Los principales factores de incidencia de la covid-19 en las residencias navarras

La primera ola del virus deja 437 fallecidos, 274 con diagnóstico covid y el resto con síntomas compatibles

22.09.2020 | 11:01
Familiares saludan a residentes de La Milagrosa, en Tudela.

La incidencia del COVID-19 fue mayor en residencias de tamaño grande, que recibían numerosas visitas y estaban ubicadas en zonas con alta prevalencia

La prevalencia en la zona, el tamaño del centro y las visitas previas al estado de alarma son los principales factores explicativos de la incidencia de la Covid-19 en los centros residenciales sociosanitarios de Navarra, según la auditoría independiente presentada por el Gobierno foral. Desde el inicio de la pandemia, 280 personas han fallecido con coronavirus en estos centros. DESCARGA AQUÍ LA AUDITORÍA

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, ha sido la encargada de presentar este martes en rueda de prensa los resultados de esta auditoría, que es "la primera oficial en una comunidad sobre la crisis de la Covid en los centros, una obligación ética ante el duro impacto que tuvo la pandemia y una obligación política de evaluar la gestión realizada para poder mejorar en el futuro inmediato".

Maeztu se ha mostrado "satisfecha" de que "prácticamente buena parte de todas las recomendaciones que se subrayan" en la auditoría "están ya en marcha o en proceso de implantación de las mismas". Y ha recordado que, además, el pasado miércoles el Gobierno ya aprobó el nuevo decreto de autorizaciones que define "un nuevo modelo residencial con centros más pequeños y que incorpora como obligatorio cumplir con las medidas preventivas ante la Covid-19 o situaciones similares".

En cuanto a las causas de la incidencia en los centros, Maeztu ha detallado que la auditoría señala que "la prevalencia en la zona, el tamaño del centro y las visitas previas al estado de alarma son los principales factores explicativos de la incidencia de la Covid en los centros residenciales socisanitarios".

La auditoría también destaca dos factores de protección, "la disposición de pruebas diagnósticas suficientes para el personal y los residentes, las desinfecciones generalizadas y la gestión de los recursos humanos". Mientras que han sido factores de riesgo "la compra de EPI a proveedores no confiables o artesanales, la ausencia de medidas de contención como la limitación de visitas, la no sectorización de los centros y la ratio de empleados en las residencias".

Por el contrario, hay otros factores que en el análisis realizado han tenido menos peso en la incidencia de mayor o menor tasa de contagios y fallecimientos en las residencias. Así, según el estudio, la titularidad no influye de manera importante en el impacto de la pandemia y tampoco parece potenciar ni proteger significativamente el número de residentes que comparten habitación.

Identificar las causas

Uno de los principales objetivos de la auditoría era identificar las circunstancias que pudieron afectar a la mayor o menor incidencia del COVID-19 en las residencias. Con ello se pretende conocer aquellos elementos clave que es necesario revisar y en su caso adaptar para proteger mejor a las residencias ante un potencial rebrote del virus, pandemias sanitarias o riesgos similares.

Según los resultados de la Auditoría, la prevalencia de la COVID-19 en la zona básica de salud donde se sitúa la residencia es sin duda la situación que mejor y más explica la incidencia de la pandemia en las residencias. Las residencias situadas en zonas con prevalencia superior al 3 por mil tienen 6 veces más probabilidad de ser altamente afectadas por la pandemia que aquellas situadas en zonas con menor prevalencia en su zona básica de salud.

Igualmente, el tamaño de las propias residencias ha sido un factor explicativo. Las residencias con más de 100 residentes, tiene 5 veces más probabilidad en ser altamente afectada por la COVID-19 que las residencias con menos de 100.

Un hecho relevante que ha puesto de manifiesto la auditoría, y del que no se tenía plena constancia, es que el volumen de personas que acudían al centro la semana anterior al estado de alarma es un factor de riesgo estadísticamente significativo. Así, la probabilidad de que una residencia tenga una alta incidencia de la pandemia es 3 veces superior cuando acuden al centro 50 personas o más que cuando este número es inferior.

El estudio destaca igualmente cómo determinados "factores de protección" han tenido relevancia en la capacidad de los centros residenciales para contener la epidemia. De ellos cabe destacar, la disposición de pruebas diagnósticas suficientes de COVID-19 para personal residente, las desinfecciones generalizadas, la gestión de recursos humanos. En general, las residencias que tomaron medidas precozmente mitigaron la pandemia.

En sentido contrario, la compra de EPI a proveedores no confiables y la fabricación de EPI artesanales, la ausencia de medidas de contención como la limitación de visitas o la sectorización, y la ratio inferior de empleados en las residencias incrementaron la afección.

Un 25% de residentes contagiados

La semana previa al estado de alarma, (del 2 al 8 de marzo), en los centros residían unas 6.000 personas aproximadamente, de las cuales se estima que unas 2.000 eran personas relativamente autónomas y unas 4.000 tenían necesidades de algún tipo de ayuda para las actividades de la vida diaria ser asistidos. De estas 6.000, unas 2.700 estaban en habitaciones individuales y unas 3.300 en habitaciones compartidas. Aproximadamente 5.325 personas se alojaban en residencias de personas mayores y 686 en las residencias de personas con discapacidad.

Durante los meses analizados, en las residencias fallecieron un total de 274 personas con COVID-19 y 163 con síntomas compatibles sin confirmación. De todas ellas, 8 fallecieron en residencias para personas con discapacidad.

A fecha 9 de junio los centros habían contabilizado un total de 1.474 personas residentes contagiadas, de las cuales 1.396 estaban en centros de mayores y 78 en centros de discapacidad.

Se estima una tasa de contagios del 25% de las personas residentes, una tasa de fallecimientos del 7% (sumando casos confirmados y con síntomas compatibles no confirmados) y una tasa de letalidad (porcentaje de fallecidos sobre contagiados) cercana al 30%.

La tasa de contagios ha sido mayor en el caso de los centros de mayores que en los de discapacidad: en los centros para personas mayores ha alcanzado el 28,1% y en los en centros para personas con discapacidad 11,4%.

En general, las residencias informaron al personal empleado y residente sobre las medidas implementadas todos o casi todos los días.

Los centros realizaron actividades de entretenimiento y gestión de las emociones de las personas residentes, así lo han declarado el 85% de ellas. Este dato es significativamente menor entre las residencias con fallecidos que baja al 75%. El 82% de las residencias organizaron videoconferencias de las personas residentes para comunicar con sus familias y allegados, un 75% en el caso de las residencias más afectadas.

Factores que han influido en el contagio

Tanto los contagiados como los fallecimientos, se han concentrado en un grupo de centros. Así, los 24 centros de personas mayores (de un total de 70), que tuvieron una tasa de contagio superior al 25% concentraron el 94,2% de contagios y el 93% de fallecimientos. Ha habido fallecidos en 32 de los 70 centros. Solo ha habido 9 contagios en las 38 residencias restantes. Si nos centramos exclusivamente en las residencias en las que hubo fallecidos (35 de las 84), el porcentaje de residentes contagiados asciende hasta el 44% y el porcentaje de fallecidos al 13,3%.

Las residencias que se encuentran en aquellas zonas de prevalencia demográfica COVID-19 alta tienen tasas de contagio también altas. La prevalencia de la zona básica de salud en la que se encuentra las residencias es determinante. Por regla general, a mayor prevalencia en la zona, mayor tasa de contagios en la residencia; la correlación es positiva y estadísticamente significativa.

Las residencias de mayor tamaño han sido las más afectadas. El porcentaje de residentes contagiados fue mucho menor en las residencias de hasta 35 residentes (12,8%), entre 36 y 50 (16,3%) y entre 51 y 100 (16%) en comparación con los centros con más de 100 residentes, en los que se alcanza el 34% de personas contagiadas. Los centros que tienen mayor número de espacios comunes interiores y exteriores (se entiende que son los más grandes) han sido más afectados por la pandemia.

En términos generales ha habido más casos en donde las ratios de personal son menores. La tasa de fallecimientos en las residencias con ratios superiores al 70% (70 profesionales por cada 100 usuarios) alcanza el 6,2% así como la tasa de contagios el 19,8%, mientras que para aquellas que tienen una ratio de empleo inferior al 70% estos indicadores son del 8% y del 27,9% respectivamente.

Factores que no han influido o de escasa relevancia

Hay algunos factores que, en el análisis realizado, al menos en el caso de las residencias en Navarra, parecen no tener o tener escasa relevancia. Destacamos tres de ellos:

Pese a que las residencias de titularidad privada han tenido mayor incidencia del COVID-19, la titularidad (pública o privada) no influye de manera importante en el impacto de la pandemia en las residencias (el resultado no es estadísticamente significativo). Concretamente, las residencias públicas en general han tenido un menor impacto del COVID-19, el 36% de ellas han tenido algún contagio, frente al 44% de las privadas con lucro y el 50% de las sin lucro.

Igualmente, las características de las personas residentes no parecen potenciar ni proteger significativamente de la pandemia a las residencias, ya se trate del número de residentes que comparten habitación, o del número de personas dependientes.

Paradójicamente, la disposición de la residencia de personal médico y/o de enfermería antes de la pandemia, no ha influido de manera importante en el impacto de la pandemia en las residencias, dado que estas variables no son estadísticamente significativas.

De hecho, las tasas de contagio y fallecimiento fueron más elevadas en centros con médicos o DUE antes de la pandemia (28,5% y 8,4%) frente a los que no lo tienen (17,4% y 5,2%), así como en los centros que tenían antes de la pandemia alguno de estos perfiles sanitarios en todos los turnos (31,7% y 9,3%) frente a los que no (17,1% y 5,2%). Se desconoce el elemento que podría interaccionar en esta relación, en principio contraintuitiva. Podría influir el tamaño de las residencias (a mayor tamaño mayor cobertura sanitaria), pero también podría influir la rotación de este personal que podrían estar prestando sus servicios en varias residencias durante la pandemia.

Recursos sanitarios y elementos de protección

Al menos en 9 de cada 10 residencias han contado durante los meses de marzo, abril y mayo con personal de enfermería, mascarillas, medicamentos, batas sanitarias, hidroalcohol, lejías y guantes sanitarios. Aproximadamente 8 de cada 10 residencias, dispuso de personal médico, gorros desechables, botellas de oxígeno, mascarillas lavables, celulosa y suero.

En cuanto a los recursos sanitarios, hay escasez en marzo, mejora a lo largo de abril y se estabiliza en mayo. En general, las residencias declararon que en marzo carecían de varios de los recursos sanitarios. A lo largo del mes en abril se constata una mejora de la disposición de los recursos sanitarios en el conjunto de las residencias. La proporción de residencias que declaran tener recursos suficientes es relativamente alta en la mayoría de estos recursos. Las residencias con mayores tasas de contagios y/o fallecimientos han utilizado y accedido en mayor proporción a todos los recursos sanitarios.

En general, la mayoría de las residencias obtuvieron EPI de organizaciones públicas y privadas confiables: 95% de las residencias compraron a empresas confiables y un 85,7% lo recibieron de la Policía (que repartía material proporcionado por el Departamento de Derechos Sociales y donaciones), seguido de la administración pública (77%) y donaciones de empresas (70%) y personas anónimas (68%).

A lo largo de los meses de marzo a mayo se realizaron 2.939 desinfecciones entre todas las residencias, lo que muestra el enorme esfuerzo que los centros han puesto en este tipo de tareas.

Difícil gestión de los recursos humanos

Las residencias tuvieron que hacer grandes esfuerzos en la gestión de recursos humanos durante la pandemia, recurriendo a diferentes estrategias que evitasen una situación insostenible debido a un volumen excesivo de bajas laborales, y la necesidad de reforzar los recursos para hacer frente a las necesidades en cada momento.

Las bajas por el COVID-19 entre el personal empleado han sido muy elevadas. Un 24,1% del conjunto de profesionales que trabajan en los centros residenciales requirieron una baja médica y 3 de cada 4 centros reconocen que han tenido bajas laborales entre su personal empleado.

El refuerzo de personal empleado durante los meses de marzo, abril y mayo ha sido una tónica para todas las residencias. Aproximadamente 3 de cada 4 residencias han aumentado el número habitual de personas, dato notablemente superior en las residencias que han tenido fallecidos (88,6%) y las que han contado con una alta tasa de contagios (96%).

Una proporción elevada de las residencias que contaron con bajas entre sus empleados afirma que han tenido graves dificultades para su reposición o directamente no se pudieron reponer. De cada 10 residencias con bajas, 6 lo afirman con el perfil médico, 5 con el de enfermería, y 2 con el cuidador. Ante la necesidad de reponer personal y la dificultad de encontrarlo se utilizaron distintas estrategias: el 60% de las residencias recurrieron a listados de personal; el porcentaje asciende en los centros con mayor impacto de la COVID-19, que alcanza aproximadamente 8 de cada 10.

Las derivaciones a recursos intermedios fueron utilizadas por 2 de cada 10 residencias, observando mayor uso en aquellas residencias que por sus mayores impactos de la COVID-19 así lo necesitaron.

Los centros hacen una valoración muy positiva de las entidades a las que se pidió ayuda en mayor medida: la ANADP (Derechos Sociales) con un 76,4%, centros de atención primaria de salud (70,5%) y servicios de prevención de riesgos laborales (62,5%). Es menos positiva en servicios de hospitalización a domicilios, centros hospitalarios y atención especializada.

Recomendaciones

La auditoría concluye con una serie de recomendaciones. De todas ellas cabe destacar las siguientes:

-Prestar atención prioritaria a aquellas residencias que se ubiquen en zonas geográficas en las que se incrementa la tasa de contagios o surgen brotes y actuar con rapidez aplicando medidas preventivas de aislamiento.

-Continuar aplicando medidas preventivas con objeto de evitar que se produzcan contagios, disponiendo de PCR suficientes y prestando especial atención a las desinfecciones.

-Garantizar que las residencias cuentan en todo momento con un stock de recursos de todo tipo, incluido sanitarios, para hacer frente a situaciones de emergencia como la ocurrida. Evitar que las residencias adquieran materiales sanitarios, como los EPI, en entornos no confiables o de fabricación propia.

-Garantizar que las residencias van a contar con los recursos y apoyos externos necesarios y especialmente con los apoyos sanitarios cuanto tengan que recurrir a estos.

-Contar con mecanismos adecuados que permitan a las residencias reponer sus bajas laborales de forma rápida, o reforzar el número habitual de empleados de distintos perfiles en caso de extensión del COVID-19 en la residencia.

-Establecer unas ratios de empleados totales, incluido personal médico y sanitario más altas especialmente en contextos de pandemia.

-Estableces mecanismos, protocolos y procedimientos junto con las residencias para hacer frente a situaciones de crisis.

-Formación y apoyo a directivos y profesionales sobre medidas preventivas a tomar en caso de una vuelta de la pandemia.

-Mejorar la información disponible, gestionarla de modo eficiente y monitorizar de modo permanente la situación con el apoyo de las tecnologías.

Nuevo modelo residencial

Por último, en el marco de estas recomendaciones se hace referencia a la necesidad de revisar el modelo de residencial. No solamente en el conjunto de España sino en toda Europa y también en otros muchos países, con motivo del COVID-19 se ha abierto un debate no sólo sobre la necesidad de impulsar políticas de desinstitucionalización, sino sobre el modelo de residencias que se necesita en el futuro. Residencias que tienen que dotar de seguridad de las personas, proteger su salud desde la perspectiva biopsicosocial y sobre todo convertirse en espacios interconectados con el entorno, en donde las personas que residen puedan sentir que es su hogar y seguir desarrollando su proyecto de vida. Este modelo ha de ser definido entre todos, consultando especialmente a las personas mayores y con discapacidad y desde la perspectiva de un adecuado equilibrio entre coste y resultados.

La consejera de Derechos Sociales Carmen Maeztu, ha destacado que esta auditoría es la primera realizada de manera oficial en toda España. "Era una obligación en primer lugar ética, ante el duro impacto de la pandemia en el sector residencial, y también una obligación política de evaluar la gestión realizada para poder mejorar en el futuro inmediato. Por ello, -ha continuado- quiero agradecer el trabajo al Observatorio y a la entidad responsable, por la calidad del mismo, así como a todos los agentes del sector que han participado en la aportación de datos."

Según ha señalado, "sin duda, las conclusiones y recomendaciones responden a los objetivos marcados. Hoy sabemos mejor qué ha pasado y qué debemos mejorar para evitar al máximo que vuelva a ocurrir." En ese sentido, se ha mostrado satisfecha de que todas las recomendaciones que se subrayan o están en marcha ya o están en proceso de aplicarse. "Como detallamos la pasada semana, el plan general y los planes de contingencia de cada residencia incluyen todos los aspectos preventivos que reseña la auditoría. Además, el pasado miércoles aprobamos inicialmente el nuevo decreto de autorizaciones que define un nuevo modelo residencial con centros más pequeños, una atención centrada en la persona y que incorpora como obligatorio cumplir con las medidas preventivas ante el COVID-19 o situaciones similares", ha explicado.

Finalmente, la consejera Maeztu ha señalado que "espera que en los próximos meses otras CCAA den pasos similares de tal manera que podamos sacar más enseñanzas para el futuro".