64 condenados aceptan penas de entre 4 meses y 5 años de cárcel por fraude a la Seguridad Social

Se daban de alta en 7 empresas ficticias de Berriozar y Tudela para cobrar paro o regularizarse

09.02.2020 | 15:45
Exterior palacio de justicia

Se daban de alta en 7 empresas ficticias de Berriozar y Tudela para cobrar paro o regularizarse.

pamplona - Fue difícil incluso de representar la vista oral. Pocas veces la sala de vistas 102 del Palacio de Justicia, donde se juzgan los juicios más mediáticos y de mayor envergadura, se queda pequeña, pero el pasado lunes se convirtió en un escenario diminuto para los 67 acusados que se sentaban en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra por un delito continuado de estafa y otro contra la Seguridad Social. El fraude a la Tesorería General asciende a 393.850,66 euros tanto en las prestaciones cobradas irregularmente como en la deuda generada por las empresas ficticias creadas por los principales acusados (tres hombres de la misma familia, de origen magrebí y vecinos de Berriozar y cuyas mujeres resultaron absueltas). Estos tres procesados, que hacían las veces de empresarios sin llegar a crear ninguna mercantil, fueron condenados a cinco años de prisión y a 90.000 euros de multa, pero la pena de cárcel les fue sustituida por la expulsión de España durante diez años.

El resto de acusados se encargaba de abonar una cantidad para que les hicieran un contrato de trabajo que no tenía plasmación en una actividad real. De esa forma, posteriormente, cuando el contrato finalizaba, tenían derecho a cobrar el paro o a acceder a algún tipo de regularización administrativa, permiso de residencia, solicitud de matrimonio o de reagrupación familiar. Estos 61 encausados han sido condenados a 13 meses de prisión, en el caso de los que regularizaban su situación, y a entre 4 y 8 meses de cárcel a aquellos procesados que recibieron las prestaciones y han devuelto parte de ellas.

La conformidad alcanzada prueba que los principales condenados, aprovechando la relación familiar existente a cambio de una remuneración económica que ha podido ser determinada, y con la intención de defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social, procedieron a la creación de diferentes empresas, cuya única finalidad era la de servir de medio, para dar de alta a diferentes trabajadores y que éstos justificaran, ante las autoridades administrativas correspondientes, la existencia de contratos de trabajo, pero que les permitiera el acceso a prestaciones de subsidio o desempleo a los que realmente no tenían derecho; o que les facilitara su regularización administrativa en España y el reagrupamiento familiar.

los TRES ADMINISTRADORES, EXPULSADOS DURANTE DIEZ AÑOS Para evitar ser descubiertos los acusados decidieron que los administradores de las empresas fueran diferentes en cada caso, siempre dentro de la misma familia. En ninguno de los casos, las empresas dieron trabajo real a los trabajadores, ni tenían actividad empresarial; ni abonaban las cantidades debidas a la Tesorería General de la Seguridad Social por los trabajadores contratados, ni abonaban el IVA ni el impuesto de Sociedades; teniendo cada una de ellas un periodo corto de vida y siendo automáticamente sustituidas por otra de las empresas del clan familiar que continuaba la actividad por la anterior. Las empresas constituidas tuvieron su domicilio social en Berriozar, Tudela y Cascante, y la mayoría de ellas se dedicaban supuestamente a servicios forestales, limpieza de montes y jardines, explotación de madera o comercio de frutas y hortalizas.

Así, dichas firmas procedieron a dar de alta a 61 trabajadores, con los que, actuando de mutuo acuerdo, firmaron contratos de trabajo mendaces para aparentar ante la Tesorería General de la Seguridad Social y demás organismos públicos que iban a desarrollar actividad laboral para dichas empresas, sabiendo por tanto los trabajadores que no iban a realizar trabajo alguno y que tales contratos y alta en la Seguridad Social les servía para cobrar prestaciones o regularizar su situación. Dichos contratos se presentaron ante las autoridades laborales y de la Seguridad Social e incorporados a los diferentes expedientes administrativo-laborales propios de dichas administraciones.

140 INVESTIGADORES DE INICIO A la mayoría de los procesados se les aplicó la atenuante de reparación del daño después de que hubieran devuelto parte de las subvenciones que habían cobrado. Solo uno de los acusados no había devuelto ni un euro de lo cobrado. Este asunto se empezó a investigar en 2014 por la Policía Nacional después de la denuncia de la Seguridad Social que se percató de la irregularidad de la situación mercantil de las empresas. En total, el Juzgado de Instrucción 1 de Pamplona llegó a investigar a 140 personas, pero más de las mitad de ellas habían cobrado prestaciones o estuvieron dados de alta en los años 2009-10, por lo que su delito había prescrito, ya que no se puede reclamar ayudas percibidas más de 4 años antes de denunciar.

las claves

Siete empresas que no tenían actividad real y cuyo objeto social era la reforestación o el comercio de fruta. Los administradores de las empresas pertenecían todos a una misma familia de origen magrebí. Crearon tres empresas en Berriozar, otras tres en Tudela y una última en Cascante. El objeto social que las unía era la reforestación, el cuidado de jardines, la limpieza de montes o la compra de hortalizas y frutas.

5 años de cárcel a los tres principales acusados, pena sustituida por los diez años de expulsión del país. Los tres principales acusados eran familia entre sí y eran quienes figuraban al frente de las empresas ficticias. A las mujeres de la familia se les retiró la acusación. De esta forma, recibieron las penas más graves, de hasta cinco años de cárcel, por un delito continuado de estafa y otro delito agravado por fraude a la Seguridad Social.

El resto de acusados: 4, 8 y 13 meses de prisión, respectivamente. Hasta 61 procesados aceptaron en la Sección Primera de la Audiencia penas que oscilaban entre los 4, 8 y 13 meses de cárcel por cobrar prestaciones o regularizarse a través de esos contratos ficticios.