- El exdirector gerente del hospital de Santa Marina, José Luis Sabas, quien tuvo que dimitir de su cargo por vacunarse de forma irregular, no fue el único que accedió a la inoculación sin que le correspondiera. Además de otros directivos, al menos 16 personas no adscritas al centro sanitario recibieron la primera dosis antes de lo que marca el protocolo para su administración. Según detalló ayer la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, cuatro liberados sindicales, cuatro religiosos, cuatro trabajadores de la cafetería, dos trabajadores de la máquina de vending y dos trabajadores del servicio de mensajería tuvieron acceso a la primera dosis de Pfizer-BioNtech con el beneplácito de Sabas.
Durante una comisión parlamentaria, la consejera detalló los pormenores que la semana pasada se saldaron con la dimisión de José Luis Sabas como director del hospital de Santa Marina y con el cese de Eduardo Maiz como director del hospital de Basurto. En ambos casos por saltarse la normativa establecida que detalla los grupos prioritarios para recibir la vacuna. Sagardui admitió que “la vacunación masiva” realizada en el hospital de Santa Marina fue el resultado de “un error y una descoordinación”.
En el relato cronológico de los hechos, la consejera admitió que en los días previos al inicio de la vacunación de personal sanitario, distintos responsables de Santa Marina propusieron que el centro fuera objeto de una vacunación masiva. De hecho, tras dimitir, Sabas argumentó que Osakidetza estaba al tanto de su intención de vacunar a la totalidad de la plantilla. No obstante, no fue hasta el 19 de enero, cuando se percataron de que se había producido un error tras conocer que se habían vacunado a 505 personas, una cifra que no cuadraba. Preguntado por si incluyó a “todos los profesionales”, Sabas respondió que sí, por lo que desde Salud le solicitaron que asumiera sus responsabilidades. “No podíamos dejar pasar por alto que hay personas vulnerables o expuestas que necesitan la vacuna con muchísima mayor prioridad”, expuso Sagardui.
La consejera detalló que cuando accedieron a que se hiciera una vacunación masiva “no se sabía que se habían solicitado vacunas para todo el personal”. De hecho, los responsables del Departamento de Salud, incluida ella misma, interpretaron que se hablaba de “la totalidad de las personas que atienden directamente a personas ingresadas”. Lo “relevante”, consideró la consejera, “es lo que se hizo con parte de las vacunas”. De esa forma, detalló que varias dosis se administraron al resto del personal directivo y 16 a personas que no corresponde, “algunos incluso no son ni siquiera del centro”. Concretamente, a cuatro representantes de sindicatos “que se encontraban ahí, en una reunión”; a cuatro personas externas pertenecientes a servicios religiosos; a cuatro personas externas pertenecientes a la empresa que explota la cafetería; a dos personas de la empresa de vending; y a dos personas externas de una empresa de mensajería.
“Este mal uso de parte de las dosis recibidas, unida a lo poco ejemplar que resulta que los altos cargos utilicen vacunas destinadas a personas vulnerables o expuestas, es lo que ha tenido como resultado la exigencia de responsabilidades al gerente”, aseguró la consejera. Asimismo, subrayó que en cuanto tuvieron conocimiento de un incumplimiento “actuaron con celeridad, solicitando a las personas en cuestión que asumieran su responsabilidad”.
En el caso del hospital de Basurto, anunció que se ha abierto un expediente informativo porque su director Eduardo Maiz, que fue cesado la semana pasada, y otros tres jefes del centro hospitalario se vacunaron sin que constara en los registros.
En la cronología de los hechos, la consejera relató que el 31 de diciembre llegaron hasta el hospital de Basurto dos viales (10 dosis) sobrantes de residencias de personas mayores ubicadas en el entorno de la OSI Bilbao-Basurto. Al día siguiente, se informó al director gerente de la llegada y se solicitó el permiso para buscar a pacientes ingresados que puedan recibirlas. Solo encontraron a nueves personas que cumplieran los requisitos y dos días después se vacunó a seis de ellas. Las personas ocupadas de la gestión de la vacunación plantearon administrarlas a personal sanitario, pero “no habiendo un criterio de prioridad fijado dentro de cada colectivo de sanitarios” pensaron que “podría generarse malestar entre diferentes profesionales”.
Así fue como se decidió ofrecer la vacuna a varios responsables del servicios “que más contacto tienen con personas infectadas en su trabajo”. Accedieron el jefe de servicio de Medicina Interna, la microbióloga responsable en funciones del control de infección, la jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas y, además, el director gerente. Tras una denuncia del sindicato ELA, el Departamento de Salud indagó y descubrió la administración de estas vacunas que no habían sido registradas. Como consecuencia, se solicitó la dimisión del director gerente, Eduardo Maiz, y, al no acceder, fue destituido.
