Hasta 115 millones para atender el aumento de demanda de Renta Garantizada en Navarra

El Ejecutivo foral sigue trabajando en varias líneas para incrementar el parque de vivienda asequible

26.06.2020 | 11:28
La consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha señalado este viernes que el presupuesto estimado de la Renta Garantizada (RG) oscilará en 2020 entre 110 y 115 millones de euros debido al incremento en la demanda. "No obstante hay que tener en cuenta la compatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que supondrá compartir con la Seguridad Social parte de esa cuantía", ha señalado.

Maeztu, que ha comparecido en comisión parlamentaria para informar del Plan de Inclusión Social, ha señalado que en el contexto de la pandemia del Covid-19 hay un incremento en las unidades familiares perceptoras de Renta Garantizada, de ayudas de emergencia social, la necesidad de abrir dispositivos nuevos para personas sin hogar o tener que implementar un mecanismo de ayuda alimentaria.

Según ha dicho, "todo ello hace que deba revisarse el Plan Estratégico de Inclusión Social". Ha explicado que se han mantenido contactos con las organizaciones de la sociedad civil implicadas en esta materia para "recabar la opinión y consensuar esta reorientación del Plan Estratégico de Inclusión Social".

Ha explicado Maeztu que se está produciendo un incremento en el acceso al derecho a la Renta Garantizada debido a pérdidas de empleo, por lo que este incremento en la tasa de cobertura conlleva un gasto mayor, "que repercutirá en el incremento de la protección social y por tanto de contención de la tasa de pobreza".

Ha continuado señalando que "la implantación del Ingreso Mínimo Vital, prestación económica del ámbito no contributivo de la Seguridad Social, va a requerir una articulación ágil y rápida de los instrumentos para garantizar una convivencia racional de los mismos".

"Vamos a aprovechar la implementación de esta nueva prestación para avanzar en la mejora de la gestión de ambas prestaciones, basada en la interoperabilidad de sistemas de información (datos de residencia legal, empadronamientos y convivencia, datos económicos de hacienda, datos de empleo y seguridad social) y en la automatización de procesos; asimismo avanzaremos en el modelo de gestión de estas prestaciones retirando progresivamente a los servicios sociales de base la carga administrativa que supone su gestión y yendo hacia un modelo descentralizado", ha expuesto.

Entre las medidas para 2020, la consejera ha indicado que, en relación a actuaciones del SNE, durante el periodo de estado de alarma "se ha garantizado la continuidad de medidas dirigidas a colectivos especialmente vulnerables".

En incorporación social, entre otras áreas que ha mencionado, ha añadido que desde el departamento de Derechos Sociales "se dará continuidad a la línea de fomento de la incorporación social a través de las entidades del tercer sector".

Sobre vivienda, Maeztu ha comentado que el Gobierno de Navarra tiene previsto a corto plazo plantear una modificación legislativa para que las viviendas protegidas que se inicien a partir de la entrada en vigor de la futura ley tengan la calificación permanente.

"A su vez, se sigue trabajando en distintas líneas para incrementar el parque existente de vivienda asequible", ha añadido.

Ha comentado que en la pandemia "fuimos la primera Comunidad Autónoma de España en establecer ayudas para el alquiler libre como consecuencia del Covid-19, este Gobierno aprobó una modificación para que pudiera acceder al programa DaVid cualquier persona o familia inscrita en el censo con anterioridad al estado de alarma". "De este modo, se ha pasado de 219 solicitudes a 582 a 1 de junio de 2020. Con un total de prestaciones reconocidas mensualmente de más de 130.000 euros", ha dicho.

PLAN DE INCLUSIÓN

Maeztu ha indicado que el Plan Estratégico de Inclusión Social de Navarra 2018-2021 es "la herramienta estratégica orientada a garantizar el derecho de las personas en situación o riesgo de exclusión, a ser apoyadas en sus procesos de inclusión social". Se pretenden alcanzar 31 objetivos generales, 39 objetivos operativos y para ellos se incluyeron cerca de 160 medidas específicas.

No obstante, ha comentado que la crisis sanitaria del Covid-19 y el estado de alarma "ha impactado fuertemente a la sociedad en su conjunto y también a las instituciones, por lo que la realización del informe de seguimiento también ha estado condicionada por ello; y no sólo este proceso evaluativo sino que también conllevará necesariamente una revisión y reprogramación del propio plan y de sus medidas para adecuar el plan al escenario que vislumbramos".

Maeztu ha señalado que "en líneas generales el plan se está desarrollando de manera adecuada en todas y cada una de sus líneas estratégicas a través de sus muy diversas medidas". "De algunas medidas nos falta la información definitiva porque el reporte de los datos por parte de los departamentos se ha visto afectado por la crisis sanitaria", ha indicado, para exponer que esperan tener toda la información ya definitiva en fechas próximas en que concluirá la evaluación.

En el turno de los grupos, la parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales ha indicado que "en estos momentos nos encontramos en una situación distinta y hay que hacer un replanteamiento del plan". "Deberían preparar un plan de contingencia por lo que pueda venir", ha dicho.

Desde Navarra Suma, Marta Alvárez ha comentado que "este plan no nos ha gustado nunca porque tiene carencias, es poco innovador, sin medidas de calado importantes". "Nos gustaba una calendarización y presupuesto pero en la ejecución han fallado", ha opinado.

La socialista Nuria Medina ha indicado a Navarra Suma que "llevábamos sin Plan de Inclusión desde 2001 y UPN gobernó hasta 2015". Ha puesto en valor las medidas expuestas por la consejera y ha opinado que este plan era "necesario".

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha comentado que las medidas del plan "tendrán que adaptarse a la nueva situación" con el Covid-19. "No debemos perder los criterios y orientaciones de los que partía este plan y su objetivo principal", ha dicho.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha considerado "muy completa" la intervención de la consejera y ha apuntado que es un plan "innovador, de calado e intregal". "Las actuaciones tienen que ir encaminadas el número de familias que necesitan la protección", ha expuesto.