- El Parlamento de Navarra dio ayer el visto bueno al último decreto con el que el Gobierno quiere perseguir los comportamientos irresponsables que ponen en riesgo la salud de todos. Se trata de un último paquete de medidas que desarrolla un completo régimen sancionador, con multas que van desde los 100 euros -si no se lleva mascarilla- hasta los 600.000 € dependiendo de la gravedad de hechos que pasan por organizar fiestas ilegales, botellones masivos, o convocar aglomeraciones sin medidas.

El Ejecutivo y los grupos saben que es, simple y llanamente, un régimen sancionador. Un refuerzo de las medidas coercitivas para aquellos que, todavía hoy -con cientos de casos al día, una crisis económica brutal en ciernes y los sanitarios y hospitales exhaustos-, siguen haciendo como si no pasara nada. No se trata de castigar por castigar, dijo el vicepresidente, Javier Remírez. Las multas se han revelado como un “instrumento útil” para atajar los “comportamientos irresponsables e insolidarios por parte de una pequeña minoría social que ha tenido o puede seguir teniendo la tentación de poner en riesgo la salud de todo, especialmente de los más vulnerables”, subrayó Remírez.

Así que quizá por eso el decreto salió adelante, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, la abstención de EH Bildu y los únicos votos en contra de Navarra Suma, achacables más a un movimiento político equivocado -dar un ultimátum imposible al Gobierno a 48 horas de la votación- que a un rechazo consciente a unas medidas necesarias. De hecho, Remírez señaló durante su réplica algo esencial: no fue capaz Navarra Suma de poner encima de la mesa ningún argumento en contra del refuerzo de las sanciones, razón por la que el vicepresidente animó a la derecha a “desterrar intereses partidistas frente al bien común”, con una apelación directa a Javier Esparza. “Abandonen la radicalidad y la posición extremista en la que está instalado, que este Gobierno tiene la mano tendida”.

El decreto desarrolla tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves. Las leves van de los 100 a los 3.000 euros y se pueden poner por los siguientes motivos: no llevar mascarilla; no tener gel e higiene en tu tienda o bar; incumplir las distancias de seguridad, los aforos y los protocolos de información en establecimientos; saltarse las cuarentenas en personas que no hayan dado positivo pero sean contacto estrecho de un enfermo de covid; hacer y celebrar botellotes; fumar en vía pública sin distancia de dos metros; o no cumplir el confinamiento -medida avalada por los encierros de Peralta, Funes, Falces y San Adrián-. No llevar mascarilla si no se pueden respetar las distancias de seguridad conllevará una multa de 300 euros, y también sube la cuantía, hasta los 600 euros, en el caso de participar en botellones. Las medidas graves van de los 3.000 a los 60.000 euros, y son prácticamente las mismas que las leves, así que se entiende que el cambio de categoría dependerá de la magnitud de los hechos. Las únicas novedades radican en sancionar el suministro de información falsa a los agentes o el entorpecimiento de su labor sancionadora. Lo mismo que ocurre con las muy graves -hasta los 600.000 euros-, que tienen la misma tipología que las graves y que se entiende que se recrudecerán con la reiteración.