Rémirez dio a conocer cuáles serán las prioridades que trasladará Chivite a Sánchez: competencias pendientes, tasa de reposición y relajación de las leyes de austeridad en Navarra, comunidad cumplidora.