La ponencia constituida el pasado 23 de marzo para revisar el Reglamento que ordena el funcionamiento interno del Parlamento de Navarra va a tardar en culminar su trabajo. Lo avanzó este lunes Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra), quien incluso dudó de que se termine la tarea antes de que a primeros de abril de 2023 se disuelva la Cámara, y coincidieron casi todos los portavoces en apuntar que este cometido no va a estar concluido a corto plazo.

Lo cierto es que la ponencia se impulsó cuando el debate se limitaba a si los parlamentarios deben hacer público su patrimonio, como han legislado ellos para que lo hagan los miembros del Gobierno, o si conviene aprovechar esta iniciativa para una reforma más profunda en materia de transparencia.

Al final, se ha optado por esta segunda vía y sin haber empezado la faena, sus señorías ya advierten de que las decisiones que se adopten serán de aplicación seguramente ya en la próxima legislatura. Entre otras razones, porque se han pedido abundantes informes jurídicos que tardarán su tiempo en recibir y analizar.

“No me atrevo a decir si avanzaremos o no en esta legislatura, pero no lo creo”, pronosticó De Simón al término de la reunión semanal de la Mesa y Junta de Portavoces.

En la misma línea, Ainhoa Aznárez (Podemos) dio por seguro que “no se terminará este año”, pero abrió la puerta a que el documento quede “aprobado esta legislatura”.

A LO LARGO DE ESTA LEGISLATURA

Algo más optimistas en cuanto al tiempo que pueda llevar este cometido se mostraron Bakartxo Ruiz (EH Bildu), Uxue Barkos (Geroa Bai) y Ramón Alzórriz (PSN).

“Esta legislatura tiene que haber una modificación del Reglamento, y una de las prioridades de nuestro grupo va a ser esa”, subrayó Ruiz, quien cree que “los informes solicitados a los servicios jurídicos deben ser una manera de facilitar que haya cuestiones muy concretas a las que nos obligue la ley, y eso puede favorecer que haya una garantía de que se va a hacer en tiempo y en forma”.

Barkos también opina que “la petición de un informe no puede retrasar en absoluto el desarrollo de los trabajos para que la ponencia culmine en esta legislatura” y considera que esto no tiene por qué retrasar una reforma “compleja”. “Debiera poder llevarse a cabo en esta legislatura”, valoró.

Ramón Alzórriz (PSN) explicó que, “como todas las reformas, ésta necesita trabajos solventes y serios, y se han pedido los informes que se requieren, pero es evidente que hay que trabajar para un nuevo Reglamento”. “En esas estamos y no tengo ninguna duda de que en esta legislatura se reformará y se acordará el Reglamento del Parlamento”, añadió.

LA DERECHA SE DESMARCA

De esta reforma queda al margen Navarra Suma. La coalición que integran UPN, PP y Ciudadanos planteó introducir unas modificaciones al Reglamento que podían resolverse en cuestión de semanas. Entre sus propuestas estaban recortar los tiempos de intervención a los grupos minoritarios para ajustarlos a su representatividad e invertir el orden de intervención para que cierre los debates el grupo mayoritario.

“Nosotros no hemos pedido informes, lo ha hecho el pentapartito”, dijo Javier Esparza (Navarra Suma), quien tiene muy claro que se encuentra en minoría y que “los que van a decidir” el nuevo Reglamento serán PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E “porque no buscan la unidad” de todos los grupos.

Y entre los informes solicitados figura un estudio comparado de los reglamentos que rigen en otras cámaras legislativas autonómicas. El dossier deberá reseñar, de manera específica, los distintos mecanismos de participación democrática, el tratamiento de la transparencia, la administración electrónica y las medidas de antitransfuguismo.