Patxi Zamora: "La Guardia Civil ha intentado escurrir el bulto, pero ellos han hecho esta canallada"

Tres años después de que la Guardia Civil le denegara la tarjeta aeroportuaria, lo que derivó en que Iberia le despidiera de forma improcedente, este miércoles hemos conocido que el titular de Justicia de la UE ha resuelto que los datos procedentes de este tipo de archivos policiales no pueden ser utilizados en procedimientos administrativos. ¿Qué supone todo esto?

-Es muy positivo porque no estamos ante una valoración política, sino que se trata de una declaración institucional en respuesta a una pregunta que realizó la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao. Europa viene a decir que el Gobierno español está incumpliendo la legislación porque los archivos policiales no pueden utilizarse para actos administrativos, en nuestro caso para provocar nuestros despidos laborales. Además, dice que los estados miembros deben velar para que se cumpla esta normativa, cosa que tampoco hace el Gobierno español, y que tienen la obligación de darnos los datos que tengan sobre nosotros. Algo que reiteradamente hemos pedido, y la respuesta ha sido que las personas implicadas en ninguno de los casos tenemos ningún tipo de antecedente. La pregunta del millón es por qué nos han despedido.

Habla de despidos en plural. ¿Quiere decir que ha habido más casos como el suyo?

-Sí. En Kontuz hemos seguido trabajando y nuestras investigaciones nos han llevado a conocer los casos de otras tres personas vinculados a tarjetas aeroportuarias en los que se ha producido la misma situación y estamos trabajando con ellas. Son los casos de una joven canaria militante de izquierdas, una mujer trabajadora de Madrid republicana y sindicalista y un joven catalán independentista.

¿Hablamos de situaciones en las que se ha retirado la tarjeta sin explicación y sin que existan antecedentes?

-Efectivamente. También hemos investigado que todas las retiradas de tarjetas que se han producido en aeropuertos españoles en los últimos años por motivos laborales incluyen su expediente explicativo de por qué se les ha retirado la tarjetas y además se les explica cómo pueden intentar revertir la situación. En nuestro caso simplemente pone no apto. Este sábado se cumplen tres años de mi despido y todavía no sé por qué me han despedido. La indefensión es absoluta, pese a que toda la legislación española y europea protegen de esa arbitrariedad. Si la Administración te deniega algo, te debe explicar por qué.

¿Confía en que este pronunciamiento de la UE tenga algunas consecuencias?

-Debería, pero como hemos denunciado muchas veces desde Kontuz la calidad democrática del Estado español es bastante pobre. Entendemos que esta declaración institucional europea debe tener su recorrido. Vamos a hacer más iniciativas en Europa ante el Defensor del Pueblo y en otras instancias, y vamos a llevar el caso al Congreso de los Diputados. Seguimos trabajando con todos los partidos que han apoyado esta causa en Navarra, como Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida, además de con todo el apoyo sindical y social. Nuestro propósito es llevar la causa a Madrid a ver qué recorrido tiene, sin descuidar el ámbito judicial.

¿Es optimista? ¿Confía en que algún día esto se aclare?

-Sabemos que nos enfrentamos a un hecho de corrupción por parte de una institución del Estado como es la Guardia Civil. Desde el principio hemos dicho que la Guardia Civil es un estado dentro del Estado. Hemos hecho todos los movimientos posibles por las vías oficiales. De momento no han dado resultado. En el Parlamento Europeo están Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat, que eran ministros en la época de Rajoy cuando se produjo esta cacicada, y que son quienes están paralizando de alguna manera todo esto en la Eurocámara de forma muy poco seria porque no responden a ninguna pregunta. En Europa ya se están rebelando contra la actitud que tiene Montserrat y vamos a ver si entre una institución y otra conseguimos ir avanzando. No obstante, debe quedar claro que, aunque las circunstancias son muy duras, vamos a seguir luchando hasta el final, a pesar de que su intención era dilatar todo en el tiempo para desanimarnos.

Esto tiene un frente político que está más o menos encauzado y otro judicial. ¿Hay alguna novedad en este último ámbito?

-El Tribunal Supremo está estudiando si devuelve el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid tanto mi caso como el de la joven canaria. Jurídicamente, ahora mismo no se puede meter nada de información nueva. Pero a posteriori va a haber novedades importantes que pueden variar el ritmo jurídico. ya que hay más personas implicadas en distintos sitios del Estado con el mismo perfil. Estamos hablando de gente que no tenemos ningún tipo de antecedente y a las que nos han echado de nuestros trabajos porque la Guardia Civil dice que podemos ser personas próximas a entornos potencialmente peligrosos. Algo que, como señalaba Izaskun Bilbao, son términos antijurídicos. El famoso archivo Aquila, que es el que proporciona estas informaciones, habla de términos como subversión o antisistema. ¿Qué quiere decir esto jurídicamente? Y la pregunta del millón. ¿Se han basado en esos archivos, cosa que es absolutamente ilegal, para echarnos de nuestros trabajos? Porque ha sido el servicio de información de la Guardia Civil el que ha provocado nuestros despidos.

Todo indica que así ha sido.

-Y si dicen que no. ¿De dónde han sacado la información para negarnos la posibilidad de seguir trabajando?

Además de un más que presunto atropello contra derechos fundamentales, al retirarle la tarjeta le dejaron en el paro, con todo lo que esto supone.

-Me he tenido que reinventar. El daño moral es evidente, porque al final siempre queda la duda y habrá quien diga "algo habrá hecho". Como es evidente el daño económico y el laboral, ya que llevaba 32 años trabajando y a estas alturas ya me habría jubilado. He tenido que rehacer mi vida. Volví a la universidad Acabo de empezar a trabajar como profesor a media jornada en un centro público.

Todo esto sin dejar de pelear sin descanso por que se aclaren los motivos de su despido.

-Nuestra intención desde Kontuz es saber qué ha ocurrido, exigir responsabilidades por esta fechoría y que se nos compense de alguna manera, porque nos han destrozado nuestra vida laboral y el sustento de nuestras familias.

¿Ve ahora más luz?

-Esta resolución europea ya tenía antecedentes, porque la comisaria de Transportes ya avisó de que no se pueden tomar medidas sin motivar, algo que reconocía hasta la propia Abogacía del Estado. Cuando te ponen una multa de tráfico, te tienen que sacar una foto que justifique esa multa, pero aquí seguimos sin saber nada. Las propias empresas nos han tratado bien en el sentido de que reconocen que no tienen nada en contra de nuestra dedicación laboral. Estamos en manos de la Guardia Civil, que ha intentado escurrir el bulto diciendo que ellos no son, pero ellos han causado esta canallada y algún día tendrán que dar explicaciones.

Este expediente se inició a finales de 2017 con Rajoy en el Gobierno. ¿Confía en el actual Gobierno para que se aclare todo?

-Es nuestra esperanza. Porque esto es responsabilidad del Partido Popular. En Europa tiene a Zoido, el que fue su ministro del Interior, con el que ya estuve personalmente en el Senado en Madrid. Cuando le expliqué este asunto y le di la mano para despedirme, él me dijo que quería que se hiciera justicia. Desde Kontuz entendemos que la justicia está para exigir responsabilidades, que se sepa qué ha ocurrido y que se asuman responsabilidades, De momento casi nos conformaríamos con que nos dijeran por qué nos han despedido y quién ha decidido que no somos aptos para trabajar.

Parece claro que fue la Guardia Civil.

-Sí.Pero habrá un mando que ha dado la orden. Porque no le van a echar la culpa a un número de la Guardia Civil. Se trata de saber quién ha decidido que se usen unos archivos para echar a la calle a unas personas que tienen una participación social, pública y pacífica. En mi caso estamos hablando de un trabajo que conseguí vía oposición en una empresa que era pública y del que me echaron después de 32 años sin ningún incidente laboral.