Distensión sin solución

28.09.2020 | 00:25
Los presos soberanistas catalanes, en una imagen captada en la cárcel de Lledoners donde cumplen condena por delito de sedición.

El tercer aniversario del referéndum del 1-O llega con el foco puesto en dar respuesta desde Moncloa a la situación de los presos pero sin resolverse el conflicto territorial. "La falla, subyacente, puede volver a emerger", auguran los expertos

Las urnas sobrevuelan el tercer aniversario del 1-O pero, lejos de reeditar un referéndum, aguardan para escoger un nuevo Parlament donde el independentismo, aunque dividido en su estrategia, apunta a reforzar su mayoría absoluta en escaños y acariciando la barrera psicológica del 50% de voto. La cita electoral no es un embrollo menor en tanto que Quim Torra, pendiente de que el Supremo ratifique previsiblemente su inhabilitación, pretende postergarla al máximo, lo que genera una nueva sima entre JxCat, dispuesta a una confrontación "inteligente" con el Estado, y ERC, que apuesta por una vía más posibilista aferrándose a la mesa bilateral entre gobiernos. El conflicto permanece enquistado y aunque desde Moncloa se adivinan gestos, también interesados para que el Ejecutivo de coalición pueda sacar adelante sus Presupuestos, desde el soberanismo se sospecha que la intención del Gobierno de Pedro Sánchez se centra más en la desescalada de la tensión que en resolver a fondo el problema territorial.

El último movimiento, aunque obligado por ley, atañe a la tramitación de los indultos de los dirigentes encarcelados por la causa del procés, más partidarios de recibir una amnistía que de entregarse a una figura que significaría plegarse a que cometieron un delito que sistemáticamente han negado. Una pena por sedición que desde Madrid también busca ser transformada en el Código Penal, una reforma que podría alcanzar incluso hasta a los exiliados. "La solución más elegante pasa por esto. El indulto tiene el problema de que el reo debe aceptar la culpa, que reconozcan que se equivocaron o cometieron delito. Políticamente y en lo personal es complicado de asumir", señala a este periódico el politólogo y exparlamentario vasco Martín Aranburu. Jordi Pacheco i Canals, decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Catalunya, va más allá: "Dar una salida a la situación de los presos no resuelve el problema de fondo. Madrid comete un error. Es propio de la burbuja de elite política, y es que presos y exiliados son solo una parte de toda la gente implicada en los procesos judiciales (alcaldes, concejales, miembros de la sindicatura electoral, manifestantes...). Cuando tienes a tanta gente involucrada, en un contexto de desafección política, que la solución pase por la salida de prisión de los líderes y no en conseguir resultados tangibles para el resto, puede no bastar", explica. "No alude al problema territorial, constitucional, competencias, la fiscalidad... La desinflamación no evitará una movilización masiva en el futuro", constata el experto catalán.

El guion indica bien a las claras que Sánchez quiere mover ficha antes de los comicios, entre otras cosas para que Junts y su líder Carles Puigdemont no hagan bandera de la represión y poder reforzar sus relaciones con Esquerra. Aunque se justifica su cambio en que el artículo relativo a la sedición data de hace dos siglos, los varapalos jurídicos en el exterior, sobre todo el que impidió extraditar al exjefe del Govern desde Alemania, eran una señal evidente de que la tipificación de esa figura resultaba excesiva a ojos de otras instancias europeas. Después de que los presos independentistas disfrutaran del artículo 100.2 de la legislación penitenciaria que les permitía salir a trabajar y gozar de la semilibertad que proporciona el tercer grado; la judicialización del conflicto, y no precisamente la que Sánchez carga sobre Torra, suspendió esos derechos para dejarlos en manos del Tribunal Supremo que les condenó, y que se opone a priori a concederlos por lo elevado de las penas –de 9 a 13 años– y el tiempo transcurrido en prisión –en octubre y noviembre próximos cumplirán tres años encarcelados–.

El presidente español nunca ha descartado el indulto pero sabe que el coste político no es menor. La vía de la reforma penal cuenta con más consenso dentro del Gobierno de coalición, ya que Unidas Podemos y, en concreto, el diputado Jaume Asens, ha presentado una propuesta que elimina la rebelión y en cuanto a la sedición descarta el alzamiento "tumultuario", subrayando la violencia explícita como requisito imprescindible. Según su propuesta, el rango de penas por la parte baja del nuevo delito sería de tres años, cuando ahora se sitúa en los ocho. Su aplicación sería retroactiva para favorecer al reo. "La derecha no ofrecerá nunca soluciones porque niega el conflicto. El Gobierno de coalición juega con el hecho de pensar que no hay una mayoría social en Catalunya que demande la independencia, por lo que no le dan una solución rápida, pero sí quiere desinflamar el conflicto", estima Aranburu.

Moncloa considera que podría aprobarse el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros entre octubre y noviembre. Una vez en el Congreso podría validarse por el pleno en lectura única, sin necesidad de discusión mediante enmiendas en la comisión de Justicia. La reforma es un claro guiño a ERC con las Cuentas como telón de fondo, aunque ambas partes lo nieguen, y ello suponga dejar a Ciudadanos fuera de la ecuación, revalidándose el bloque de la moción de censura. Ante la imposibilidad de desplegar la amnistía Sánchez consultó hace meses a diferentes juristas, incluidos magistrados cercanos al Consejo General del Poder Judicial –que el PP se opone a renovar–, sobre las diferentes vías. Los consultados se inclinaban por la vía de los indultos que, no obstante, tiene el inconveniente de que es preciso recabar informes no vinculantes del tribunal sentenciador –el Supremo– y de la Fiscalía, y exige unos seis meses a contar desde el inicio del trámite. Desde Justicia se explica que se ha seguido el orden estricto de llegada de las peticiones sin preferencias y afectado por la pandemia.

división soberanista En el escenario más político, el independentismo se mira de reojo y no deja de darse codazos. No solo ya por las divergentes posiciones de ERC y JxCat respecto a cómo encarar el proceso, sino por episodios personalistas que enfrentan, por ejemplo, al propio Torra y su partido con el president del Parlament, Roger Torrent, o por el temor posconvergente de que la inhabilitación del president coloque ya en el trono a los republicanos, en concreto a Pere Aragonès, y luego sea estéril desplazarles. En paralelo, el espectro heredero de Convergència tampoco ha dejado de echarse los trastos a la cabeza. Con Junts como cabeza visible al mando de Puigdemont y con el respaldo de los presos, falta por comprobar el alcance del daño de su divorcio del PDeCAT a cuenta de que el partido de David Bonvehí rechaza el elevado nivel de confrontación con el Estado y la deriva izquierdista de JxCat. De no mediar un pacto sobre la bocina, ambas marcas acudirían a las urnas por separado y con una tercera pata, el PNC de Marta Pascal, rizando el rizo. "Reeditar un desafío como el de 2017 necesita de una mayoría social clara, más allá de si es el 51% o el 65% pero donde el soberanismo debe hacer su mayor autocrítica, y de unidad en el mundo independentista", precisa Aranburu. "Además, gran parte del proceso se forjó con el rechazo radical desde Madrid a todo planteamiento, y ahora hay un talante más proclive al diálogo", matiza. A su juicio, "todo el mundo supo ponerse de acuerdo en cómo hacer posible el referéndum pero al día siguiente no existió una estrategia definida. Algunos encendieron el fuego con un ilusionismo irresponsable".

"Cuando salió el fallo del Supremo y se produjo el Tsunami Democràtic se comprobó que había mucha fuerza pero sin objetivos estratégicos, y esa energía en la calle, sumado a la pandemia, se diluyó. El clima se ha calmado. Pero esto es como las fallas y los terremotos; la falla está ahí, subyacente, y en cualquier momento puede volver a emerger", concreta Pacheco, para quien "se ha puesto en evidencia que los mecanismos democráticos de solución de conflictos están obstruidos". "Lo ocurrido fue un movimiento de abajo hacia arriba que empezó el 9-N, y antes con la sentencia sobre el Estatut, no el 1-O, y que arrastró a la clase política, y puede volver a pasar", dice el politólogo catalán. Aranburu sentencia: "Procés hay porque existe la reivindicación pero está en un momento delicado. Será largo con momentos más propicios que otros para el soberanismo".

"El indulto es complejo de asumir en lo personal, la reforma del Código Penal es la vía más elegante"

"El soberanismo necesita una mayoría social clara en las urnas y unidad en la estrategia, que no hay"

martín aranburu

Politólogo y exparlamentario vasco

"Dar salida a los presos no resuelve esto, hay cientos de involucrados en procesos judiciales"

"Esto fue un movimiento de abajo hacia arriba que arrastró a la clase política y puede volver a pasar"

jordi pacheco i canals

Decano del Colegio de Politólogos catalán