Pasan los años, pero los encontronazos legales entre España y Navarra continúan. El ejercicio político de 2021, como el de cursos anteriores, también se va a caracterizar por la tensión legislativa que existe entre el Parlamento foral y el Estado, cuyo Tribunal Constitucional mantiene todavía tres recursos abiertos contra normas navarras sin que se sepa a ciencia cierta qué ocurrirá con ellas. De hecho, la propia presidenta del Gobierno, María Chivite, tendrá que responder sobre cómo se encuentran estos procedimientos a una pregunta que formulará Geroa Bai en el pleno del jueves.
Se trata de la ley de abusos policiales, paralizada por un doble recurso bastante bien coordinado -el de PP y Vox por una parte, y el de los antiforalistas de Ciudadanos por otra- y la del Fuero Nuevo, cuya reforma de 2019 está avalada casi en su totalidad -son 596 leyes y cinco libros-, pero sobre la que el Gobierno central tiene reparos en nueve artículos muy concretos.
Es un misterio saber qué ocurrirá con los recursos de la derecha, pero la buena sintonía entre el Gobierno de Sánchez y el de Chivite ha propiciado un cambio de tendencia en estos pleitos, de tal manera que la prioridad es negociar todo lo que se pueda entre los ejecutivos antes de que el tribunal resuelva. Algo muy diferente a lo que pasaba con Rajoy en el poder, que se negaba a negociar y esperaba a que el Constitucional hiciera su trabajo, porque en el 80% de las veces el tribunal falla a favor de la Administración General.
Ya se vio cuando el Gobierno central retiró su recurso contra la primera ley de abusos policiales -que luego tumbó el Constitucional-, y mañana mismo Navarra y el Estado mantendrán una reunión técnica para tratar de evitar un cuarto recurso. En esta ocasión, contra un decreto ley foral -el 10/2020- que establece algunas medidas para los empleados públicos, y que el Gobierno de Navarra, aprovechando la buena relación y la voluntad de entendimiento, espera resolver satisfactoriamente con el Estado mañana mismo. Por lo tanto, son dos las leyes que quedarían pendientes.
los recursos de la derecha La primera, la del Fuero Nuevo, que sigue vigente pese al recurso porque el Estado no pidió medidas cautelares. El Gobierno de Navarra y el Parlamento foral trabajaron durante toda la pasada legislatura en la reforma del Código Civil navarro, apenas sin actualizar desde su promulgación por el propio Franco en 1973. Los grupos del cambio aprovecharon el margen que el autogobierno da a Navarra para fijar su propio código civil y hacer una norma progresista y adaptada a la realidad social de nuestros días. Se redactaron 596 artículos -leyes, en el Fuero Nuevo- en cinco libros. La práctica totalidad pasó el corte, pero el Gobierno del Estado, en el último día de plazo, recurrió ante el Constitucional al no llegar a un acuerdo en nueve leyes muy concretas. Muchas desavenencias son puramente técnicas, pero algunos de los grupos impulsores de la reforma, como EH Bildu, sospechan que detrás de algunos de los recursos, como el que se ha hecho contra una ley que desarrolla las daciones en pago, puede haber otros intereses que no sean puramente jurídicos.
La segunda ley recurrida y pendiente de resolución es la de abusos policiales. El Constitucional ya tumbó una primera ley al respecto en 2018, después de que el PP removiera cielo y tierra con recursos desde la Abogacía del Estado, así que el Parlamento sacó adelante otra con algunos cambios. No fue suficiente para sortear un nuevo recurso, que en esta ocasión lleva aparejada una suspensión parcial de algunos artículos, sobre todo los relativos al régimen de indemnizaciones para víctimas de torturas. PP y Vox por un lado, y Ciudadanos, por otro, enmendaron toda la ley y el Constitucional estimó ambos recursos en septiembre de 2019. Desde entonces está pendiente el pronunciamiento del tribunal. Mientras tanto, el Gobierno de Navarra prefiere mantener un perfil bajo y no desarrollar la ley apelando a la seguridad jurídica.
El último conflicto se abordará el jueves, mañana mismo. Antes de las Navidades, Navarra y el Estado acordaron la apertura de las negociaciones para evitar que el Constitucional recurriere el decreto foral 10/2020, que introduce algunos cambios en el régimen de personal funcionario de la Administración de Navarra. El Constitucional hace una objeción muy concreta contra el artículo 2 del decreto, que en uno de sus apartados establece una moratoria de cinco años en la convocatoria de una serie de plazas del departamento de Educación. El tribunal considera que esta moratoria es demasiado larga y va contra el principio de igualdad, mérito y capacidad, ya que primaría al trabajador eventual que ya ocupa ese puesto frente al aspirante por oposición. Pero Navarra confía en cerrar mañana un acuerdo, ya que la reciente Ley de Presupuestos de Navarra aminora ese horizonte y fija que las plazas se tienen que sacar a concurso antes de mayo de 2023, plazo que el Gobierno foral cree que va a aceptar el Estado.
En cualquier caso, todo apunta a que la buena relación institucional evitará, en la negociación previa, el recurso al Constitucional, que históricamente tan malos resultados ha arrojado para Navarra.
13
El Constitucional tiene un amplio historial de leyes navarras anuladas. Son 13 completamente, y de otras ha tumbado aspectos parciales, como recientemente hizo con la Ley de Plusvalías de 2018. Algunas de las que se devolvieron a corrales son las siguientes: regulación de las rebajas -por contradecir la norma estatal-; una norma que permitía a las entidades locales endeudarse más; una para equiparar al funcionariado de Justicia al de Navarra; la exención del pago sobre el impuesto a la producción de energía; la retirada del privilegio de la Iglesia de no pagar el IBI; una por la que se hacía funcionarios a los fijos de la Administración; el complemento para compensar la retirada de la paga extra; la prohibición del fracking en Navarra; la ley de Policías; la de clubes de cannabis; la de prestaciones farmacéuticas; la de asistencia sanitaria gratuita; y la primera de abusos policiales.
4
En todo este tiempo, cuatro leyes navarras han sido las que se han avalado tras un recurso del Constitucional: la del registro de objetores del aborto, que regulaba el registro de médicos que se niegan a hacer abortos y permitía la inclusión de otros profesionales en esa lista; la de órganos rectores de fundaciones; la del derecho a la vivienda, que permitía expropiar viviendas en desuso propiedad de entidades financieras; y la ley foral de residuos, que fue pionera, adelantó a la del propio Estado y terminó siendo avalada como referencial.
