Pamplona - El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, cree que el acuerdo marco para la gestión de plazas residenciales es una “apuesta clara por la calidad porque configurará un nuevo modelo centrado en las personas y mejorará los servicios prestados a los usuarios y los salarios de los profesionales”. Según adelantó en su día el horizonte es llegar a ofertar 3.000 plazas concertadas en cuatro años, algo que considera económicamente asumible (con una inversión neta de 1,2 millones anuales) e incluso se podría hacer ya, si el Estado flexibilizara el techo de gasto para las autonomías debido al tipo de cómputo presupuestario de estas partidas. De momento, el Gobierno ya ha consignado 8,4 millones adicionales (un 18% de incremento) para este campo en los presupuestos de 2019, lo que garantiza unas doscientas plazas más de las 1.700 actuales. Así lo explicó en comisión parlamentaria, donde ha comparecido a petición propia para informar sobre el acuerdo marco para la gestión de plazas residenciales, que calificó como una apuesta clara por la calidad. Entre otros aspectos, se pretende posibilitar la elección de centro por parte de las personas usuarias y configurar un nuevo modelo centrado en las personas. “Cada persona decide dónde quiere estar, cuál es la plaza que más le conviene y la residencia donde quiere vivir, y esto debe permitir una distribución en el territorio más acorde a las necesidades de las personas”, indicó.

Sin embargo, quiso poner de manifiesto que “si no fuese por la ley de estabilidad presupuestaria del Estado, la reconversión de todas las plazas vinculadas a servicios (subvenciones a usuarios que van a una residencia privada) en plazas concertadas (con la garantía indirecta de la Administración) podría hacerse en su totalidad este mismo año o el siguiente, “pero la existencia de un techo de gasto obliga a ir cumpliendo este objetivo progresivamente”. Esto se debe a que el Estado computa como incremento de gasto de la autonomía lo que cuestan estas plazas pero no descuenta los ingresos que reportan de los usuarios (que tienen como referencia la Administración) para tener en cuenta sólo el incremento neto.

En cualquier caso, puso en valor que este nuevo sistema, además, “estimula mejoras salariales y estimula la mejora de la calidad”. En palabras del consejero, “se contemplan mejoras en las ratios, incluyendo más profesionales y mejor distribuidos en el tiempo y se exige el desarrollo de planes de formación para cada una de las residencias”. Por otro lado, Laparra garantizó que “en ningún caso los costes sanitarios van a estar financiados por la persona usuaria en Navarra”. Asimismo, anuncio que se contempla crear un órgano de participación permanente que realice las funciones de seguimiento del acuerdo y de coordinación técnica del mismo. Los partidos que apoyan al Ejecutivo (Geroa Bai, EH Bildu, I-E y Podemos Ahal-Dugu) saludaron la propuesta de vicepresidente mientras que desde la oposición se le criticó por no haber dado prioridad a este cambio. Especialmente crítica se mostró Maribel García Malo para quien en “estos cuatro años no se ha hecho nada o muy poco en materia de dependencia” mientras que a socialista Nuria Medina lamentó que “pese a que ha sido altamente anunciado este sistema llega tarde”, dijo. - Efe/D.N.