pamplona - Diferentes representantes de la comunidad educativa han mostrado su recelo sobre la sugerencia planteada por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de grabar en aulas y despachos para evitar los abusos sexuales a menores en el entorno educativo, y exponen que esta medida confronta con el derecho a la intimidad de escolares y docentes. El Ministerio Fiscal ha realizado esta propuesta ante el aumento del 23% de los casos de abusos sexuales, 18.986 el pasado año, y en concreto de un 43% de las causas de violación cometidas por menores, un total de 648. “Es un dato de la mayor relevancia. Se consolida una línea clara y acusadamente ascendente en los últimos años”, se advierte en la documento, presentado ayer por la fiscal general, María José Segarra.
Según sostiene la Fiscalía en su Memoria, los abusos sexuales contra menores se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. “Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios”, apunta. En este contexto, hace hincapié en la dificultad de probar un delito que se mueve “en un entorno de extrema intimidad en su ejecución” y donde existe “una connotación de vergüenza” por parte de las víctimas que habitualmente suelen rechazar la vía judicial.
Para evitar esto, el Ministerio Fiscal sugiere que se “podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados -como despachos, aulas-, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones”.
La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal, rechazó la sugerencia de la Fiscalía y desconfía del control que podrían tener las imágenes grabadas en los centros educativos. “No va a favorecer el clima del centro, y por la protección de datos. No sabemos quién va a utilizar esas imágenes y para qué, y cuando hablamos de grabar a menores hay que pedir consentimiento a las familias”, aclaró.
El presidente de Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro Caballero, señaló que la medida debería ser “consensuada y estudiada por todos los agentes sociales involucrados en la educación de los más jóvenes”.
La reacción de algunos sindicatos docentes fue todavía más contundente. Por ejemplo, de CSIF, cuyo responsable de Educación, Mario Gutiérrez, calificó de “barbaridad” lo que considera una “ocurrencia” de la Fiscalía. Para el presidente del sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), Nicolás Fernández, se trata de una medida “desproporcionada e ilegal porque en los centros los alumnos son menores bajo el amparo de la ley del menor”.
Dentro del incremento general de los delitos sexuales, la memoria considera especialmente “inquietante” el crecimiento de la violencia entre los jóvenes y pone el foco en los casos de las violaciones en grupo, que eleva ya a la categoría de “fenómeno” y lo relaciona con el uso de pornografía a través de las redes, “donde se representa a la mujer cosificada”. “Una situación que hay que afrontar desde el ámbito educacional, en el que padres y Administraciones deben aunar esfuerzos para asegurar la transmisión de valores de igualdad, respeto y no discriminación”, advierte.
El Ministerio Público reclama que casos como el de La Manada sirvan para reflexionar sobre la interpretación y la aplicación práctica del Código Penal, el tratamiento informativo de estos asuntos y sobre la imagen que transmite la Justicia “cuando las decisiones que se adoptan se muestran tan alejadas de una mayoritaria sensibilidad social”. - D.N.
