- Mari Paz Benito, ahora mismo titular del juzgado que se encuentra de guardia esta semana (la termina el martes próximo), concede esta entrevista entre varias citaciones para tomar declaraciones de asuntos que está instruyendo y en los que quiere ir avanzando durante esta semana. De momento, en los últimos días, ha celebrado cinco juicios rápidos: uno por una conducción sin permiso con la agravante de reincidencia, dos por conducir con ingesta de alcohol y una vista por un tema de abusos sexuales.

¿En qué ha cambiado su guardia antes y después de la pandemia?

-Es obvio que se nota una bajada de algunos asuntos. Es la consecuencia más directa que tenemos del toque de queda y del cierre del ocio nocturno, en el que se dan consumos de alcohol y drogas que luego influyen en la comisión de delitos. Me refiero a un evidente descenso en el número de peleas, delitos de lesiones y atentados vinculados a ese tipo de ocio. También hay un descenso claro en temas de seguridad vial por conductores ebrios, muchos de los cuales cometían la infracción en horario de madrugada. Por contra creo que estamos viendo más discusiones en el ámbito doméstico y familiar. Pero no se está sustituyendo un tipo de delito por otro. Lo que ha cambiado es nuestra manera de trabajar, porque ahora la mayoría de detenidos los hacemos por videoconferencia porque la situación sanitaria sigue siendo crítica. La pandemia ha dejado al aire las vergüenzas de la Administración de Justicia y la falta de recursos, si bien no en el caso de Navarra, pero en otros lugares es manifiesto.

¿Esos delitos machistas se han visto agravados con más violencia?

-Una vez que se abre la veda de denunciar, todos esos casos de familia son graves, porque hablamos de personas que conviven, que tienen hijos y bienes en común. Ese vínculo hace que todo sea más complicado. Durante el confinamiento, tuvimos un gran trastorno con algunas de estas causas porque al dictar una orden de alejamiento, había que tener previstos recursos por parte de la Administración para que agresor y víctima ni tuvieran que volver a compartir hogar, ni se quedaran en la calle porque estaba prohibido.

En el primer estado de alarma, en marzo, y durante el confinamiento domiciliario, se observó un descenso brusco de hurtos y robos.

-Ahora no serían tan tajante en los números de ese tipo de delitos. También es verdad que las policías nos remiten a los juzgados aquellas causas con autor conocido y en los delitos contra el patrimonio muchas veces se identifica al autor con posterioridad y no nos llegan de inmediato esas detenciones. Se aprecia una bajada más clara en las lesiones, porque ahí el arrestado llega directo al juzgado de la comisaría. Pero la bajada del papel fue más clara durante la primera ola, ahora se va normalizando y los números son más similares.

¿Condiciona la situación la hora de instruir causas judiciales?

-Tenemos muchos delitos de estafa por internet, que aparecen muchas veces vinculados con personas que actúan desde el extranjero, que han interpuesto sociedades pantalla que dificultan la investigación o que han colocado a intermediarios que incluso desconocen que sus cuentas bancarias se están usando para fines ilícitos. Ese tipo de procedimientos son muy complejos y complicados de investigar y ahora se dan más. Es lógico porque también están aumentando las transacciones económicas on line de forma diaria y el crecimiento del fraude informático va asociado a esa mayor actividad.

¿Y hay delitos por infringir la normativa anticovid?

-Muy pocos. Son anecdóticos los casos de desobediencia o resistencia, porque para suponer una infracción penal, deben ser graves, reiteradas y abiertamente contrarias a la autoridad. Lo normal es que se trate de una infracción administrativa. Solo he tenido dos casos que recuerde vinculados a conductas así. Una condena en pleno confinamiento en marzo por negarse a ir a su domicilio y otro más reciente, en octubre, condenado de conformidad por negarse a ponerse la mascarilla de forma continua.

"Delitos vinculados a las normas covid son muy residuales, la mayoría son infracciones administrativas sin repercusión penal”