Pamplona. El Gobierno Foral tiene previsto incrementar en 25 el número de viviendas incluidas en el Fondo Foral de Vivienda Social a lo largo del 2020, superándose así las 150 casas destinadas a este recurso de atención a personas en exclusión incapaces de acceder a ellas a través de ninguna otra vía.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, ha anunciado esta ampliación durante su comparecencia en una comisión parlamentaria.

Navarra cuenta con 133 viviendas de titularidad pública integradas en este fondo que dan alojamiento a más de 400 personas, multiplicándose su número por cuatro en los últimos cinco años, pues en 2014 solo había 34 registradas.

Según ha indicado, en 2020 "superará las 150 viviendas", ya que tienen previsto incorporar 22 en el ámbito rural (cinco en Ujué, cuatro en Burguete, cuatro en Espinal, cuatro en Jaurrieta, tres en Sangüesa y dos en Roncal) y otras tres en una promoción de vivienda protegida de Mutilva.

Además, ha asegurado, esto irá acompañado de un aumento de los recursos económicos destinados al acondicionamiento y a la mejora del nivel de habitabilidad de las viviendas.

En el marco de esta ampliación, ha anunciado la incorporación de una cuarta vivienda al programa 'Housing First' para la atención de personas sin techo con gestión de la Fundación Xilema y de una vivienda en Tierra Estella destinada al programa de acompañamiento de menores extranjeros y gestionada por la UTE Zakan que se unirá a la ya existente en Pamplona.

Ha aclarado que este no debe confundirse con la oferta pública de vivienda protegida gestionada por la sociedad pública Nasuvinsa, destinada al alquiler o la compra, sino que se trata de un recurso dirigido a "atender a personas en situación de exclusión social" que "en ningún caso podrían acceder a una vivienda de modo normalizado".

Navarra cuenta con una oferta de más de 1.600 viviendas de alquiler protegido, ha indicado Aierdi destacado el programa 'Navarra Social Housing' a través del que se construirán 524 nuevas viviendas de alquiler que "evidencian la importancia del cambio de paradigma en esta materia".

Este fondo, ha explicado, surgió en 2014 para dar respuesta a las "familias desamparadas por ejecuciones hipotecarias de desahucio", pero desde 2015 "se ha ido extendiendo a otras áreas sociales, entidades y necesidades" para dar respuesta a las nuevas circunstancias de la sociedad navarra.

En la actualidad, ha explicado, se dirige no solo a esas casuísticas, sino también a víctimas de violencia machista, refugiados, menores extranjeros no acompañados, personas con diversidad funcional o psíquica, con toxicomanías u otros colectivos en situación de exclusión.

Esto, ha afirmado, responde al esfuerzo que viene realizando el Gobierno en los últimos cinco años "desde los principios de la función social, y no solo patrimonial, que debe tener la vivienda" y del reconocimiento de este derecho "para todas las personas".

Este recurso no se basa solo en la cesión de una vivienda, sino que se ofrece de manera paralela a un acompañamiento con el que se busca la "inserción y normalización social".

Desde el PSN María Biurrun ha aprovechado para señalar que "patriotismo es trabajar por los ciudadanos garantizando sus derechos sin que nadie se quede atrás" y ha aludido a un incremento presupuestario y una modificación legislativa por parte del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez encaminados a la "profundización de la vivienda entendida como un derecho de las personas".

Por Navarra Suma, Jorge Esparza ha criticado la gestión del actual consejero durante los cuatro últimos años al frente de Nasuvinsa refiriéndose al margen entre las actuales 133 viviendas del fondo social y las 400 a las que hacía referencia el acuerdo programático del anterior Gobierno, prueba, ha asegurado, de que "la vivienda no ha sido una prioridad" para ellos.

En referencia a esto, Ana Ansa, de Geroa Bai, ha reconocido que no han podido cumplir todos sus propósitos, si bien ha asegurado que sí han hecho "un buen camino" potenciando el alquiler, la cohesión territorial y la atención diferenciada según las necesidades a la vez que ha mostrado su alegría por que "a NA+ esto empiece a importarles".

Txomin González, de EH Bildu, ha considerado que las entidades sociales tienen "demasiado protagonismo" y que "debería ser la administración quien gestionase todos estos recursos" a la vez que ha recomendado que la oferta no se centralice en Pamplona y se adecue a la comarcalización de la pobreza, destacando en este sentido la Ribera.

Marisa de Simón, de I-E, ha mostrado su preocupación por las distintas necesidades asociadas a las personas destinatarias de este recurso y ha considerado que" todas las acciones tienen que ir ligadas al departamento de Derechos Sociales".