Moncloa admite que sin estado de alarma las autonomías verán limitada su actuación

Tras asegurar que las comunidades tienen herramientas, Calvo reconoce que caería el toque de queda y Robles duda de tocar derechos fundamentales No ofrecen una certeza jurídica

19.04.2021 | 00:58
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Foto: PSOE/Efe

pamplona – La Moncloa ya no pone la mano en el fuego. El Gobierno español comienza a dar muestras de que no tenía una opinión muy sólida cuando afirmó que, sin el estado de alarma, las comunidades autónomas disponen de herramientas suficientes para luchar contra el coronavirus. El gabinete de Pedro Sánchez empieza a admitir que algunas medidas perderían la cobertura jurídica sin ese paraguas. Se ha producido un goteo de matizaciones, primero de la vicepresidenta Calvo, quien admitió que perdería vigencia el toque de queda nocturno; y después la ministra Robles, quien además formó parte del Tribunal Supremo y admite las dificultades para limitar la movilidad con carácter general. La sensación que proyecta el Ejecutivo español es que no tiene un convencimiento jurídico, sino que evita prorrogar la alarma más allá del 9 de mayo por razones políticas, por el hipotético desgaste que podría sufrir el PSOE si se encontrara con resistencias en otros partidos (el PP) en puertas de las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Ahí encaja que la vicelehendakari segunda y líder del PSE Idoia Mendia pidiera un compromiso por escrito a los partidos.

Estos mensajes alimentan la esperanza de representantes como el lehendakari, porque Sánchez da señales de que puede reconsiderar su posición y hacerlo también si ve a principios de mayo que los datos del virus no dan tantas razones para el optimismo. Como aseguraba el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, "antes o después" Sánchez sondeará a los grupos.

Si el Gobierno español no está seguro de que las comunidades autónomas puedan tomar medidas sin estado de alarma, las está abocando a una situación de incertidumbre cuando apuesta por no prorrogarlo ni diseñar un plan alternativo.

El presidente español, Pedro Sánchez, se somete a una presión creciente de las comunidades autónomas y de prácticamente la unanimidad del Congreso para prorrogar la alarma o activar un plan alternativo (las peticiones llegan desde el PNV, EH Bildu, PDeCAT, Cs, Más País, Compromís y BNG, entre otros, o incluso de Podemos, que ve aventurada la intención de Sánchez de no prorrogar la alarma). El PP ha registrado una reforma de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública que, como informó este periódico, habilitaría a las comunidades a limitar la movilidad y las reuniones tanto en lugares determinados, como en su número de personas. De lo escuchado estos días en el Congreso, se desprende que podría existir una mayoría para aprobar una reforma legal.

Sánchez lo fía todo a un avance rápido de la campaña de vacunación, pero no se espera que la inmunidad de rebaño llegue hasta finales de agosto. Idoia Mendia lleva días matizando que Sánchez solo ha trasladado su intención de no prorrogar la alarma si todo marcha bien, de manera que no es un asunto zanjado ni es su última palabra. Fue ella quien introdujo la variable política: que los partidos se comprometan por escrito para que nadie se queje de que el estado de alarma es una decisión totalitaria o contraria al autogobierno. Ese compromiso evitaría a Sánchez asumir un desgaste o lanzarse a la piscina sin garantizarse previamente que hay agua en ella.

El Gobierno español comenzó defendiendo que, sin estado de alarma, el Consejo Interterritorial puede tomar decisiones por consenso de las comunidades autónomas y el Ejecutivo, que los jueces serán los que ejerzan el control, y que esas decisiones tendrían validez jurídica porque, según su interpretación, el Tribunal Supremo ya ha validado que son de obligado cumplimiento.

En realidad, el Supremo solo se ha pronunciado sobre un recurso de Vox contra el cierre perimetral en Madrid durante el puente de San José, y no ha habilitado con carácter general al Consejo Interterritorial para tomar decisiones que limiten la movilidad de los ciudadanos sin el amparo del estado de alarma.

los casos Es algo que la Moncloa comienza a admitir en público. El mensaje ya no es unívoco. La vicepresidenta Carmen Calvo admitía el jueves que, sin estado de alarma, no se podrá aplicar un confinamiento en el domicilio particular con carácter general y, por extensión, tampoco se podrá obligar a la población a que permanezca en casa unas horas, de manera que el toque de queda nocturno decaerá. El decreto de la alarma vigente lo establece entre las 23.00 horas y las 6.00 horas, aunque las comunidades están facultadas para adelantarlo o retrasarlo una hora.

Camen Calvo añadió a modo de consuelo que, si alguna comunidad especialmente afectada pide cerrar su perímetro para que no se puedan abandonar sus fronteras, el Consejo Interterritorial puede tomar esa decisión. El Gobierno Vasco y otros ejecutivos autonómicos lo dudan. En este caso, respira más tranquila Navarra, porque su tribunal sí permitió en una decisión pionera el cierre de la comunidad.

En la Comunidad Autónoma Vasca, la experiencia es más desfavorable con el tribunal superior, que ya impidió al lehendakari limitar el número de personas en las reuniones sociales (fue la razón por la cual lideró un movimiento de presidentes autonómicos en otoño que abocó a Sánchez a declarar otro estado de alarma), y dio la razón a los hosteleros y los permitió abrir en zona roja.

Un día después, la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien además es jurista, iba más allá y aseguraba que "con carácter general" no se pueden restringir derechos fundamentales.

La ministra Margarita Robles no quería echar un capote a los partidos que presionan al Presidente del Gobierno Español, pedro Sánchez y, de hecho, pidió que no se pierdan en debates jurídicos, pero al mismo tiempo dejó ver la debilidad de la posición de la Moncloa al admitir que en el ámbito del Derecho "no hay una posición única" y este asunto "no es una ciencia exacta".

Tres semanas. Quedan tres semanas para que expire el estado de alarma. Los partidos que aprietan al presidente español, Pedro Sánchez, para que lo mantenga o active un plan alternativo defienden que aún queda margen para que cambie de opinión y para que anuncie, a la luz de los contagios por el coronavirus, que se mantiene el paraguas jurídico para que las comunidades sigan tomando medidas a partir del 9 de mayo. Creen que está influenciado por las elecciones en Madrid.

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