- El contrato que hace siete años firmaron el Comité Olímpico Internacional y Tokio para conceder la organización de los Juegos de 2020 prevé todo tipo de situaciones que justificarían su cancelación, desde una guerra hasta un embargo, pero no una pandemia como la actual.

Tampoco la Carta Olímpica establece cómo debe actuar el COI en caso de que una enfermedad ponga en peligro los Juegos. El contrato, además, en ningún momento abre la posibilidad de un aplazamiento.

El artículo dedicado al "Vencimiento del contrato", señala que el COI estará "autorizado a poner fin al contrato y retirar los Juegos a la ciudad" si el país sede "está en algún momento, antes de la ceremonia inaugural o durante los Juegos, en estado de guerra, desorden civil, boicot, embargo decretado por la comunidad internacional o una situación reconocida oficialmente como beligerante o si el COI tiene razones para creer que la seguridad de los participantes está gravemente amenazada o comprometida".

Este último criterio sería el que justificaría un cambio en los planes por culpa del coronavirus, si el COI considera que el COVID-19 supone un riesgo para los participantes.

Según el contrato, en caso de que el COI estime que concurre alguna de esas graves circunstancias citadas, debe advertir al comité organizador para que encuentre una solución en un plazo de 60 días o, si quedan menos de 120 días para la inauguración, en la mitad de los días que falten. Hoy faltan 126 días para la inauguración del 24 de julio.

Si en el periodo estipulado no se resuelve el problema de manera satisfactoria, el COI estará autorizado a romper el contrato "sin perjuicio de su derecho a reclamar daños".

Tanto el COI como Tokio 2020 reiteran a diario su compromiso a inaugurar lo Juegos el 24 de julio, pero ya hay deportistas que piden su aplazamiento ante la imposibilidad de entrenar o competir en condiciones.