- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (INSST) ha lanzado una campaña contra el fraude en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), en la que incide en la protección y el uso responsable de los recursos públicos, informó ayer el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La campaña, que ya está en activo, comprende el envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los ERTE, y la intensificación de visitas para detectar incumplimientos o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).
La Inspección de Trabajo atenderá, en este sentido, las denuncias presentadas en las oficinas provinciales correspondientes de las que se deduzca fraude en prestaciones por desempleo u otro tipo de fraude vinculado a los ERTE del coronavirus, como por ejemplo la realización de horas extraordinarias con personal reincorporado manteniendo a trabajadoras en el ERTE.
La Inspección cuenta con un buzón online, accesible en el sitio web de la Inspección de Trabajo y en la web del propio Ministerio que, por medios telemáticos, permite, salvaguardando la identidad de la persona denunciante, comunicar irregularidades relacionadas con los ERTE.
Paralelamente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social informó ayer de que ha activado en sus redes sociales una campaña de divulgación que, con el hashtag#ProtegerLoPúblico, incide en el uso responsable de los recursos públicos destinados a los ERTE.
En este sentido, el director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca, subrayó que “el esfuerzo inversor que han supuesto los ERTE para proteger el tejido productivo y preservar el empleo, debe ir acompañado de un esfuerzo colectivo para prevenir situaciones de fraude, irregularidades y abusos”.
“Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tratamos de impedir que el fraude de unos pocos comprometa el esfuerzo de tantos”, enfatizó el director del organismo.
Las condiciones de los ERTE con el fin del estado de alarma han generado gran polémica y el acuerdo entre el Gobierno, sindicatos y patronal no ha mitigado el debate político respecto a ellos.
Ayer, el líder del PP, Pablo Casado, exigió al Ejecutivo de Sánchez extender hasta fin de año los ERTE para evitar 300.000 despidos como calculan en el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.
“El Gobierno deja atrás a 200.000 trabajadores en ERTE que llevan 4 meses sin cobrar su prestación. Se deben extender hasta fin de año para evitar 300.000 despidos y bajar impuestos para prevenir la quiebra de miles de empresas”, aseguró Casado en Twitter.
El presidente del Partido Popular se hizo eco de las previsiones de los Gestores Administrativos, que prevén que 52.000 empresas transformarán los ERTE por fuerza mayor en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) antes de finalizar el año si no se adoptan nuevas medidas, lo que supondrá la pérdida de otros 300.000 puestos de trabajo.
“Es necesario tomar medidas urgentes que permitan a las empresas retrasar previsibles cierres y mantener los ERTE en tanto no mejora la situación económica y van recuperando sus niveles de ingresos”, afirmó el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago.
