Lesmes no hace autocrítica y arrecia la petición de jueces para que dimita

Dos de las tres asociaciones de jueces piden que tanto el presidente del Supremo como Díez-Picazo dejen el cargo
Lesmes culpa a la ley hipotecaria y emplaza a los políticos a arreglar el desaguisado judicial

07.02.2020 | 17:05
Lesmes no hace autocrítica y arrecia la petición de jueces para que dimita

pamplona - Jueces del Tribunal Su-premo recibieron con preocupación el segundo cambio de jurisprudencia en relación al impuesto de las hipotecas, y existe el temor en el alto tribunal de que todo lo que ha rodeado al pleno sea ahora utilizado para deslegitimar la institución. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sin embargo, no asumió ninguna responsabilidad en el caos generado y culpó a la ley hipotecaria, que instó a cambiar por adolecer de "falta de claridad". El Gobierno tiene ahora una "magnífica oportunidad" para clarificar quién es el sujeto pasivo en un contrato hipotecario, emplazó ayer.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal decidió el martes por 15 votos contra 13 que sean los clientes quienes asuman el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), corrigiendo así una sentencia de mediados de octubre que estableció que la tasa debía recaer en los bancos. Lesmes defendió que la decisión adoptada por el Pleno se hizo "con libertad e independencia de criterio", y que los 28 magistrados que podían formar parte del Pleno resolvieron por mayoría una cuestión "controvertida".

Lo que ha ocurrido en el Supremo, explicó, es consecuencia de la falta de claridad de la ley, por lo que "ahora mismo el Congreso, el legislador, tiene una magnífica oportunidad" para clarificar quién debe ser el sujeto pasivo en un contrato hipotecario. La forma de resolver este tipo de cuestiones de gran trascendencia y que levantan tanta controversia, argumentó, es con plenos jurisdiccionales como el que se celebró, ya que "estas son las reglas del juego" en el Estado de derecho; los jueces las resuelven con "libertad e independencia, y si hay discrepancias se resuelven votando", como ocurrió.

Lesmes sostuvo que aceptan que las decisiones de los jueces son de poder público y están sujetas al escrutinio de la opinión pública y a la crítica, pero añadió que en el presente caso lo que ha ocurrido es que ha habido durante 35 años una falta de claridad en la ley a la hora de delimitar quién es el sujeto pasivo de un contrato hipotecario. A su juicio, en este tiempo, los jueces, también los del Supremo, han venido interpretando una ley que no era clara. Lesmes no hizo referencia a la desautorización que la decisión suponía sobre los jueces, expertos fiscales, que dictaron la sentencia que liberaba a los clientes del tributo ni sobre el cambio de voto del presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, que inclinó la balanza a favor de la banca.

Las progresistas asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que exigieron la dimisión del presidente del Supremo y de Díez-Picazo, reprocharon tanto a Lesmes como a los magistrados de la Sala la forma de gestionar la resolución de los recursos dado que ha permitido arrojar se "dudas razonables" sobre la independencia del alto tribunal. Sobre la decisión de la Sala de atribuir al prestatario el pago del tributo, las asociaciones llamaron la atención sobre la "alarma social provocada", primero, por la avocación a pleno del presidente de la Sala tercera, y después, "por el insólito desenvolvimiento del Pleno de la Sala el 6 de noviembre y posterior fallo, es una alarma compartida y entendida por la mayoría de los miembros de la Carrera Judicial".

"Es insólito que se dicte una sentencia, que 20 días después se dicte otra por el pleno en sentido opuesto, y que se lleve una cuestión al pleno, que ha sido valorada por una sección que está especializada en temas tributarios", censuró Daniel Calderón López, del secretariado de la (JpD). Para estas asociaciones, el Pleno debió avocarse desde el inicio, "no una vez resuelta la cuestión, al no ser del agrado de su presidente, para tratar de enmendar una decisión jurisdiccional firme", señaló en un comunicado.

Critican asimismo el sistema de elección de magistrados de este órgano y el modo en el que son designados los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estas dos asociaciones, que ya anunciaron en su momento que no acudiría a la reunión que se celebró ayer en el Ministerio de Justicia después de que los colectivos de jueces y fiscales anunciaran una huelga para el día 19, inciden en que la elección por el CGPJ de los presidentes de las Salas del TS y demás órganos colegiados, "está viciada de base".

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) salió al rescate del Supremo y criticó que los políticos "responsabilicen" al Poder Judicial de problemas que pueden ser resueltos desde el Poder Legislativo. La APM reconoce la "lamentable gestión" de este asunto. "Es comprensible que haya causado desconcierto en la opinión pública y un profundo malestar en quienes se ven afectados", destaca la asociación y subrayan que "lo fácil" es "sumarse a quienes promueven el desprestigio de la Justicia", sin embargo, niega que decisiones como ésta "obedezcan a presiones o injerencias espurias, a la más remota suerte de servilismo hacia grupos económicos". - D.N.

Lo último Lo más leído