- La Ley de Seguridad Ciudadana conocida como ley mordaza cumple este hoy cinco años sin cambios y siendo más utilizada que nunca, tras su entrada en vigor el 1 de julio de 2015. En la moción de censura que le llevó a La Moncloa en 2018, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “urgente” la reforma de la ley de seguridad ciudadana, pero la ley cumple hoy un lustro más activa que nunca, después de servir en los primeros 75 días del confinamiento para proponer 1.089.917 multas, 13.031 de ellas en Navarra, según informó ayer el diario El País.
Varios han sido los intentos por derogarla o reformarla desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la sacara adelante en 2015, pero lo cierto es que durante la crisis sanitaria se ha convertido en el pilar fundamental utilizado por el Ministerio del Interior para sancionar a los que infringían el confinamiento.
Dos adelantos electorales, una legislatura fallida y la crisis sanitaria mantienen viva una ley de la que varias veces se ha anunciado su fin. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la sacara adelante en 2015 gracias a la mayoría absoluta que tenía entonces en el Congreso, varios han sido los intentos para derogarla o, al menos, reformar sus aspectos considerados más lesivos.
En aquel momento, los partidos en la oposición, con el PSOE a la cabeza, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra numerosos preceptos de la ley en línea con la contestación social que generó por el recorte en los derechos fundamentales que suponía.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado, entre otros motivos por las dificultades para que los magistrados del sector progresista y los del conservador alcancen un acuerdo para un fallo por unanimidad en los puntos más polémicos de la norma.
El ámbito judicial no es el único en el que ha habido obstáculos. Tras la moción de censura, los grupos parlamentarios aceleraron los trabajos en el Congreso para llegar a una reforma consensuada. En noviembre de 2018 se comenzó a estudiar a partir de un texto elaborado por el PNV, al que el resto de grupos presentaron más de 200 enmiendas.
En las tres reuniones de la ponencia, los partidos consiguieron alcanzar un principio de acuerdo. Sin embargo, la disolución anticipada de las Cortes que desembocó en las elecciones del 28 de abril del año siguiente impidió plasmarlo en una reforma.
El resultado electoral de aquella cita, que obligó a convocar nuevos comicios en noviembre, ha llevado la posible reforma hasta la actual legislatura. El acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos incluía el compromiso de aprobar una nueva norma para sustituir a la ley mordaza. Pese a ello, la crisis sanitaria no solo ha postergado la derogación, sino que ha revitalizado una norma al convertirla en el pilar esencial utilizado por el Ministerio del Interior para sancionar a los que burlaban el confinamiento.
Entre el 14 de marzo, día que se decretó el estado de alarma, y el 1 de junio -último día con estadísticas oficiales que recojan datos de todos los cuerpos policiales- las propuestas de multas fueron 1.089.197. Una cifra que supone un incremento del 42% respecto a las 765.416 que se impusieron entre 2015 y 2018.
En su comparecencia en el Congreso del 23 de abril, Fernando Grande-Marlaska reiteró el compromiso del Gobierno de derogar la ley mordaza, aunque advirtió de que “hay artículos que siempre tendrán que estar en la próxima ley”, en referencia, precisamente, al artículo 36.6, que permite sancionar por falta grave las desobediencias a las fuerzas de seguridad.
61
Amnistía Internacional denunció ayer 61 casos de abusos a personas a las que, según la organización, se ha vulnerado sus derechos durante el estado de alarma.
El Gobierno niega abusos. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, negó ayer que durante el estado de alarma se haya aplicado de manera abusiva la Ley de Seguridad Ciudadana y aseguró que los derechos y las libertades de los ciudadanos se han mantenido “absolutamente impecables e íntegros” en esa etapa.
