Cada palabra era una puñalada más. La naturalidad con la que se describe la tortura, un golpe frío en las costillas. Sistemática y profesionalizada. Un dolor añadido para una familia que no descubre nada nuevo, pero que lo revive como si fuera antes de ayer. Con el olvido institucional, la pasividad judicial y la normalización de una parte de la clase política que aún hoy considera que la muerte de Mikel Zabalza es un daño secundario justificado por las circunstancias. Ahogado en dependencias del Estado, acusado de un delito que no ha cometido, humillado por la verdad oficial. Hay víctimas de la violencia y víctimas del olvido. Y hay víctimas que todavía hoy siguen flotando en el río Bidasoa.
No hay en realidad gran novedad en la grabación que esta semana sacaba a la luz el diario Público. La transcripción de la conversación entre Pedro Gómez Nieto y Juan Alberto Perote, un capitán de la Guardia Civil y el coronel del CESID (CNI), ya formó parte del proceso judicial, pero no fue tenida en cuenta porque sus protagonistas no se reconocen en la grabación. No había intención ni ganas de investigar la desaparición y la muerte de Zabalza. "Busque en objetos perdidos", le dijeron a su madre.
Pero las palabras están ahí, y ahora las hemos escuchado. "Se les ha ido la mano en el interrogatorio", dice Gómez Prieto, que ante las dudas de Perote describe la técnica de la tortura con la naturalidad de quien habla de algo cotidiano. El teniente de la Guardia Civil no garantiza a ciencia cierta la muerte de Zabalza en Intxaurrondo. Pero sabe que ha podido pasar. Que es lo más probable. Y eso es lo mas grave de todo, la descripción, detallada y normalizada, de la práctica de la tortura. "El quid del tema es que la capucha sea transparente para que él vea la vida y la sensación de muerte que está cogiendo", relata el capitán de la Guardia Civil.
Es en cierto modo lo que ha ocurrido después con la segunda parte de la grabación, en la que los mismos protagonistas hablan de Lasa y Zabala. Nada nuevo, salvo la sorpresa de Perote cuando conoce que la ejecución extra judicial se ha llevado a cabo sin capucha. Como si tapar el rostro mitigara el asesinato o, a lo sumo, mostrara cierta humanidad.
No es fácil ser objetivo ni imparcial en algo que se ha sufrido tan de cerca, que se recuerda con los detalles de un orfebre que graba la memoria colectiva. Y así es difícil encontrar un lugar común, sobre todo cuando los intereses políticos, las prisas por pasar página y el relato del vencedor se imponen sobre la empatía, el dolor y la memoria.
Hay sin embargo un hecho especialmente cruel en el caso de Mikel Zabalza. Es uno de los casos que siguen hoy sin una verdad judicial. Una causa abandonada y sostenida todavía por un relato oficial que dice que el joven de Orbaizeta murió ahogado en el Bidasoa, tratando de huir, esposado, magullado, suspirando por su vida aguas arriba. Sin saber nadar.
Ha habido intentos por reconocer una verdad que hoy mayoritariamente está muy asumida. En 2015 el Parlamento de Navarra aprobó una ley que buscaba guardar la memoria y la reparación de esas otras víctimas. Las que no fueron de ETA. Ni mejores ni peores. Víctimas inequiparables, con su sufrimiento y su dolor, que no justifican nada más.
La norma fue recurrida por el Ejecutivo del PP y anulada después por el Tribunal Constitucional, generando un limbo jurídico que ha facilitado la confusión y la equiparación de casos que no son iguales. La Justicia que no quiso investigar, impide hacerlo ahora al Gobierno de Navarra, que desde 2015 participa en los actos de recuerdo, pero que no puede reconocer a Mikel Zabalza como víctima porque la verdad oficial sigue enterrada entre los secretos de Estado.
Sin ley, el acto reconocimiento que quiso hacer el Ejecutivo foral en 2017, simbólico pero con valor institucional, acabó en una nueva polémica. Tuvo que ser lo suficientemente ambiguo para salvar la limitación de los tribunales. Pero al mismo tiempo abierto, permitiendo equiparar casos que poco tienen que ver y facilitando una puerta de salida a quienes todavía hoy recelan de participar en todo aquello que no encaja con sus intereses electorales.
Pero la realidad, olvidada o no, sigue ahí. Lo recuerda con acierto la película Non dago Mikel? que estos días se exhibe en algunas salas de cine, y que apunta al relevo generacional como garantía de justicia. Es, en cierto modo, una cuestión de tiempo. El pasado septiembre el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a la Ley de víctimas de abusos policiales del Parlamento Vasco. Una legislación muy similar a la que el Parlamento de Navarra aprobó en 2019, y que corrige los artículos anulados en la norma anterior. La ley navarra esta en vigor, pero pendiente de los recursos de PP, Ciudadanos y Vox, que todavía hoy intentan evitar que prospere. Como si ignorar los hechos fuera a cambiar la percepción colectiva.
De momento el Gobierno de Navarra ha preferido no avanzar hasta que no se resuelvan las dudas pendientes en los tribunales. Después, sin embargo, vendrá lo más difícil. Al Parlamento le corresponde elegir nueve miembros de una Comisión de Reconocimiento y Reparación que deberá analizar con rigor jurídico y pericial a quién se reconoce la condición de víctima. Y a quién no. Y que más allá de las consecuencias que implica el reconocimiento -ayudas económicas y sociales que para la familia Zabalza carecen ya de sentido-, supone tallar un relato importante en la historia colectiva reciente.
Por eso sería un error avanzar sin el consenso mínimo imprescindible. A los partidos les corresponde ahora, se les debe exigir, acordar una comisión lo suficientemente técnica y profesional que dictamine dónde, cuándo y cómo se produjeron esos abusos. Y hacerlo con una visión de largo plazo que sirva para sentar las bases de una convivencia con futuro. Será un paso pequeño, pero es imprescindible.
La conversación entre Gómez Prieto y Perote no descubre nada nuevo, pero evidencia que la tortura fue una práctica sistemática
Hay víctimas de la violencia y víctimas del olvido. Y hay víctimas que todavía siguen flotando en el río Bidasoa
