vitoria - Durante la Guerra Civil y hasta 1945 fallecieron 19.998 vascos, 5.887 de los cuales tuvieron muertes consideradas crímenes contra la (o de lesa) humanidad, la gran mayoría cometida contra el bando republicano, según el balance provisional de un informe elaborado por el Gobierno Vasco. El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, presentaron ayer en Vitoria las conclusiones del Informe sobre víctimas mortales durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945), elaborado por el Ejecutivo autonómico, en colaboración con la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UPV/EHU y la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Se trata de la primera fase de un estudio más amplio sobre Vulneraciones de Derechos Fundamentales entre 1936-1978, que ofrece un listado con los nombres de las víctimas mortales ocasionadas desde 1936 a 1945 en la Guerra Civil y la posguerra en la CAV, así como de los vascos que murieron en esa etapa en otros puntos del Estado. El balance provisional indica que se han contabilizado un total 19.998 víctimas mortales, de las cuales 698 no están indentificadas. La mayoría son hombres, 18.958, y 998 mujeres. Sobre las 42 restantes no ha sido posible determinar el género.

Del total, murieron en combate 6.767 gudaris y milicianos y 5.479 sublevados, 2.252 fallecieron en prisión (todos republicanos) y 1.363 en bombardeos (que afectaron a población civil y a combatientes republicanos). Además se han documentado 1.130 en ejecuciones extrajudiciales (todas a republicanos), 955 muertes a manos de republicanos en acciones no combatientes (los llamados daños colaterales, como balas perdidas), 895 en ejecuciones sumarísimas (penas de muerte, todos a republicanos), 247 por daños colaterales causados por los sublevados y 910 sin clasificar.

responsabilidad penal El informe incluye, además de la causa de la muerte, la calificación que el derecho penal internacional otorga a la misma y de esta manera se constata que 5.887 muertes son consideradas crímenes de lesa humanidad de asesinato o desaparición forzosa. Ahí se ha incluido a los fallecidos en los bombardeos, por daños colaterales, en ejecuciones extrajudiciales y sumarísimas, y en prisión, donde la gran mayoría son víctimas republicanas. Fernández precisó que los muertos en combate no tienen calificación en el derecho penal internacional y que no todas las violaciones de derechos humanos que se puedan dar en una conflicto bélico generan una responsabilidad penal internacional, solo las que responden a tres características: una intensa gravedad, un carácter sistemático y un alcance masivo.

También explicó que los muertos causados por los republicanos en acción no combatiente no se han considerado crímenes de lesa humanidad porque lo ocurrido en el bando republicano y el sublevado se sitúa en un “marco completamente diferente”. “Los combatientes sublevados se alzaron contra un sistema democrático, los republicanos defendieron la legalidad democrática. Los sublevados muertos en combate fueron tratados como héroes y los muertos republicanos de rebeldes, sediciosos. Las violaciones de derechos humanos cometidas por el bando sublevado formaron parte de un plan sistematizado y con gran impacto sobre la población civil”, describió.

Fernández remarcó que eso no quiere decir que los republicanos no cometieran violaciones de los derechos humanos pero la calificación que merecen “unos hechos u otros en el derecho penal internacional es diferente”. Sin embargo, reconoció que ante esos crímenes no cabe en la actualidad “muchas posibilidades de actuación jurídica”. Fernández también precisó que todos estos datos no son definitivos, es una investigación “abierta” porque todavía queda por localizar a vascos que murieron en la Guerra Civil fuera de la CAV.

Además, existen inscripciones tardías en los registros civiles realizadas a finales de los 70 e inicios de los 80 a los que por el momento no ha sido posible acceder y muchas víctimas mortales de la Guerra Civil no fueron inscritas en ningún archivo, sobre todo en el caso de los ejecutados y combatientes del lado republicano. Este vacío documental solo se puede solventar por medio de fuentes orales y familiares. Esta ha sido, de hecho, la vía de incorporación de 470 casos a esta base de datos.

Este estudio es un “primer paso” y constituye una “base sólida” para promover una declaración institucional de reparación oficial a todas las víctimas de la Guerra Civil en la CAV, algo que requiere un “gran consenso” político e institucional, comentó. - Efe