El 90% de los presos de ETA dispondría de permisos para salir a la calle si se les aplicara la ley penitenciaria normal.

La asociación de familiares Etxerat denuncia que 168 de los 188 presos y presas del EPPK deberían estar saliendo de permiso si se les estuviera aplicando la legalidad ordinaria -un cuarto de pena cumplida, buen comportamiento-, pero la realidad es que solo 22 reclusos están disfrutando de estos permisos.

Es una realidad que se da por el hecho de que a estos presos se les sigue aplicando la ley de excepcionalidad penitenciaria 7/2003 pese a que la organización ETA se disolvió en 2018 -tras quedar inoperativa mucho antes-, y que va a tener implicaciones en la pena de prisión de cada uno de ellos: el no disponer de estos permisos les dificultará las progresiones de grado de los que sí dispondrían en caso de ser presos de régimen ordinario.

Es algo que puso encima de la mesa Etxerat la semana pasada, cuando junto a otras plataforma de defensa de los derechos de los presos denunció la lentitud y el bloqueo que siguen sufriendo los presos vinculados a ETA.

PASOS "LENTOS"

Y eso que desde 2018 el panorama es otro. Desde entonces, se han producido tanto acercamientos como progresiones de grado, algo impensable hasta entonces y que tenía a toda la población reclusa de la organización en cárceles muy lejanas a la CAV y Navarra y en primer grado, el régimen carcelario más estricto, en el que no hay salidas, hay menos horas de patio y se pasa aproximadamente 14 horas al día en la celda.

Ahora el panorama es otro. Hay 145 presos en segundo grado y 16 en tercer grado, que deberían ser muchos más -132, calcula Etxerat- en caso de normalidad penitenciaria. Pero desde la asociación entienden que la transición está siendo incompleta: 51 presos deberían estar ya en tercer grado y, además, los acercamientos están siendo más bien aproximaciones, ya que muchos siguen en prisiones de Cantabria, La Rioja y Aragón -no en la CAV o en Navarra- y el 35% sigue estando a una media de entre 150 y 400 km.

Por eso, desde Etxerat consideran que esta realidad "no es asumible", algo que entienden que lo ve "la mayoría de la sociedad vasca". La asociación insiste en que no se trata de ningún privilegio sino de "derechos", y que por tanto la situación no puede seguir así.