Los encausados del ‘procés’, en vilo a falta del visto bueno del Tribunal de Cuentas

29 de los 34 ex altos cargos del Govern se han acogido al aval del ICF para solventar sus fianzas

23.07.2021 | 00:59
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reflexivo en el pleno del Parlament. Foto: E. Press

pamplona – Un total de 29 de los 34 ex altos cargos del Govern a los que el Tribunal de Cuentas reclama una suma de 5,4 millones de euros por promover el procés en el exterior presentaron ayer por vía telemática el aval ofrecido por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para solventar sus fianzas a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el propio Govern. Tras no encontrar ningún banco dispuesto a proveer dicha suma, el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, habilitó la opción de que fuera el ICF quien pusiera el aval para hacer frente a las fianzas impuestas por el órgano contable, contradiciendo sus palabras del pasado martes en las que aseguraba que no haría uso de él.

Aunque el plazo fijado por el Tribunal de Cuentas para entregar las fianzas vencía el pasado miércoles, el órgano contable ha ampliado la fecha hasta esta medianoche para que presenten la documentación estipulada. Pasado este plazo "improrrogable", la instructora advierte de que, de no formalizar los depósitos, se procederá al embargo de sus bienes.

No obstante, 29 de los 34 procesados, entre los que se encuentran el expresident Carles Puigdemont y varios miembros de su entonces gabinete –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa–, por los fondos destinados al referéndum y los gastos destinados a la acción exterior entre 2011 y 2017, presentaron los avales ayer por la mañana mediante vía telemática y mensajería urgente. "Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas", afirmaron ayer fuentes de la Generalitat.

El Tribunal de Cuentas deberá decidir ahora si acepta las fianzas recibidas mediante los avales del ICF, pero se antoja una fórmula poco convincente teniendo en cuenta las declaraciones de Artur Mas en la SER el pasado miércoles, en las que advirtió de las "altísimas probabilidades" de que el órgano contable rechace esa opción con la "excusa de que, como es un banco público, esta no puede directamente cubrir con un aval" a las personas encausadas. Cabe recordar que el ICF es una entidad financiera pública, propiedad de la Generalitat, que tiene como misión impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido económico de Catalunya.

Plan B De no aceptar las fianzas del ICF, los encausados deberán evaluar el valor de sus bienes por si en los próximos días fuera necesario recurrir a un plan B y cubrir la suma mediante su patrimonio personal, sumado a lo que recaude la llamada Caja de Solidaridad promovida por partidos y entidades soberanistas, que hasta el día de ayer habían recaudado alrededor de un millón de euros. De momento, el Tribunal de Cuentas no se moja y declara que "se dirimirá cuando proceda". Entre los encausados restantes que no se han acogido al aval del ICF, dos de ellos han depositado ya sus fianzas, y otros dos han realizado el trámite presentando sus bienes inmuebles.

Aval del Instituto Catalán de Finanzas

eL gOVERN CONFÍA EN SU VALIDEZ

Todo en orden. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, aseguró ayer que no ve "ningún motivo" para que el Tribunal de Cuentas rechace el aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para pagar las fianzas de 5,4 millones de euros que reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat por promover el 'procés' en el extranjero. "Es difícil que podamos hacer futuribles sobre cuál será la respuesta del Tribunal de Cuentas en su manera de actuar y su marco mental. Pero es un decreto sólido jurídicamente y, por tanto, no debería haber ningún motivo para que no se aceptara", subrayó. Según fuentes jurídicas, los encausados formalizaron ayer ante notario los avales otorgados por el ICF.

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