El traspaso a Navarra de la competencia de Sanidad Penitenciaria supondrá un ahorro de 1,3 millones para las arcas de la Hacienda Foral, y permitirá además mejorar el servicio sanitario a los reclusos, actualmente en manos del Estado y con carencias importantes.

El Palacio de Navarra acogerá el próximo miércoles el acto de traspaso de la competencia de Sanidad Penitenciaria entre el Estdo y la Comunidad Foral. Un encuentro protocolario de la Junta de Transferencias que servirá para oficializar el primer traspaso competencial en 20 años, y que el Gobierno foral comenzará a ejercer de forma efectiva a partir del 1 de agosto. Estará presidido por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

Según consta en la documentación que la Hacienda Foral ha remitido a los grupos parlamentarios representados en la Junta de Transferencias, se cifra en 2,1 millones el coste que tenia la sanidad penitenciaria para Navarra. Una competencia que hasta ahora correspondía al Estado, y que la Comunidad Foral financiaba aportando, como en el resto de gastos no transferidos, el 1,6% de todo el gasto presupuestario estatal, que en este caso supone 131 millones. Esa cifra se descontará a partir de ahora de la aportación anual recogida en el Convenio Económico. El descuento previsto para este año, correspondiente a medio ejercicio, será de 1,05 millones.

Una vez asumida la transferencia, Navarra deberá financiar el coste del servicio con cargo a sus presupuestos, con un coste estimado de 800.000 euros. La mayor parte, casi 500.000 euros, se corresponden con gasto de personal. El coste laboral de los nueve empleados públicos (tres médicos, tres enfermeros, una farmacéutica y dos auxiliares de enfermería) que ahora pasarán a formar parte de la Administración Foral.

Los gastos corrientes e inversiones, según datos de 2018, se estiman en otros 200.000 anuales. Además, el Ejecutivo foral se hará cargo del resto de gastos relativos a la asistencia sanitaria como fármacos, o equipamientos médicos.

No obstante, la cifra final podría aumentar si el Gobierno decide invertir en mejoras en el servicio o renovar equipos, algo que es posible dada la situación en la que se encuentra la sanidad penitenciaria en la actualidad, y que implicará de facto habilitar un centro de salud dentro del propio centro penitenciario.

El traspaso supondrá de esta forma una armonización en la asistencia, que ya se desarrolla de la mano de Atención Primaria y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), con los que se comparten aplicaciones, como la historia clínica electrónica (Atenea), y protocolos.

Tendrá además un impacto positivo en dos ámbitos considerados clave de cara al tratamiento y cuidado de la población reclusa, como son la salud mental y las toxicomanías, detectados como los principales problemas de salud de los residentes en la prisión. Actualmente, la dirección de Salud Mental del SNS-O presta ya su atención a este colectivo, un servicio que se continuará impulsando con el objetivo de mejorar la calidad.

Está previsto además organizar varias jornadas formativas para profesionales de Osasunbidea sobre especificidades médico-legales, judiciales y regimentales que rigen la vida en prisión y que requieren de una actuación sanitaria concreta.