- La vuelta de las vacaciones se antoja complicada para un Pedro Sánchez asediado entre la oposición y sus propios socios de Gobierno. Con la vista puesta en la mesa de diálogo entre el Ejecutivo español y el Govern del próximo 13 de septiembre, se han disparado las hipótesis sobre un posible trato de favor en la Comisión Bilateral del pasado lunes.

Entre los acuerdos logrados, la ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona fue sin duda el pacto de la reunión. Con una inversión de 1.700 millones de euros, esta remodelación se postula como una piedra en el camino de la Ley de Cambio Climático, algo que no ha gustado a sus socios de Unidas Podemos. La diputada morada, Sofía Castañón, fue contundente ayer con la remodelación del aeropuerto, asegurando que es una “enorme incongruencia” y “va en sentido contrario de la transición ecológica”. Tal fue su disconformidad con la nueva medida que Castañón avisó de que, “si esto sigue adelante”, apoyarán las manifestaciones de Barcelona convocadas por la plataforma Zeroport.

A Sánchez se le acumulan los problemas y para colmo se vuelve a tensionar su relación con la Generalitat. Todo empezó el lunes, después de que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, anunciase la creación de un grupo de trabajo para negociar la cesión de la transferencia de la Formación Sanitaria Especializada (FSE), entre ellas la de los médicos internos residentes (MIR), a la administración catalana. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, contradijo las palabras de Rodríguez y encendió las alarmas, declarando que no hay “intención de cambiar nada”. “No está en la agenda de Gobierno hacer ningún cambio en el sistema de elección de MIR que no sea de la mano de todas las comunidades autónomas para mejorar el sistema”, afirmó Darias.

En contraposición a las palabras de la titular de Sanidad, la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, declaraba ayer a través de Twitter que “en la Comisión Bilateral se acordó crear un grupo de trabajo para debatir sobre este traspaso”. “Por lo tanto”, continúa, “sí está en la agenda”, zanjó la representante de ERC.

Si desde Podemos y Catalunya fueron duros con Sánchez, desde la formación que lidera Pablo Casado no iban a ser más amables. Tras hacerse eco de esta disidencia entre Gobierno y Generalitat, el PP exigió ayer al Ejecutivo desautorizar la transferencia de la FSE. “¿A quién creemos?”, se preguntó la exministra de Sanidad y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, instando al Gobierno español a aclarar su posición. “Alguien falta a la verdad. Le pedimos al Gobierno que desautorice de forma urgente e inmediata a la Generalitat”, exigió la portavoz popular.

A raíz de las negociaciones entre el Ejecutivo de Sánchez con comunidades como Catalunya o Euskadi para ampliar su autogobierno, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, que gobierna en la comunidad con Ciudadanos y el apoyo de Vox, no quiso quedarse atrás: “Lo mismo que se le dé a otras comunidades autónomas queremos para Andalucía”, declaró la líder popular. Un contrasentido teniendo en cuenta que el partido de Santiago Abascal es partidario de un Estado centralista en el que se supriman las autonomías.