Navarra amplía a prisión la terapia de agresores sexuales, con un 80% de éxito

El Gobierno adjudica al Psimae el contrato de estos servicios de atención psicológica

21.02.2020 | 01:17
Un hombre, preso en el centro penitenciario de Pamplona.

pamplona – El centro penitenciario de Pamplona contará en los próximos meses por primera vez con un programa específico de atención terapéutica a agresores sexuales. El objetivo principal de dicho programa de intervención no es otro que el de evitar la reincidencia del delincuente –a la vista de las estadísticas el 80% de este tipo de delincuentes no reincide, frente al 35%-40% de reincidencia de un delito común–, además de favorecer un análisis realista de las propias actividades delictivas y mejorar las capacidades de relación personal normalizada. Hasta el momento no se disponía de este tipo de programas dentro de la cárcel de la capital navarra, aunque sí se realizaba un seguimiento de aquellos condenados por delitos sexuales que se encontraban en libertad y que con posterioridad ingresaban para cumplir condena en la cárcel.

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Justicia, ha adjudicado ahora el contrato de los servicios de atención psicológica de urgencia y terapéutica para las víctimas directas e indirectas de delitos, así como su extensión de los programas para agresores sexuales en el Centro Penitenciario de Pamplona, al Psimae Instituto de Psicología Jurídica y Forense, dando así respuesta a la demanda transmitida tanto desde Instituciones Penitenciarias como desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. El programa, que estará en vigor hasta 2024, y supondrá una inversión de hasta 2,4 millones de euros, incluye terapias para los autores de diferentes delitos, destacando entre ellas los programas de terapia individual y de grupo con maltratadores del ámbito familiar y agresores sexuales. Estas terapias se aplicarán a los condenados tanto en régimen ambulatorio como en prisión. Así, asumirá la atención psicológica a víctimas, haciendo especial hincapié en las y los menores de edad.

El contrato firmado se dirige a quienes han cometido delitos de tipo sexual, tanto sobre mujeres como hacia menores, y que se encuentran en régimen ambulatorio y en prisión. Así, se trata de una intervención psicoterapéutica dentro de programas que constan de hasta cuatro fases –tres si no se considera necesaria la terapia de grupo–, y conllevan el seguimiento de los casos finalizados a los 3, 6 y 12 meses. También se puede dar el caso de que un agresor abandone la prisión y pueda seguir el tratamiento fuera de ella.

participación voluntaria Los programas que se realizan en régimen ambulatorio vienen dictados por una sentencia judicial y a las intervenciones desde prisión se accede de forma voluntaria, por lo que, obviamente, también se dan abandonos a lo largo de las distintas terapias. También se podrá acceder al programa a través de organismos públicos (servicios sociales y de salud) o profesionales relacionados (letrados, psicólogos), "previo informe de derivación al recurso, si el usuario es un caso susceptible de realizar la terapia", según el contrato firmado.

Por otro lado, el contrato estipula que los trabajos contratados en lo relativo a la Atención Psicológica de Urgencia a víctimas de delitos permitan una disponibilidad de este servicio de 24 horas los 365 días al año, prestándose la atención allí donde se encuentre la víctima. Los psicólogos de guardia serán requeridos a través de 112 SOS Navarra. Asimismo, se recogen diferentes condiciones, como la obligación de que sean dos las personas desplazadas a intervenciones por delitos muy graves, como puedan ser asesinatos, homicidios o agresiones graves con múltiples afectados.

Víctimas de delitos. También se incluyen los Programas de Terapia Individual y de grupo con víctimas de delitos, adultas y menores, para "superar las secuelas emocionales y el daño psíquico que se dan en la víctima como consecuencia del suceso traumático vivido". Las terapias se mantienen hasta los dos años, aunque se puede prolongar a tres. Se incluye en el servicio el apoyo y acompañamiento en el proceso judicial, así como la emisión de informes a petición tanto de la propia víctima como del Juzgado u otros organismos públicos.