l Gobierno de Navarra ha presentado esta semana su techo presupuestario. Es la cifra que determina la capacidad de inversión pública de la Administración foral para 2022, calculada en base a sus previsiones económicas y el margen de deuda. Y supone de facto el inicio de la negociación presupuestaria en el seno del Gobierno, primero, y en el Parlamento, después. Arranca formalmente el penúltimo debate presupuestario de la legislatura, que se prevé intenso.

Lo hace con números optimistas para el Gobierno foral, que pese a la pandemia sigue apostando por el ciclo expansivo iniciado ya en 2015. Alcanzará así un nuevo récord presupuestario. 4.743 millones de inversión pública para los que se van a movilizar todos los recursos disponibles: la recaudación propia (crecerá un 9%); los fondos europeos, que por primera vez se incluirán en el proyecto de presupuestos (164 millones, pero serán más conforme los distintos ministerios vayan aprobando las ayudas); y un nuevo déficit presupuestario de 200 millones.

Navarra volverá a cerrar el ejercicio con un nuevo máximo de deuda pública, asumible por ahora por el bajo coste de los intereses financieros, pero cada vez más importante en términos globales. Y que tendrá que ajustar cuando Europa recupere la doctrina de estabilidad presupuestaria suspendida por la pandemia. Es la letra pequeña del presupuesto, por la que el Gobierno ha preferido pasar de puntillas, pero que tampoco se puede ignorar.

Ese en cualquier caso es un problema que, como pronto, queda para 2023. Antes hay que determinar cómo se reparten por departamentos esos casi 5.000 millones. Y eso no va a ser fácil en un Gobierno de coalición donde a la rivalidad tradicional entre departamentos se une la competencia entre dos siglas que enfocan de forma distinta la tramitación presupuestaria.

Para el PSN esta es una competencia de Hacienda, que es quien maneja los recursos de la Administración Foral y quien tiene una foto global del conjunto del Gobierno. Por lo tanto, es quien decide cuánto dinero hay para gastar y cómo se reparte entre las distintas consejerías. Pero para Geroa Bai el reparto debe llegar tras un análisis compartido y consensuado entre ambas fuerzas, y no solo por decisión unilateral de un departamento que, a fin de cuentas, depende de los socialistas.

El debate no es nuevo dentro del Ejecutivo. Ha vuelto surgir esta semana a cuenta de techo de gasto, acordado finalmente entre Elma Saiz y José Mari Aierdi, no sin cierta tensión. Pero adquiere mayor importancia si cabe ante unos presupuestos que son estratégicos para muchos departamentos, que difícilmente podrán acometer antes del final de la legislatura los proyectos que no cuenten con dotación financiera el próximo año. Y ahí, como es lógico, cada uno defenderá su parcela.

Hay que tener en cuenta además que estos presupuestos van a incluir por primera vez los fondos europeos. Partidas importantes que no son homogéneas, y que pueden distorsionar la foto final de algunos departamentos que van a contar con mayor financiación extraordinaria. Por lo que algunas voces apuestan por compensar esa cuantía adicional con menor presupuesto ordinario para equilibrar mejor el reparto.

Un contexto en el que se encara también el debate fiscal, del que por ahora solo se conoce la intención de rebajar la tributación de las rentas bajas y medias en el IRPF. Una medida en la que ha mostrado especial interés el PSN que, tras compensar la tributación por las bajas de maternidad y paternidad, busca un nuevo guiño fiscal en la declaración de la renta de 2023. Pero que resulta insuficiente para sus socios presupuestarios, que abogan por una reforma más global que no solo incida en un gasto fiscal de efecto limitado.

La disputa en cualquier caso no llegará a más. El Gobierno de coalición es una apuesta estratégica tanto para PSN como para Geroa Bai, que abogan -o al menos así lo subrayan públicamente- por continuar más allá de esta legislatura. Así que a ninguno le interesa tensar la cuerda más allá de lo imprescindible en la lógica negociadora. De hecho, que los detalles de la discusión queden en el seno del Gobierno no deja de ser una muestra más de que las discrepancias siempre dejan una puerta abierta al acuerdo final.

Es el marco de negociación que ofrecen los presupuestos de un ejercicio vital para el Ejecutivo. 2022 debe ser el año de la recuperación económica y de la la materialización de muchos proyectos aplazados o eclipsados por la pandemia. Pero también el de la consolidación de la propia alianza de Gobierno. Un proyecto político que ambas partes deberán defender de forma conjunta y firme si no quieren trasladar una imagen de debilidad en el tramo final de la legislatura, con la tensión política en aumento conforme se acerque el periodo electoral.

El Ejecutivo foral ha fijado el mayor techo de gasto de la historia, 4.763 millones, con los que confía en consolidar la recuperación economica

Hacienda debe acordar ahora con los departamentos el reparto de los fondos, una tarea difícil y siempre tensa